Al rico pacto

Las pasadas elecciones del 24 de mayo han instaurado la palabra pacto en toda la geografía peninsular. Dirigentes y analistas se han llenado la boca diciendo que en España hay que empezar a conjugar los verbos pactar y dialogar para poder formar gobiernos locales y autonómicos. En Canarias se llevan 32 años de ventaja.

De progreso, de hormigón, canario, time-sharing (sobre todo en ayuntamientos y cabildos). De todas las formas y colores han existido acuerdos en el Archipiélago. En Canarias la cultura del pacto va tres décadas por delante de la España peninsular, que se ha despertado a los acuerdos de gobernabilidad multilaterales tras la resaca electoral del 24 de mayo.

Acuerdos en el Gobierno que han condicionado el devenir de los pactos en ayuntamientos y cabildos, hasta el punto de que lo que sucedía en uno tenía traslación a otros, o viceversa. Un ejemplo es lo que sucedió en 1993 tras la moción de censura del germen de CC y el PP al líder socialista Jerónima Saavedra, que fue acompañada de una cascada de descabalgamientos de alcaldes del PSC-PSOE en las semanas posteriores.

Desde el inicio de la andadura de Canarias como Comunidad Autónoma, allá por el año 1983, hasta la actualidad, el pacto ha sido la columna vertebral de todos los gobiernos regionales que se han conformado en el Archipiélago. Todos, salvo el que suscribieron Coalición Canaria (CC) y el Partido Socialista Canario-PSOE en 2011, se rompieron antes de que concluyeran sus respectivas legislaturas.

El primero de ellos, se firmó en 1983 para que el primer presidente de la Comunidad Autónoma, Jerónimo Saavedra, pudiera formar gobierno. Ese acuerdo unió al PSOE con Asamblea Majorera (AM), la Agrupación Gomera de Independientes (AGI) y la Agrupación Herreña de Independientes (AHI).

Ese acuerdo no pasó la prueba de la cuestión de confianza a la que se sometió Saavedra tras la adhesión de España a la entonces Comunidad Económica Europea. Un examen fruto del nunca aceptado Protocolo 2 referido a Canarias, que dejaba a las Islas fuera de la Unión Aduanera y Política Comercial Común, de la Política Agrícola Común, de la Política Pesquera Común y del ámbito de aplicación del IVA.

Saavedra continuó gracias al Pacto de Progreso que unió al PSOE con el PCE-PCC, el Partido de la Revolución Canaria (PCR) y AM. Y sobrevivió al no de Canarias a la OTAN (el PSOE abogó por el sí y sus socios apostaron por el sentido contrario) y a la negativa socialista a apoyar varias iniciativas del PCE, el PRC y AM, pues era más fuerte la necesidad de sacar adelante el nuevo REF, la Ley de Aguas o la llamada Ley de Cabildos.

Solo la regulación del dominio público del agua fue aprobada, pues la organización político-administrativa del Archipiélago y la modernización de las normas fiscales y económicas específicas del fuero canario tuvieron que esperar a otra legislatura.

La segunda, concretamente, en la que irrumpieron con una fuerza parlamentaria no suficientemente prevista por el PSOE las entonces Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC).

Una legislatura que se inició con la displicencia de Saavedra de no iniciar negociaciones para formar gobierno. “Que pacten ellos”, dijo el entonces presidente en funciones previendo que iba a ser imposible que la oposición llegara a un acuerdo.

Un 10 y un 0

Pero llegaron. Y ese Pacto Canario convirtió en presidente a Fernando Fernández, líder del entonces Centro Democrático y Social (CDS), el partido menos votado al hemiciclo en 1987. Pero todo era válido para las fuerzas políticas que solo tenían un objetivo: que el PSOE no volviera a gobernar. Curiosamente, el mismo que existió seis años después.

Y si algunos se llevan ahora las manos a la cabeza cuando visualizan un posible acuerdo a tres, hay que recordar que el palmero Fernández contó con el apoyo de los 31 votos de cuatro fuerzas políticas (CDS, AIC, Alianza Popular y la Agrupación Herreña de Independientes), aunque no duró mucho.

