Canarias intenta esquivar las políticas educativas de Wert
¿Son iguales el PP y el PSOE? ¿Se aprecian auténticas diferencias en sus políticas económicas y sociales o en el terreno de las libertades públicas? ¿Socialdemocracia, liberalismo y conservadurismo comparten lo esencial y difieren solamente en lo secundario? El debate ha sido recurrente en los últimos años. Bajo los efectos de la crisis económica, del 15-M y de la profunda desafección hacia la política, los políticos, los partidos y las instituciones. Con un hito determinante: el día en que Zapatero, casi al final de su mandato, impulsó la reforma exprés de la Constitución para satisfacer a los mercados, blindando la deuda y el déficit por encima de la garantía de funcionamiento de los servicios públicos; sin consulta ciudadana y pactando con el PP y otras fuerzas políticas.
No pretendo aquí abordar tan amplio debate. Me limitaré a algo más concreto, aunque no deja de ser complejo: ¿se distinguen las políticas educativas, los modos y maneras de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que dirige el socialista José Miguel Pérez, de las directrices emanadas del Ministerio del señor Wert, de sus orientaciones y sus prioridades?
Lo primero que cabe pensar es que el corsé presupuestario estatal y, asimismo, el legislativo (la LOMCE) aprobado recientemente y que comenzará a aplicarse el próximo curso escolar, hacen imposible la mínima libertad de movimiento. Que todo está atado y bien atado en Educación, como también sucede en el otro gran servicio público, la Sanidad.
Pero la realidad lo desmiente. Antes de entrar en el caso educativo solo basta recordar la reacción ante la retirada de la sanidad a los inmigrantes sin papeles: Canarias se doblegó ante la decisión del Estado, mientras Euskadi, Asturias o Andalucía sorteaban ese atentado contra los derechos humanos. A veces el margen de actuación, aprovechando las fisuras para actuar de manera coherente, hay que saber buscarlo y tener valentía para sacarlo adelante.
Cuentas públicas
Pero volvamos a la Educación. El actual equipo del departamento educativo del Gobierno canario toma las riendas en junio de 2011, con el curso escolar 2011/2012 ya planificado y con los presupuestos de ese año cerrados. Y con los recortes económicos realizados, especialmente, en los dos ejercicios anteriores. Sí tiene responsabilidad directa en las cuentas públicas educativas para 2012, 2013 y 2014.
Y en 2012, obedeciendo directrices europeas, el Gobierno de Mariano Rajoy aprueba el Programa Nacional de Reformas, que incluye entre sus objetivos la consolidación fiscal; el fomento del crecimiento y de la competitividad; la lucha contra el desempleo; la reactivación del crédito; la mejora y eficiencia en la prestación de servicios públicos esenciales, y la modernización y racionalización de las Administraciones Públicas evitando las duplicidades.
Este Programa, junto al de 2013, han afectado de manera directa a la Educación pública. Porque detrás del discurso presuntamente racionalizador está la dura realidad de una reducción de más de 3.000 millones de euros en los presupuestos educativos sólo en el año 2012.
Para CCOO, el plan de ajuste educativo impulsado por el Ejecutivo central contiene “un elevadísimo incremento de las tasas universitarias y la creación de nuevas para la formación profesional, a la vez que se recorta el presupuesto para becas y se suprime la inversión pública para plazas de educación infantil o se aumenta la ratio de alumnos por clase, lo que sumado a los recortes autonómicos que se han venido produciendo, tiene como resultado un retroceso en los niveles de universalización y equidad alcanzados”.
Sistema caro
El discurso conservador en este tema es muy claro y lo hemos escuchado también en Canarias. “El sistema educativo es muy caro y no ofrece los resultados esperados en base a la inversión realizada. No es cuestión de seguir gastando más”. Y actúa en consecuencia, disminuyendo las plantillas docentes en las comunidades en que gobierna y aumentando las ratios en las aulas de manera significativa.
Canarias no aplicó el plan de ajuste de la misma manera. “Hemos realizado una interpretación diferente del mismo. No hemos aumentado la ratio ni disminuido las plantillas docentes”, afirma José Moya, director general de FP y Formación de Adultos del Gobierno canario.
El director general de FP segura que de haberse aplicado los recortes en la línea conservadora se habrían producido los despidos de unos 3.000 docentes en el Archipiélago.
En España la escuela pública ha perdido más de 25.000 docentes desde el curso 2010/2011, al tiempo que se incrementaba el número de estudiantes. Todo ello gracias a un paquete de medidas, que van desde el ajuste horario, incrementando las horas lectivas del profesorado, al aumento de las ratios y a la prohibición de cubrir las bajas inferiores a dos semanas.
Esto ha posibilitado eliminar interinos, al tiempo que solo se pueden convocar en las oposiciones el 10% de la tasa de reposición, es decir, uno de cada diez que se jubilan.
