Los retrasos en Justicia desencadenaron 161 quejas en 2007
El Diputado del Común, Manuel Alcaide, alertó este martes de que el “abandono y deterioro” de la justicia en Canarias y en España “pone en riesgo la existencia de la democracia”. Alcaide, que presentó en Comisión parlamentaria el informe del Diputado del Común de 2007, destacó que el pasado año la segunda área que más quejas recibió fue la de justicia con un total de 161 y éstas se debieron a los retrasos generalizados en la tramitación de los asuntos de los distintos órganos judiciales.
Calificó de “incomprensible” el “abandono” de esta materia pues “pone en riesgo la existencia de una democracia” ya que, recordó, “una democracia sin la distinción de los tres poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- es coja y peligrosa”.
Manuel Alcaide, que apuntó que la justicia debe ser “inmediata rápida, eficaz e imparcial”, dejó claro que el Diputado del Común interviene en la materia de Justicia porque se ha realizado un convenio con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “que nos permite dirigirnos a los órganos judiciales para preguntarles por las quejas”.
“Nosotros no podemos supervisar la actividad, pero sí dar cuenta al CGPJ para que se tomen las medidas necesarias”, dijo Alcaide, quien detalló las numerosas quejas que ha recibido por los retrasos en las certificaciones en el Registro Civil; en los informes de familia de los juzgados de familia, que están saturados; o las quejas que le llegan de los reclusos canarios que cumplen condena, pero que no tienen cabida en los centros penitenciarios.
Actividades clasificadas
El área de justicia sólo es superada en la cifra de quejas por el de actividades clasificadas y espectáculos públicos, que son aquellas que se deben a las molestias por actividades clasificadas que son insalubres, nocivas o peligrosas para los ciudadanos.
Un total de 169 quejas recibió el Diputado del Común en 2007. La mayoría de ellas se debieron a actividades que se realizaron sin licencia municipal y otras que, aunque la tenían, no cumplían con los requisitos para evitar perjuicios a los ciudadanos. Entre esas quejas se encuentran las relacionadas con la telefonía móvil y el ruido.
En ese sentido, Alcaide recordó que ayer lunes se dio entrada en la Cámara regional a una propuesta popular para que se “reglamente” la telefonía móvil. “Lo deseable e interesante es que el Parlamento canario estableciera con rigor legislativo cuáles son las fórmulas de estas antenas, la frecuencia con la que pueden emitir y llevar a cabo un estudio sobre los perjuicios que en la salud de los ciudadanos pueden causar”, agregó.
También el Diputado del Común recibió quejas relacionadas con las molestias del ruido ya que parece que “las administraciones públicas no afrontan de manera decidida” este tema. Criticó que no existan aparatos medidores de los decibelios, y que los policías no estén formados en esta materia para controlar los ruidos de las motos y de otros vehículos.
