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Al fiscal superior de Justicia de Canarias le parece "mal" el retraso del Caso Faycán

Vicente Garrido cree que no debe haber injerencias entre la Justicia y la política

Opina que las declaraciones de Emilio Moya no han sido "bien explicadas"

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Vicente Garrido, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Acoidán Díaz.

Vicente Garrido, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Acoidán Díaz.

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Vicente Garrido, ha asegurado este lunes que la decisión del presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya, de retrasar la vista oral de la alcaldesa de Telde, María del Carmen Castellano, en el caso Faycán le parece "mal" ya que no debe haber ningún tipo de intromisión de la Justicia en la política.

Garrido ha subrayado que "en abstracto" no debe haber injerencias de ningún tipo entre Justicia y política, pero en referencia a las declaraciones del presidente de la Audiencia Provincial, cree que "más que desafortunadas" estas no hayan sido "bien explicadas" ya que uno de los grandes problemas que tiene la Justicia "es la demora en los tiempos de señalamiento".

"Dicho en el mes de septiembre que se iba a posponer de una manera tan concreta, a lo mejor lo que ocurre es que el señalamiento con lo que tenemos entre manos estaba previsto como fecha posible para el mes de mayo, por lo que el mismo día de las elecciones quedaría feo", ha matizado el fiscal jefe.

Emilio Moya había comentado que era “de sentido común” dejar la declaración de la actual alcaldesa de Telde para después de las elecciones y que era partidario de este criterio a todos los casos en los que estén implicados políticos que tengan previsto concurrir a las próximas elecciones. 

El caso Faycán, según los hechos que se describen en el auto del magistrado del Juzgado de Instrucción 3 de Telde por el que se decretó la formación del procedimiento abreviado, es una "auténtica trama sólidamente asentada en el Ayuntamiento de Telde”, con numerosos cargos políticos de distinto signo y funcionarios implicados, que recibían comisiones de diversas empresas privadas para acceder a contratos públicos o para cobrar deudas pendientes.

La acusación atribuye a Castellano el cobro de sobornos y la posible desviación de fondos del Ayuntamiento para pagos propios del partido (malversación de fondos públicos),  por lo que pide para la actual alcaldesa cinco años de cárcel y catorce de inhabilitación.

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