Las tensiones internas entre fuerzas tan dispares, sobre todo con motivo de la creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, llevó al presidente a intentar remedar a su antecesor presentando una cuestión de confianza que perdió gracias a la abstención de los entonces insularistas.

En las paredes del Parlamento (y en los oídos de Fernández) aún resuenan las palabras que el líder de las AIC, Manuel Hermoso, pronunció en el hemiciclo a finales de 1988: “Un diez para el Gobierno, pero un cero para el presidente”.

No obstante, el pacto se reeditó porque todos sus componentes apoyaron a Lorenzo Olarte (vicepresidente de Fernández) para sustituir al dimitido perdedor de la confianza.

Hormigón con aluminosis

Todo parecía indicar que el Pacto Canario iba a tener una secuela a partir de las elecciones de 1991, pero el bloqueo de AM en la votación para convertir a Victoriano Ríos presidente del Parlamento hizo que Hermoso cruzara los escasos metros que lo separaban de Saavedra en el salón de plenos de Teobaldo Power y le tendió la mano. El líder socialista se la estrechó: había nacido el Pacto de Hormigón.

Parecía perenne, como la argamasa que le daba nombre, pues contaba con 41 de los 60 diputados fruto de los acuerdos entre el PSOE, las AIC y AHI, pero estaba contaminado por la aluminosis, como se encargaron de demostrar las AIC al presentar una moción de censura a Saavedra en 1993, lo que supuso la creación de Coalición Canaria (CC): 31 diputados fruto de la suma de las AIC, el Centro Canario Independiente (CCI) de Lorenzo Olarte, Iniciativa Canaria (Ican) y Asamblea Majorera (AM).

Los bipartitos con el PP

Desde ese momento se inauguró una nueva etapa, la de los gobiernos bipartitos CC-PP, y alguien decidió no poner nombre a los pactos de gobernabilidad, quizás creyendo que la nomenclatura era el maleficio que hacía que todos se rompieran.

Pero no era así. El pacto suscrito en 1995 entre CC y el PP, que constó de dos fases (la primera con los nacionalistas en solitario y, la segunda, con los conservadores cogobernando) tampoco llegó al final en las mismas condiciones y por el camino quedaron Antonio González Viéitez (consejero de Política Territorial que dimitió cuando el PP entró al Ejecutivo) o Ignacio González (expulsado por los conservadores como consejero de Presidencia a petición de CC y del PP a petición de su líder, José Miguel Bravo de Laguna).

También acabó mal el que nacionalistas y conservadores firmaron en 1999 y el que reeditaron en 2003, pues Adán Martín expulsó a los consejeros del PP a mitad de la legislatura.

Tampoco corrió mejor suerte el que firmó Paulino Rivero en 2007 con José Manuel Soria para dejar fuera de la Presidencia al vencedor de las elecciones de aquel año, el socialista Juan Fernando López Aguilar, pues los conservadores abandonaron el Ejecutivo cuando apenas faltaban seis meses para concluir la legislatura.

Y en 2011 CC decidió hacer las paces con el PSOE, que olvidó la moción de censura de 18 años antes para formar un Gobierno de coalición que ha llegado hasta el final, pese a las dificultades que han existido en el camino entre dos adversarios tradicionales. Para ello ambos han tenido que hacer de tripas corazón y obviar afrentas pasadas y presentes.

Ahora, tras el 24 de mayo, se abre una nueva etapa para conformar un pacto de gobernabilidad. Nada nuevo en la historia de Canarias.

Todo parece indicar que las cuentas están a favor de la reedición del suscrito en 2011, aunque existen otras posibilidades que todos los actores implicados miran de reojo, por lo que pueda suceder en instituciones señeras como La Laguna o en La Palma.

La solución, antes del 13 de junio, fecha de la constitución de las corporaciones municipales.

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