Una tasación excesiva, clave del 'pelotazo' del Canódromo
La Justicia y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria buscan desde hace meses un informe técnico municipal de hace diez años que sería la clave, el punto de partida de la presunta desviación de poder y prevaricación del grupo de gobierno del PP, a la hora de firmar los famosos convenios urbanísticos que han dado pie al denominado caso Canódromo.
Se trata de una tasación extraordinaria, excepcional, y previsiblemente excesiva y sobrevalorada del suelo realizada por el jefe de servicio de Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Sergio Monche.
Ese valor de más del suelo del Canódromo, fijado en el informe técnico, permitió al ex concejal de Urbanismo Juan José Cardona firmar, durante el último mandato de José Manuel Soria en la Alcaldía, el convenio urbanístico con la empresa Urbacán, del empresario Eduardo Fernández, para la cesión de los terrenos al Ayuntamiento a cambio de parcelas para edificar, entre ellas, el solar de las dos Torres del Mar.
Fuentes conocedoras del caso han explicado a CANARIAS AHORA que la documentación que reclama el juez instructor Tomas Martín es una pieza clave del pelotazo. Tanto, que ha suspendido las citaciones de la ex alcaldesa Pepa Luzardo y el ex concejal de Urbanismo Felipe Afonso El Jaber, previstas para el próximo lunes, hasta disponer de la documentación que reclama al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
En el Consistorio, además, ese informe técnico también ha sido reclamado por la comisión municipal de investigación puesta en marcha en febrero de 2009. Desde hace meses la comisión espera por la documentación, cuando ya se ha excedido el plazo previsto de investigación, fijado en un principio solo en seis meses.
Se trata de cotejar qué criterios utilizó el jefe de servicio de Gestión Urbanística para tasar de manera excepcional, y no con los baremos oficiales de la Ley de Expropiaciones, los terrenos que había adquirido la filial de Improcansa, Urbacán, y que en cuestión de poco tiempo, nada más firmarse el convenio urbanístico en abril de 2002, le revirtió 9 millones de euros de beneficio.
El hecho de haber tasado con un precio más alto el valor de los terrenos que Urbacán cedía al Ayuntamiento en el antiguo Canódromo supuso que las compensaciones recibidas por el empresario se elevaran también en el convenio más polémico del mandato de José Manuel Soria en la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria.
El juez instructor también está a la espera de esos documentos, no sólo para citar a los imputados Pepa Luzardo y Felipe Afonso El Jaber, sino también decidir si accede a la petición de Avecalta, asociación de vecinos denunciante del caso, de que comparezcan en sede judicial el ex consejero de Urbanismo Juan José Cardona y el empresario beneficiado con la operación, Eduardo Fernández.