Por otra parte, José Moya recuerda que en el ámbito concreto de la Formación Profesional, mientras que las comunidades del PP paralizaban la implantación de nuevos títulos, Canarias seguía adelante con la misma. Señala, asimismo, que en este curso se ofertan más de 100.000 plazas en Enseñanzas de Formación Profesional, Enseñanzas de Régimen Especial y Educación de Adultos, de las que 42.000 corresponden a FP.
Reconoce, igualmente, que era inevitable aumentar el horario del profesorado por imperativo legal, “pero en Canarias lo hemos aprovechado para mejorar la atención a la diversidad”.
Para el STEC, desde la Consejería intentan resistir frente a las políticas conservadoras que impone el Estado, “y por eso los recortes o el desmantelamiento de la educación pública en Canarias en el período reciente son menores que en otros territorios gobernados por el PP. Sin embargo, en la medida en que no crean, no ponen en práctica políticas alternativas, finalmente redundan en nuevos recortes para Canarias”.
Indicadores
Moya destaca que los grandes indicadores educativos van a ser actualizados en 2014 en el Estado español; y se muestra convencido de que Canarias experimentará significativos avances en reducción del absentismo escolar, mejora de las tasas de idoneidad y aumento de las tasas de titulación, así como en la reducción del abandono escolar temprano.
En este último asunto, Carlos Quesada, director general de Personal, afirma que en la progresiva disminución de las altas tasas de abandono (en lo que Canarias se sitúa a la cabeza estatal, junto a Baleares y Murcia) intervienen dos factores, “uno, primordial, que la gente quiera continuar formándose, rompiendo con la perversa dinámica de la etapa de la burbuja inmobiliaria; pero también es imprescindible que el sistema sea capaz de dar respuesta a esas inquietudes ofertando suficientes plazas”.
El objetivo para 2020 en España es lograr la reducción de la tasa de abandono escolar por debajo del 15%. Esta tasa se ha ido reduciendo de forma paralela a la crisis y a las dificultades para conseguir empleo. Desde el 31,9% del año 2008 al 24,9% del 2012, siete puntos porcentuales menos. Aunque seguimos duplicando la tasa de abandono promedio de la UE (12.8%).
Los datos de 2013, dados a conocer recientemente, muestran una nueva bajada, situando a España en el 23,5% de tasa de abandono escolar. El País Vasco tiene un 8,8%, muy por debajo de la media europea, y Canarias un 28,3%, sólo superada por Baleares (29,7%), Extremadura (28,5%) y Andalucía (28,4%).
LOMCE
LOMCERespecto al posicionamiento ante la reforma educativa impulsada por el ministro Wert, la LOMCE, Canarias ha formado parte del grupo de comunidades que se oponen a la misma, al considerar que va justo en la línea contraria de las recomendaciones de la UE a sus países miembros en materia educativa.
“Es un modelo que vuelve al centralismo, no da auténtica autonomía a los centros educativos y se carga la gestión democrática de los centros escolares, convirtiendo a las familias en convidados de piedra sin papel alguno”, asegura Moya.
Asevera, por otra parte, que, con relación a las evaluaciones externas, “ya estaban recogidas en la LOE”; y que las discrepancias se encuentran en los efectos académicos de las mismas, “convirtiendo un interesante instrumento de política educativa en un elemento sancionador de los aprendizajes de los alumnos, siendo muy pocos estados los que hacen esto en la OCDE”.
Al respecto, el Consejo Escolar de Canarias ha denunciado el carácter segregador de la LOMCE, “al optar por un modelo de entrenamiento de talentos y actitudes naturales que van a ser evaluados externamente con la finalidad de separar al alumnado; se centra en los resultados y deja al margen los factores y procesos que influyen significativamente en la calidad”.
La anticipación de itinerarios desde tercero de la ESO tampoco es compartida por los responsables educativos de Canarias. Coinciden, en buena medida, con lo expuesto por el sociólogo Joaquín Giró, profesor de la Universidad de La Rioja, quien apuesta por una escolaridad más completa y, en consecuencia, por evitar la selección temprana del alumnado, “la cual ejerce un efecto negativo en los alumnos asignados a los niveles más bajos y aumenta las desigualdades sin elevar el desempeño promedio, de ahí la recomendación de esperar a la finalización de la Secundaria para llevar a cabo la selección de itinerarios educativos”.
Tibieza
El sindicato mayoritario en la enseñanza canaria, el STEC, observa cierta tibieza y seguidismo del Ejecutivo canario con respecto al central.
Y en el caso de la LOMCE, reclama a la Consejería su no aplicación en las Islas. Planteando una serie de fórmulas “para que de modo colectivo las comunidades educativas, y especialmente el profesorado, obstaculicen la implantación de aspectos de la LOMCE en los centros educativos”, poniendo como ejemplo todo lo referido a la gestión democrática de los centros.
