Una sociedad muy desigual
En 1982, un año antes de que Canarias se convirtiese en Comunidad Autónoma, 79.785 isleños estaban registrados como parados, 90.756 canarios se declaraban analfabetos y 217.490 confesaban que sabían leer y escribir pero no habían estudiado.
Tres décadas después, en 2012, según los datos del Ministerio de Empleo, los parados dispararon hasta los 284.915 desempleados, y en octubre de 2013 hay 284.309 hay personas sin trabajo en las Islas.
Si los datos del desempleo podrían hacer desconfiar de que la autonomía haya servido para mejorar, lo que sería muy simplista ya que el paro depende de factores económicos y de políticas estatales e internacionales que se escapan a las limitadas competencias de la Comunidad Autónoma, los datos de analfabetismo podrían llevar al también análisis simplista de que los canarios son más cultos gracias a que el Gobierno regional es plenamente competente.
Cierto es que el desembolso de financiación autonómica ha permitido que ya no haya ni un solo canario sin estudios (oficialmente registrado, al menos) y que el analfabetismo se haya reducido hasta 55.600 isleños o se haya incrementado el número de canarios que tienen estudios primarios, desde los 372.682 de 1982 hasta los 483.700 actuales, pero los aún altos índices de fracaso escolar y abandono temprano permiten discernir que los factores sociales específicos de Canarias, y la incapacidad del Ejecutivo regional en tres décadas para acometerlos satisfactoriamente, condicionan el devenir cotidiano de los canarios.
Clase media asfixiada
Y es que si en algo podemos caracterizar a la sociedad canaria en los últimos 30 años es en el hecho de que continúa siendo una sociedad dicotomizada, con una amplia base de personas y familias ubicadas en el umbral de la pobreza, incluso en tiempos de crecimiento económico.
A ello, se une la élite, que se mueve en torno al 10 por ciento y una clase media que, a pesar de avanzar cuantitativa y cualitativamente, es sensible, sobre todo en momentos de crisis como los actuales, a vivir asfixiadamente o a descender en cuanto a su nivel de ingresos y gastos, dos de los indicadores más utilizados para medir la riqueza y la pobreza en las Islas.
En 1991 el 27,1% de la población estaba situada en el umbral de la pobreza y en 2001 esa cifra había descendido hasta situarse en el 18,6%
Curiosa y paradójicamente, según se constata en el informe 'Las condiciones de vida de la población pobre del Archipiélago Canario', elaborado en 1996 por el EDIS, entre 1981 y 1991, la primera década de las Islas como Comunidad Autónoma, Canarias fue de todas ellas “la que más creció en Producto Interior Bruto (PIB) entre todas las del Estado (+ 20 puntos)”.
Sin embargo, en esos mismos diez años de bonanza económica “los niveles de pobreza contabilizados en hogares han pasado del 24,1% al 24,6%, es decir, ha aumentado ligeramente”.
En aquel estudio, y considerando los niveles de ingresos como criterio principal de estratificación social, se establecieron siete estratos sociales básicos que configuraron tres grandes bloques: las capas populares, que constituían en 1991 el 71% de la población en Canarias.
En esta capa se incluyeron los tres estratos sociales de pobreza severa (9,62% de los canarios), pobreza moderada (18,68%) y bajo (27,43%).
Las clases medias eran hace 22 años el 20% de la población (la media era el 15,03% y la media alta suponía el 16,03%) y, finalmente, estaba la élite, que era un 9% de la población y que estaba formada la clase alta (4,48%) y la muy alta (8,63%).
Los más pobres de los pobres
La renta disponible por persona/mes en España en 1991 era de 57.920 pesetas (348,11 euros), pero en Canarias era algo inferior (55.545 pesetas, 333,83 euros). Por tanto, el umbral de pobreza en España se ubicaba en 28.960 pesetas/mes (174,05 euros) y en Canarias, 27.773 pesetas/mes (166,92 euros).
Los canarios, por tanto, eran los más pobres de España
En 1991, cuando el entonces centrista Fernando Fernández fue presidente del Gobierno sustituyendo al socialista Jerónimo Saavedra, el mismo año que las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC) irrumpieron con fuerza en el Parlamento de Canarias (se convirtieron en el segundo grupo de la Cámara), en las Islas la pobreza moderada se ubicaba entre 15.000 (90,15 euros) y 29.000 pesetas al mes (el 17,37% de las familias y 296.911 personas), mientras que la severa, por debajo de 15.000 pesetas al mes, afectaba al 7,46% de las familias y a 152.990 canarios
En el otro extremo, con más de 90.000 pesetas (540,91 euros) para gastarse una persona al mes, se encontraba el 18,71% de las familias canarias y 201.321 personas, que acumulaban el 34,05% de la renta en el Archipiélago.
