Dos varas de medir montañas
Una tasación contradictoria a tiempo puede ser una victoria. Al menos para el interés general. Es el caso opuesto a las sentencias desfavorables al Gobierno de Canarias por las explotaciones (mineras o turísticas) de Tebeto y Rayada en Fuerteventura. Si por estas dos montañas majoreras las arcas de la Comunidad deben desembolsar 135 millones de euros, en el lado opuesto aparece Montaña Roja, en Lanzarote. Gracias a una tasación contradictoria en tiempo y forma del Cabildo conejero, se evitó que el mismo propietario de Montaña Rayada se embolsara más de 200 millones de euros.
Joaquín Cañada, vinculado a la empresa Club Lanzarote, adquirió en el mismo “paquete” las propiedades de Montaña Rayada y Montaña Roja. En Fuerteventura, el litigio devino en sentencia favorable al empresario por valor de 33,1 millones de euros. Sin embargo, en Lanzarote, la desaparición no justificada de más de 30.000 camas del Plan Insular de Ordenación en 1991, supuso sólo una merma a las arcas insulares de 6,7 millones de euros. Y eso que el afectado llegó a reclamar 214 millones de euros de indemnización.
La propiedad principal de Cañada en Lanzarote -citado en su declaración judicial por el ex alcalde de Yaiza, Juan Francisco Reyes, como uno de los empresarios que pagó comisiones al también vicepresidente del PNL- es el hotel Natura Palace, dentro de la veintena de establecimientos declarados ilegales por el TSJC. Aún así, la totalidad del Plan Parcial Montaña Roja que adquirió Cañada contaba con 62.000 camas, de las cuales el PIOT lanzaroteño eliminó, de un bolichazo en la etapa de Dimas Martín (PIL), más de 31.000 camas.
El 24 de octubre de 2008, el TSJC zanjó la desclasificación de esas 31.145 camas con una indemnización al promotor de 6,7 millones, mediante un auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo que resolvía un incidente de inejecución de una sentencia anterior, también favorable a Cañada -imputado por cohecho este lunes en el caso Reyes-, que ya había anulado las previsiones del PIOT para Montaña Roja por no haber previsto ninguna indemnización por la eliminación de la mitad de las camas.
El Cabildo, en la etapa de los socialistas Manuela de Armas en la presidencia y Carlos Espino al frente de Política Territorial, presentó un peritaje contradictorio, firmado por Pedro Romera García, que se oponía al informe de la promotora encargado al perito Agustín Díaz de Aguilar Cantero, que el TSJC rechazó en su práctica totalidad. El Cabildo asumía un pago de 5 millones de euros y Club Lanzarote reclamaba 214 millones de euros. Al final, el TSJC determinó que fueran 6,7 millones de euros.
En el auto que dio la razón al Cabildo por aportar una tasación contradictoria -a diferencia de Tebeto o Montaña Rayada-, la Sala desestimaba la pretensión de Club Lanzarote porque el descuento de licencias que realizaba su perito “conllevaría la negación de la doctrina de esta Sala respecto a la nulidad que se ha declarado de algunas de las licencias”, entre ellas, el Natura Palace del propio Joaquín Cañada.
Al Cabildo de Lanzarote, el encargo de un peritaje contradictorio al presentado por el promotor le costó 9.450 euros. Y con ello se ahorró 207,3 millones de euros.
