SCTF decidirá en dos meses sobre la gestión del agua

El Juzgado de lo contencioso Administrativo número 1 de Santa Cruz acaba de emitir un auto por medio del cual ordena al Ayuntamiento de Santa Cruz que convoque en el plazo de dos meses un pleno en el que se vuelva a debatir la privatización del servicio de aguas. El juzgado da la razón al abogado, Ángel Isidro Guimerá, exconcejal de Ciudadanos de Santa Cruz quien desde hace años ha luchado en los tribunales para anular la concesión otorgada a finales de 2005 a la empresa Sacyr-Vallehermoso que desde entonces lleva las riendas de Emmasa.

En el auto, que no obstante es recurrible ante la Sala primera del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), se da por anulada la sesión plenaria celebrada en el mes de julio del año 2005 en la que se acordó el cambio en el modelo de gestión del servicio de aguas que hasta entonces era totalmente pública. A partir de aquí, el Ayuntamiento se quedó con apenas un 3% de las acciones y el resto pasó a manos privadas.

El Juzgado reitera los argumentos ya ratificados por el TSJC y el Tribunal Supremo (TS) alegando que se incumplió la legislación vigente al no haber sido expuesta al público la memoria justificativa de este cambio de gestión. Por ello, además de dar este paso que ya se llevó a cabo en el año 2011, ahora obliga a celebrar una nueva sesión plenaria, al considerar nula la anterior. El Juzgado condena al Ayuntamiento a pagar las costas de este proceso judicial, una vez más.

El concejal de Ciudadanos, Guillermo Guigou, mostró en rueda de prensa su satisfacción por el hecho de que de nuevo los tribunales les haya dado la razón, después de una larga lucha emprendida desde hace años y de las advertencias que una y otra vez lanzaron sobre las irregularidades que se estaban cometiendo. “Siempre defendimos que un bien estratégico y fundamental como el agua tenía que seguir en manos de todos los vecinos.

Durante este tiempo hemos visto como el precio del servicio ha subido un 16% y hemos sufrido la mala gestión de Sacyr, una empresa que no tiene nada que ver con la gestión de este sector“. En cuanto a la posible indemnización de cerca de 140 millones de euros a la que se enfrenta el Ayuntamiento, Guigou indicó que lo se debe hacer es cobrar las multas por las trece ilegalidades que ha cometido la concesionaria durante este tiempo, por una de las cuales ya se le ha sancionado con 450.000 euros, ”así que multipliquen ustedes“, dijo.

Guimerá apuntó que con este auto en la mano “poco a poco se va descubriendo la verdad. Siempre dijimos que las cosas se estaban haciendo muy mal y al final nos han vuelto a dar la razón. El acuerdo tomado en el pleno es efectivamente nulo y el hecho incuestionable es que en estos momentos no existe pleno y hay que repetirlo. A partir de aquí, bajo nuestro punto de vista, se tiene que convocar un nuevo concurso en caso de que la mayoría de los concejales decidan que el agua continúe en manos privadas”.

Guigou puso sus miradas en el grupo municipal socialista que cuando estaba en la oposición siempre estuvo de su lado a la hora de criticar la forma en la que se había privatizado el servicio y dijo que ahora que gobierna tiene la oportunidad de demostar que sigue manteniendo esta posición. “Les pedimos ahora su apoyo para solucionar lo que ha venido ocurriendo en esta ciudad durante los últimos años”, dijo el concejal.

Guimerá recomendó a los servicios jurídicos municipales que en vez de presentar recursos “absurdos” se ocupen de hacer cumplir la ley en el servicio de aguas. En el recurso para pedir la ejecución de la sentencia, el abogado culpaba a la Corporación local de “intentar dilatar al máximo” su cumplimiento, lo que bajo su punto de vista “pone de relieve la existencia de un acto jurídico nulo de pleno derecho” como es el concurso y su resultado. El abogado respondía así al escrito presentado por el secretario del Ayuntamiento, Luis Prieto, en esta misma instancia en el que daba por ejecutada la sentencia del Supremo . El Ayuntamiento alegó que había bastado con exponer la memoria que justificó la privatización cinco años después de haberse hecho efectiva para cumplir con la resolución judicial.