Tres años después, en el tercer trimestre de 1994, la tasa de ocupación en Canarias era, como es tradicionalmente, ligeramente inferior a la española (29,67%, frente al 30,32%).
En dicha fecha, la tasa de paro era en las Islas del 27,25% y del 23,88% en España, mientras que en PIB per capita, Canarias ocupaba entonces el puesto 9 entre las 17 comunidades autónomas, con un gasto medio anual que la situaba en el puesto 11 por hogares y el 15º por persona.
La persistencia de la desigualdad social en las Islas, tanto en tiempos de bonanza económica como de crisis ha sido subrayado por el Consejo Económico y Social (CES) en varios de sus informes, como en el de 1995, en que certificada (con datos de 1991) una tendencia que no se ha cortado desde 1981: “el 10% de los hogares con mayores ingresos reúne más del 25% de los ingresos totales, mientras que en el otro extremo el 10% de los hogares con menores ingresos sólo cuenta con un 2,7% de los ingresos”.
Escasa cualificación
Las Islas, por tanto, seguían situadas en la parte baja de la tabla de la sociedad española 11 años después de ser Comunidad Autónoma porque la pobreza en Canarias tiene como causa estructural principal la injusta distribución de la renta, a lo que hay que añadir la escasa cualificación, el desempleo y el subempleo, así como la baja remuneración del trabajo.
Cuestiones todas ellas que exceden en mucho las capacidades directas del Gobierno regional para erradicarlas, por lo que ha centrado sus esfuerzos, aunque no siempre con la dedicación que se merecía, a paliarlos.
Teniendo en cuenta la situación sociocupacional y el nivel educativo, el Instituto Canario de Estadística (Istac) efectuó en 1994 una estratificación social en las Islas tomando como fuente principal el censo de población y viviendas de 1991 y como criterios de clasificación la situación o categoría socioprofesional y el nivel educativo.
En 2005 la mitad de los hogares canarios no pudo permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año ni tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos.
Según ese estudio, el empresariado, directivos y los grandes propietarios (el estrato social más alto) suponían solamente el 1 por ciento de la población, seguidos por los pequeños empresarios y trabajadores cualificados (medio alto, 7,9%) y por los mandos intermedios de la Administración y de empresas (medio, 21,2%)
La gran masa social canaria eran trabajadores y personal de baja cualificación (estrato medio bajo, 37,7%) y trabajadores no cualificados (bajo, 27,7%)
En 1996, con el Régimen Económico y Social (REF) aprobado, un instrumento que iba a servir para “regular la vida económica canaria durante el tramo final del siglo XX y primeras décadas del XXI” gracias a “mecanismos de flexibilidad con los que hacer frente a variantes que sucedan tanto en el entorno económico internacional y comunitario como en los escenarios internos”, la situación seguía igual.
Ese año, cuando el nacionalista Manuel Hermoso llevaba un año de su segundo mandato como presidente, tras la censura a Jerónimo Saavedra en 1993, el Istac certificaba el aumento la proporción de clases altas y medias, pero Canarias seguía siendo una sociedad dicotomizada.
“Canarias presentan una estructura social de amplia base. Algo más de la mitad de su población (el 51,2%, 818.000 personas) pertenece a los estratos bajo y medio-bajo de la sociedad, esto es, una franja de múltiples grupos ocupacionales caracterizados por su nula o baja cualificación laboral, sumados a hogares donde no viven ocupados, y por tanto los ingresos de sostenimiento provienen de prestaciones sociales (pensiones de jubilación, viudedad, orfandad, etc. y prestaciones por desempleo)”, decía el Istac.
Según ese informe, en la franja media de la estructura social de Canarias “se sitúa el 29% de todos los hogares, que suma 511.636 residentes”. En cuatro años la clase media pasó de constituir el 21,2% a representar el 29% debido, según el citado informe, “las altas inversiones en capital humano, y los cambios detectados en la estructura ocupacional, derivados de una buena trayectoria de incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación al tejido productivo”.
Eran los años de la bonanza económica en los que se preveía que quienes provenían de los estratos medio-bajo y bajo “engrosarán una clase media más amplia y abierta”, pues “los hijos” de esos canarios “están destinados a cubrir ese déficit en la franja media” debido a su “nivel educativo superior”.
Los mecanismos autonómicos y el autogobierno estaban propiciando la elevación del nivel de vida de los canarios, antes de que se cambiara la Ley del Suelo y se iniciara el espejismo de la burbuja inmobiliaria que estalló con toda su virulencia en 2008.
