La revisión del PGO de SCTF está caducada
La revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz de Tenerife esta caducada. Esa es una de las principales conclusiones del dictamen jurídico que la Plataforma vecinal No a este PGO ha encargado al catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense, Tomás Ramón Fernández, considerado uno de los mayores especialistas en Derecho Urbano que hay en España.
El abogado de la Plataforma, Felipe Campos, anunció este martes en rueda de prensa que el dictamen se hará llegar en los próximos días al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, tanto al alcalde como al concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, y al secretario municipal, Luis Prieto. Campos sostuvo que “aprobar el Plan de Zerolo, aún sabiendo que está caducado, sería una prevaricación con consecuencias penales”.
De acuerdo con el dictamen del catedrático, “el procedimiento de elaboración de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz de Tenerife ha incurrido en caducidad por haberse rebasado holgadamente el plazo máximo de dos años que establece el artículo 2 del Reglamento aprobado por el decreto 55/2006, de 9 de mayo, para la fase municipal del mismo, plazo que en este caso debe computarse a partir de la entrada en vigor del decreto, esto es, el 20 de junio de 2006”.
Tomás Ramón Fernández afirma que “la caducidad es automática y se produce por el mero transcurso del tiempo, lo que obliga a la Administración a acordar el archivo del expediente”. Si el plazo máximo son dos años, en este caso se han rebasado los 40 meses.
La COTMAC debió declarar la caducidad en 2010
Añade que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) “debió declarar la caducidad del procedimiento y devolver al Ayuntamiento la documentación aprobada provisionalmente por segunda vez el 4 de enero de 2010 y que fue remitida por la Corporación el 5 de febrero siguiente, porque en esa fecha se había rebasado ya el plazo máximo de dos años para la fase municipal”. Y lo mismo cuando se remitió por tercera vez a la Comisión en mayo de 2011.
La caducidad no es el único elemento que impide la aprobación de la reforma del PGO, ya que otra irregularidad es que el Plan no incluye la evaluación ambiental estratégica y “esta ausencia invalida el Plan General de Ordenación”.
Más precisamente, la discordancia entre el contenido ambiental del documento de revisión del Plan General de Ordenación y el texto del Plan aprobado provisionalmente obliga a su acomodación“. Si esto no es así, dice el catedrático, ”el texto que se apruebe definitivamente es susceptible de ser declarado inválido“.
Tomás Ramón Fernández afirma igualmente que la COTMAC no tiene competencias para dejar en suspenso los ámbitos afectados por la situación de fuera de ordenación, principal queja de cerca de cien mil vecinos cuyas viviendas quedarían en ese limbo legal y con una importante merma patrimonial.
Sin participación ciudadana
Otra irregularidad que destaca el catedrático en su dictamen es que el informe emitido por el secretario general del Pleno en marzo de 2011 “no satisface los requisitos legales por haber omitido deliberadamente la valoración del resultado de la participación ciudadana”.
Felipe Campos recalcó que “no queda más remedio que anular la revisión del PGO por caduca. Es increíble que se haya tenido que encargar un dictamen a un jurista de prestigio para que se simplemente se cumpla la ley. Ha supuesto un desgaste humano importante para todos los integrantes de la Plataforma No a este PGO”.
Campos dijo que “no concibo al PSOE, ni al concejal José Ángel Martín aprobando el Plan de Zerolo. Ni siquiera creo que el actual alcalde, José Manuel Bermúdez, quiera aprobar esta revisión del Plan, pero me constan las tremendas presiones que esta recibiendo por parte de los cuatro empresarios que mandan en la ciudad”.
