Casi un centenar de representantes sindicales de Canarias piden un Plan Prepara que no discrimine a los jóvenes

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 24 (EUROPA PRESS)

Casi un centenar de representantes sindicales, según fuentes de la Policía Nacional, se han concentrado este viernes frente a las puertas de la Delegación del Gobierno en Canarias donde han reivindicado, a la misma hora que comenzaba el Consejo de Ministros en Madrid, que la prórroga del Plan Prepara no discrimine a los jóvenes, al considerar que será el colectivo más afectado en las modificaciones que se recojan en dicho documento.

Así, los sindicatos han mostrado su satisfacción por la prórroga del citado Plan pero han expresado su disconformidad con que la modificación del mismo se vaya a aprobar este viernes en Consejo de Ministros sin previa negociación con los agentes económicos y sociales.

En este sentido, el secretario de UGT en Gran Canaria, David Mosquera, indicaba en declaraciones a los medios, que las organizaciones sindicales no han recibido “ningún dato” al respecto.

“Se nos dice que se va a aumentar --el Plan Prepara-- en 50 euros a las personas que tengan cargas familiares pero, por otro, parece ser que se quiere quitar este dinero a las personas jóvenes simplemente por ser jóvenes y vivir bajo el hogar familiar, nos parece una discriminación absoluta”, apuntó.

Añadió que dicho Plan debería de aumentar de 450 a 532 euros, ya que es “lo que se fija para obtener una ayuda de eco menor, una desgravación del impuesto de la renta”, entre otros. En este sentido, indicó que “los 532 euros que se recogen en el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) es el límite que debería recoger el Plan Prepara”.

Mosquera apuntó que debería pasar de ser un subsidio a una prestación a fondo perdido para aquellas que “no tengan ningún medio para poder subsistir”.

También se refirió a los jóvenes, y cómo se pueden ver afectados, recordando que especialmente en Canarias la tasa de paro de la juventud alcanza casi el 60 por ciento, por ello consideró que “se les esté castigando y de alguna manera diciendo que son unos privilegiados por el hecho de estar cobrando 400 euros”.

“Invito a cualquier persona del Gobierno del PP a que intente vivir dignamente con 400 euros. Nos parece absolutamente injusto pero el Gobierno del PP está sumido en una política inútil y lo único que hace es empeorar los derechos sociales”, apostilló.

Por su parte, el representante de CCOO en Gran Canaria Eduardo Salas también señaló que las medidas que se van a aprobar en Consejo de Ministros son con “alevosía” y “criminaliza a los colectivos que va dirigidos”.

Y es que aunque consideró “positiva” la prórroga del Plan Prepara, apuntó que también dejará fuera a “muchas” personas de estas ayudas. Añadió que quieren conocer más contenido porque el Gobierno central ha anunciado que se reunirá con los agentes económicos y sociales pero una vez se apruebe la modificación del Plan.

Salas también agregó que serán los jóvenes los más perjudicados por las modificaciones del citado Plan, afectando a aquellos que habiendo emancipándose han tenido que volver a casa de sus padres por cuestiones económicas.

El representantes de Central Sindicato Independiente de Funcionarios (CSI-F) en Canarias, Esteban Vega, hizo un llamamiento a los ciudadanos para que se sumen a las convocatorias que se harán a partir de septiembre porque consideró que el Gobierno “no está aplicando las medias justas”.

Vega indicó que habría que controlar por “dónde se escapan el dinero público a raudales”, ya que es donde los partidos políticos “aparcan a todos sus enchufados”. Además, señaló que “en ningún momento se pensó que se podría retroceder tanto en derechos y libertados”.

Añadió que los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) “ya están puesto encima de la mesa de muchas” empresas, siendo más de “700.000 empleados públicos los que están puestos al pie del caballo”.

REFERÉNDUM

Respecto a las acciones que continuarán llevando a cabo, Mosquera se refirió a la 'Marcha de Madrid' donde 150 organizaciones sindicales solicitarán al Gobierno de Mariano Rajoy que promueva un referéndum como, recordó, “ya hizo el PSOE en 1986”.

Para el secretario de UGT en Gran Canaria el actual Ejecutivo central “se está cargando, de alguna manera, la Constitución Española y la base social que sustenta lo que fue en su momento los acuerdos de La Moncloa que tenían como primer artículo el que España tiene un Estado Social, de Democracia y de Derecho, la palabra social está antes que democracia y de derecho y por algo será”.

De todos modos, agregó que si finalmente el Gobierno no acepta convocar un referéndum, serán los sindicatos los que promuevan uno, y aunque no será vinculante, si el resultado final “es positivo y la mayoría de las personas vota en contra de los recortes, se propondrá una huelga general”.

Esta huelga general, apuntó, sería para antes de final de año si la Ley de Presupuestos Generales de 2013 “sigue la senda de intentar a pies juntillas lo que dice la Troika”, en relación al Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, o “sin hablar con los agentes sociales y sin hacer caso a la oposición”.

Por otra parte, el representante sindical de CCOO en Gran Canaria, en relación a las desavenencias con las organizaciones sindicales nacionalistas y su desvinculación en estas concentraciones, señaló que es “lícito” pero recordó que este tipo de acciones se acordaron entre 150 colectivos a fin de que tengan un resultado final, que posiblemente sea una huelga general de ámbito nacional que tendrá “más peso que una de ámbito regional”.

De todos modos, Salas aseguró que continúan manteniendo contacto con estas organizaciones sindicales y espera volver a converger.

LA POLICÍA NACIONAL SE SUMA A LAS PROTESTAS

Por su parte, el secretario de la Unión Federal de Policía (UFP) en la provincia de Las Palmas, Alberto Morales, señaló que también han querido unirse a esta concentración para reivindicar sus derechos porque el Cuerpo Nacional de Policía también se ve afectado.

Morales ha explicado que lo que ellos solicitan “es la equiparación con el resto de policías autonómicas” porque, aseguró, que se trata de un colectivo que lleva “mucho tiempo sufriendo esos recortes”, a los que dijo se suman los del funcionariado en general.

Junto a la UFP también se han concentrado la Confederación Española de Policía (CEP).

Los sindicatos continuarán concentrándose el último mes de agosto contra la política de recortes del Gobierno central, aunque será por la tarde a fin de que aglutine a un mayor número de personas. Se prevé que el 15 de septiembre se convoque una manifestación.