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El sindicato UPCC critica el doble rasero de Coalición Canaria con las televisiones públicas

Instalaciones de la Televisión Canaria en Gran Canaria

Canarias Ahora

Las Palmas de Gran Canaria —

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La Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) ha criticado este martes el doble rasero de Coalición Canaria (CC) respecto a las televisiones públicas puesto que lo que defiende en el Congreso de los Diputados para la Radio Televisión Española (RTVE), no lo quiere para la Radio Televisión Canaria (RTVC).

Después de que este lunes CC, Partido Popular (PP) y Agrupación Socialista Gomera (ASG) bloquearan la iniciativa para que los miembros del Consejo Rector de RTVC accedan por concurso público, el sindicato ha lamentado que los intereses de la televisión pública autonómica, una vez más, queden a expensas de los intereses políticos.

La negativa de CC, PP y ASG “es solo una muestra más de la falta de independencia de este órgano durante los últimos años”, resalta UPCC, que apunta que la toma de decisiones del Consejo Rector ha estado supeditadas a los diferentes intereses políticos, más o menos, representados en este órgano.

“Esto pone en riesgo el devenir de la RTVC, como se ha demostrado en otras ocasiones, pero, también, dificulta la verdadera fiscalización sobre lo que ocurre en el ente”, insiste.

Así, el sindicato recuerda que CC en el mes de julio dijo en el Congreso que el partido “cree que Televisión Española tiene que prestar un servicio público”. La diputada Ana Oramas defendió “un modelo de televisión pública en manos de profesionales y buenos gestores” capaces de recuperar el prestigio del ente.

Sin embargo, ese mismo mes, el portavoz de CC en el Parlamento de Canarias, José Miguel Ruano, defendía que no habían cambiado de postura y que no trabajaban “con la idea de cambiar el modelo de externalización de los informativos de RTVC”.

El sindicato insiste en que es vital para el futuro de RTVC contar con unos informativos públicos blindados por la nueva Ley de Radio Televisión Canaria. “Los informativos públicos no pueden estar, continuamente, a expensas de los intereses político-empresariales canarios”, aclaran.

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