Una riqueza que, en su desigualdad, alcanzaba a todos, pues en cuatro años la clase media-alta pasó de ser el 7,9% a representar el 10% de la sociedad canaria: el 10 por ciento de los hogares, en los que convivían 168.473 personas.
De 2006 a 2007, la renta media de los hogares canarios subió el 9% y entre 2007 y 2008 solamente el 0,3%: había comenzado la crisis.
Y, por supuesto, la élite: pasó del 1% al 4% en cuatro años, con una población total de 73.306 individuos. Eran tiempos de prosperidad, sí. Pero con matices, según el Istac: “durante estos primeros años de los 90, nuestra Comunidad ha sido la de menor crecimiento económico acumulado, perdiendo importancia relativa en el contexto español y comunitario”.
“El deterioro social presenta características de sociedad dual no sólo por las grandes bolsas de pobreza y marginación sino por las dificultades de integración y convivencia”, insistía el informe de 1996.
Una situación que se agravaba por las carencias detectadas en servicios y equipamientos sociales, “de los que Canarias es una de las comunidades con mayores carencias relativas”.
Esta situación, según el Istac, era “particularmente grave en cuanto a sanidad y salud pública” (no hay que olvidar que apenas hacía dos años que se habían transferido las competencias del Instituto Nacional de la Salud), “educación, cultura” (transferidas desde 1983), “vivienda y esparcimiento”.
Asimismo, el Istac ya alertaba hace 17 años de que el “deterioro del Patrimonio Histórico-Artístico es preocupante”.
La década prodigiosa
Con este esquema social abordaron las Islas lo que en reiteradas ocasiones el presidente Paulino Rivero ha calificado como 'La Década Prodigiosa' y, a tenor de los datos, lo fue realmente, al menos durante su primera mitad.
Según la Encuesta de Condiciones Sociales de la Población Canaria, elaborada y editada por el Istac en 2001, en un lustro hubo “una bajada sensible de la proporción de hogares y de personas en el umbral de la pobreza”.
Un descenso que no debe hacer caer en el optimismo, pues las cifras seguían siendo elevadas si se comparaban con otras comunidades autónomas y la media española. Con todo, si en 1991 el 27,1% de la población estaba situada en el umbral de la pobreza, en 2001 esa cifra había descendido en casi siete puntos hasta situarse en el 18,6%
Es obvio que, aunque hubo un reparto desigual, existió una mejora en las condiciones de vida de la población canaria gracias al fuerte crecimiento económico de aquel fin de siglo y de milenio.
No sólo se redujeron las tasas de pobreza (la severa descendió un 28%, pasando de 448.350 personas a 320.807) sino que también hubo un aumento considerable del empleo, se generaron reformas en las estructuras productivas y se elevó el nivel educativo y el acceso a los estudios de la población canaria.
Entre los cambios sociales, el Istac resalta la incorporación de las mujeres en el mercado laboral; la reducción del tamaño medio de los hogares, al tiempo que aumentó el número de familias; el crecimiento del flujo inmigratorio y la disminución de la desigualdad social.
Un lustro que estuvo pilotado por Manuel Hermoso y Román Rodríguez como presidentes del Gobierno en aquellos años, y que pudieron presumir de que Canarias contaba con todos los parámetros para ser considerada una sociedad moderna, avanzada y desarrollada, lejos del casi subdesarrollismo que existía en 1983.
En 2001 el 30% de los hogares canarios tenía alguna capacidad de ahorro; el 73,1% de las familias se autoubicaban en torno a la media o por encima de la media de los hogares canarios; el 58,1% no habían tenido que realizar ninguna medida económica extraordinaria; el 26,8% de los hogares tenía canal de televisión de pago, el 79,7% disponía de línea de teléfono, el 54,6% de al menos un móvil, el 29,6% de ordenador personal, el 11,7% de conexión a Internet, el 11,6% de una vivienda secundaria y el 68,5% de, al menos, un coche.
Según el CES, en 2004 la línea de pobreza se ubicaba por debajo de los 456,73 euros al mes (166,92 euros en 1991): 135.314 hogares en Canarias (casi el 21%) están por debajo del umbral de la pobreza, 368.068 personas (18,7%).
La pobreza moderada estaba en la horquilla entre 228,38 y 456,73 euros mensuales: 113.195 hogares, 307.705 personas.
La pobreza severa se situaba por debajo de los 228,38 euros al mes (90,15 euros en 1991): 22.119 hogares, 61.016 personas.
Hasta los pobres eran más ricos que diez años antes. Pero estábamos lejos de vivir en el Paraíso.
