Los promotores de Las Tabaibas, sin indemnización
Finalmente el Tribunal Supremo (TS) ha dicho su última palabra y opta por dar el carpetazo final al polémico plan parcial Las Tabaibas en Granadilla de Abona que saltó a la actualidad en el año 2007. Este documento pretendía la recalificación en San Isidro de 526.250 metros cuadrados para construir 3.685 viviendas en edificios de hasta doce plantas, lo que implicaba el doble de la población que existe en el barrio. El exalcalde, Jaime González Cejas, intentó aprobarlo en el último momento cuando ocupaba este puesto en funciones pero finalmente el tripartito que lo sustituyó lo dejó sin efecto.
Los promotores recurrieron la resolución de la alcaldesa, Carmen Nieve Gaspar Rivero, y fueron a los tribunales alegando que el plan parcial había sido aprobado por silencio administrativo, al igual que ocurrió con El Varadero en Candelaria o Santa Lucía en La Palma, lo que ahora se rechaza de forma definitiva. Además solicitaban una indemnización de 836.000 euros que tampoco ha sido aceptada por el Supremo. La empresa Mra-Procam SL pidió sin suerte que quedara anulado el decreto de la alcaldesa que a finales de 2009 dio por definitivamente archivado el plan parcial. Igualmente pedían que se entendiera que el planeamiento había sido aprobado de forma definitiva por silencio administrativo y que se le resarciera por los perjuicios ocasionados.
Los tribunales indican que los promotores no se pueden acoger a esta vía de aprobación en cuanto durante el procedimiento el Consejo Insular de Aguas y el Cabildo plantearon una serie de cuestiones a las que no se les dio respuesta y se requirió la elaboración de una memoria ambiental. Pero además el TSJC y el TS consideran que en realidad nunca existió tal archivo del planeamiento sino que éste siguió tramitándose mientras se requerían informes sectoriales hasta que fue finalmente anulado por Decreto. El Supremo recoge en su reciente sentencia gran parte de la jurisprudencia que existe en la que se rechaza que este tipo de planes puedan aprobarse a través del silencio administrativo positivo.
La formación política Sí Se Puede, que gobernaba en aquel entonces el municipio junto con Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), acusaron al anterior alcalde de estar “muy interesado en esta recalificación” hasta el punto de haber intentado su aprobación en el último momento antes de dejar la alcaldía “de una manera flagrantemente ilegal”. El tamaño del Plan Parcial es el equivalente a la ciudad del Vaticano y estaba repleto, a juicio de Sí Se Puede, de gran número de “ilegalidades e inmoralidades” y por ello se opusieron a su aprobación final. La recalificación de rústicos a urbanizables de estos terrenos supuso que el metro cuadrado pasara de costar 7 euros a 75. Los promotores compraron el solar por unos 48 millones de euros (12 millones más que el presupuesto del Ayuntamiento), y preveían un negocio que llegaría a los 766 millones.
