Transporte escolar, agujero de 10 millones por curso

Un informe elaborado por los Servicios Jurídicos Presidencia del Gobierno canario y otro por la Dirección General Dirección de Ordenación, Promoción e Innovación advierten que los contratos firmados en los años 2008 y 2009 con las empresas de transporte escolar suponen un auténtico agujero negro para las arcas públicas.

En concreto, los técnicos cuantifican un perjuicio cercano a los diez millones de euros por curso escolar dadas las condiciones “tremendamente gravosas” que se incluyeron en su momento en los contratos. La formación política Sí se Puede ha pedido al actual consejero de Educación, el socialista José Miguel Pérez que no prorrogue estos contratos suscritos en su día por sus socios de gobierno de Coalición Canaria (CC) y en caso contrario advierten con acudir a la Fiscalía.

Según el portavoz de esta formación política, Pedro Arcila, el grueso de las contrataciones de las líneas escolares vencían este año y, por lo tanto, el consejero tiene la posibilidad de no prorrogar los contratos y convocar un nuevo concurso. En esta licitación se podrían eliminar las cláusulas que motivan el actual desequilibrio económico, “tan perjudicial para la Administración pública, además de permitir adecuar las necesidades del transporte a la realidad del mapa escolar actual”. Por el contrario, Sí se Puede indica que, por el momento, las intenciones del consejero son las de prorrogar el servicio por otros cuatro años más, dado que no se ha convocado un nuevo concurso. Por ello el mantenimiento del servicio en las mismas manos “se pretenderá vender ahora como inexorables y por causa de fuerza mayor”, indica Arcila.

Sin embargo, esta decisión, “contradice abiertamente el criterio de los técnicos de la administración y supone ahondar en un monumental fraude que se arrastra en este servicio desde la etapa en que CC estaba al frente del área de educación”.

La formación de izquierdas afirma que los responsables políticos “saben perfectamente que prorrogar estos contratos supone continuar con este desfalco a las arcas públicas tal y como se informó desde los servicios jurídicos de la comunidad autónoma”. Desde este ámbito se advirtió que la prórroga invalidaría cualquier posibilidad de modificar aquellos elementos considerados lesivos para el interés de la Administración, tanto económicos como técnicos.

Para Sí se Puede, es una exigencia básica denunciar este fraude y reorientar los 10 millones que se ahorraría la Consejería de Educación a auténticas necesidades en esta área como son la contratación de profesorado o becas de estudiantes, entre otros.

En el informe de los servicios jurídicos de Presidencia del Gobierno se apunta que, desde que se acordó la adjudicación, se han registrado cambios en el mapa escolar por el cierre, fusión o aparición de nuevos centros. Además, los precios de mercado tampoco se corresponden ya con la realidad puesto que, a consecuencia de la crisis, se han reducido. Por ello, según estos servicios jurídicos se estaría ante una modificación fundamental del contrato firmado en su día y por ello sería necesaria la convocatoria de un nuevo concurso. De lo contrario, advierten que se iría en contra de los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia.

El letrado Javier Navarro Betancort indica que, aunque es posible que en el momento de firmarse el primer contrato el Gobierno canario carecía de los datos suficientes para conocer el perjuicio que iba a ocasionar esta contratación en sus actuales términos, sin embargo, ahora no puede acogerse a esta supuesta ignorancia. El letrado ratifica también la inviabilidad legal de proceder a una prórroga del actual concurso dadas las circunstancias sobrevenidas “y menos cuando las alteraciones afectan a elementos esenciales del contrato como ocurre con el precio que se verá sustancialmente alterado”.

Por ello, se “aconseja” la convocatoria de un nuevo concurso “en aras a garantizar el principio de concurrencia e igualdad como pilar fundamental de la contratación pública”.

Por su parte, el equipo técnico de la Dirección General de Ordenación, Promoción e Innovación Educativa recoge que las actuales cláusulas son “demasiado rígidas” y los precios se fijaron en la convocatoria del año 2008 siempre al alza de manera que en la actualidad se podría lograr un ahorro global cercano a los 9,9 millones de euros. Los técnicos por lo tanto concluyen con que la prórroga de la actual licitación no traería consigo ningún aspecto positivo y, sin embargo, sí mantendría la situación deficitaria de estos momentos. Por su parte, un nuevo concurso daría lugar a la posibilidad de redactar un pliego de condiciones flexibles que se adapte a las nuevas necesidades, rediseñar las rutas y fijar su precio, lo que implicaría “un gran ahorro”, según estos técnicos.