Los terceros con menos renta
El presidente Adán Martín dijo en su discurso de investidura en 2004 que iba a trabajar para que los canarios fueran más felices. Pero la realidad no dejó que pudiera hacerlo, como indican todas las estadísticas. No en vano, Canarias figura siempre según los datos oficiales del INE como la tercera Comunidad Autónoma con menor renta media de los hogares.
Según la Encuesta de Condiciones de Vida que hizo el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2005, la renta media por hogar en las Islas fue en 2004 de 20.199 euros, algo más de 2.200 euros por debajo de la media española.
En 2009 el CES certificó que el 72,8% de los hogares manifestaron “alguna dificultad para llegar a fin de mes, ”siendo el 32,2% quienes muestran mucha dificultad“.
En 2004, el 22,5% de los hogares canarios disponía de una renta inferior a los 9.000 euros al año, bastante por encima de la media española (18,3%), y por comunidades autónomas, sólo en Castilla-La Mancha (28,3%), en Extremadura (27,6%) y en Castilla y León (25,3%) la participación del tramo más bajo de renta se situaba por encima del mostrado en Canarias.
En 2005, el CES certificaba que el porcentaje de población en situación de pobreza relativa era en las Islas el 28,5%, una proporción que superó en 8,7 puntos porcentuales a la existente en España. Ese mismo año, sólo en Extremadura (34,6%) y Castilla-La Mancha (29,6%) la tasa de pobreza relativa se situó por encima de la canaria.
Un año antes, en 2004, la tasa de pobreza relativa en Canarias fue de 24,1%, es decir, 4,4 puntos porcentuales menos.
Dos años antes de que comenzase la crisis que dura ya seis años, en el año 2005, el CES confirmaba que el 46,9% de los hogares canarios no pudo permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, un porcentaje 4,5 puntos superior al que se da en el total de los hogares españoles.
Por su parte, el 50,1% de los hogares canarios no tuvieron capacidad para afrontar gastos imprevistos, frente al 33,8% en España.
Aumenta la desigualdad
En 2008, ya iniciada la crisis aunque sin sus efectos aún más virulentos afectando de lleno a la población, la renta anual media de los hogares canarios fue de 23.371 euros, casi un 12% inferior a la del conjunto estatal ese mismo año.
Entre 2007 y 2008 la renta media de los hogares canarios apenas se vio incrementada en 71 euros, lo que supuso una tasa de avance anual del 0,3%, muy por debajo del 9% del año inmediatamente anterior al estallido de la crisis económica.
Según el CES, Canarias había visto ampliarse, un año más, la brecha que separa la renta de sus hogares respecto a los niveles medios nacionales, pues “si en 2003, mucho antes de la llegada de la crisis, la renta media de los hogares canarios era del 91,8% de la del promedio de los hogares españoles, en el año 2008 representa el 88,2% de la nacional”.
Así las cosas, los hogares con niveles de renta intermedios (entre 14.000 y 25.000 euros) pasaron de representar el 30,3% del total de hogares canarios en 2007 al 28,1% un año más tarde. Por el contrario, los hogares con niveles de renta superiores a 25.000 euros aumentaron en casi 1 punto porcentual, al pasar de representar el 37,4% del total de hogares canarios en 2007 al 38,3% en 2008.
En 2007 (32,2%) y 2008 el 33,6% de los hogares canarios dispusieron de unas rentas inferiores a los 14.000 euros, mientras que en el mismo período los hogares con rentas inferiores a los 9.000 euros pasaron de representar el 14,2% al 20,2%. Porcentaje muy superior a la registrada en el conjunto nacional (13,2%), y únicamente superada en Extremadura (24,0%).
En solo cuatro años, la pobreza severa había crecido del 18,7% al 20,2% la crisis se empezaba a dejar notar socialmente.
En el otro extremo, de 2003 a 2009 la proporción de hogares canarios con más de 25.000 euros al año de renta (a partir de 2.000 euros mensuales) pasó del 24,1% al 38,3%.
Según el CES, “al descender la presencia relativa de los hogares canarios en los tramos intermedios indica cierto proceso de dualización social, aumentando la distancia entre más ricos y más pobres”.
La desigualdad social era manifiesta en 2009, en la mitad del primer mandato de Paulino Rivero como presidente, pues el CES certificó que el 72,8% de los hogares manifestaron “alguna dificultad para llegar a fin de mes, ”siendo el 32,2% quienes muestran mucha dificultad“.
En 2009, el 60% de los hogares canarios ya no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos (el 10% más que cuatro años antes) y el 49%(+ 2% que en 2005) reflejaron dificultades para tener vacaciones al menos una semana al año.