El STEC solicita, asimismo, avanzar en la aprobación de la Ley Canaria de Educación, “de acuerdo con la iniciativa legislativa popular llevada al Parlamento con el apoyo de más de 35.000 firmas y de numeroso colectivos vinculados con la educación, desde sindicatos a federaciones de AMPAS. Dicha ley debería ser un muro de contención que proteja a la educación pública canaria frente a los despropósitos de la LOMCE”.
La LOMCE comenzará a implantarse el próximo curso escolar. Y su existencia puede ser muy corta, en función de lo que ocurra en las urnas en las elecciones generales de 2015: todos los partidos del arco parlamentario, excepto PP y UPyD, se han comprometido a derogarla si los resultados de las próximas generales conforman otras mayorías parlamentarias.
Una ley elaborada sin diálogo, aprobada sin consenso y con el rechazo mayoritario de sindicatos docentes, expertos, asociaciones de padres y madres y de las comunidades autónomas, como Canarias, que no están gobernadas por el PP.
Pero volvamos al principio. ¿Son iguales el PP y el PSOE? ¿Se aprecian auténticas diferencias en sus políticas económicas y sociales o en el terreno de las libertades públicas? ¿Socialdemocracia, liberalismo y conservadurismo comparten lo esencial y difieren en lo secundario?
Al menos en Educación, no lo son, como lo muestra el abismo en talante y contenidos entre los ministros Gabilondo y Wert; y la profundidad de la reforma ultraconservadora emprendida por el Gobierno central, que ha conseguido el rechazo casi unánime de todos los sectores de la comunidad educativa.
Otra cosa son los aciertos y errores en las concretas acciones de Gobierno, las prioridades establecidas, las metas alcanzadas (que en Educación exigen un tiempo para ser analizadas) y el margen de distanciamiento con las políticas del actual tsunami conservador.
Centros escolares con financiación privada
Desde la llegada de Rajoy a La Moncloa, los Presupuestos Generales del Estado dejaron de incluir las partidas que desde mediados de los años 90 incluía el denominado Plan de Infraestructuras Educativas para Canarias. Estaba dotado con 40 millones de euros anuales.
Esto ha imposibilitado completar la red de colegios e institutos, especialmente dejando de culminar el Plan Sur que trataba de dar respuesta al crecimiento poblacional experimentado en las zonas sur de Gran Canaria y Tenerife, así como en las islas de Lanzarote y Fuerteventura.
Para desbloquear tan significativo asunto, el actual equipo del departamento educativo canario pretende sacar adelante una modalidad novedosa. Se trata de construir colegios e institutos mediante un sistema público-privado. Las empresas privadas pagarían los costos de construcción de los centros escolares y, a cambio, se externalizarían servicios como el de comedor, cafetería o limpieza, que quedarían en manos de la empresa adjudicataria durante 27 años.
Los centros a construir, con un costo de unos 80 millones de euros, son el instituto de Gáldar y la ampliación de colegio del Cardón, en Gran Canaria; los colegios de El Castillo, Villaverde y Morrojable, en Fuerteventura; los colegios de Arico, Tijoco Bajo y Punta Larga y los institutos de Las Chafiras y Guaza, en Tenerife; el colegio El Quintero y los institutos de Haría y La Medular, en Lanzarote; y el colegio de Valverde y el centro Juan XXIII, en El Hierro.
Desde la izquierda política ha habido críticas a este modelo por su privatización del servicio público; aunque esto merece ser matizado: hoy también son privados en la práctica totalidad de colegios e institutos los servicios de comedor, limpieza o cafetería. Y en ningún caso se privatiza la educación ni los maestros y profesores.
Atractivo
El problema, según algunos expertos consultados, puede estar en que las condiciones no resulten atractivas para las empresas. Y es que el caso de los centros escolares no resiste la comparación con un hospital, donde los beneficios de lavandería, cafetería o comida de los pacientes son mucho mayores por el mayor volumen de usuarios de los mismos.
La incógnita se desvelará muy pronto: la Consejería quiere convocar el concurso de adjudicación de las obras antes del verano. Para ello sacó ya a información pública los proyectos y el correspondiente estudio de viabilidad económica. Los plazos de construcción establecidos son de 12 meses para centros de 9 y 10 unidades y de 18 meses para los de 22 y 33.
Avances en la FP
El consejero de Educación del Gobierno canario, José Miguel Pérez, señaló recientemente en una comparecencia en el Parlamento canario que nuestra Comunidad ya ha cumplido los objetivos marcados por el Ministerio de Educación para el año 2020 en cuanto a la oferta de plazas de Formación Profesional y el número de alumnos matriculados.
El también vicepresidente del Ejecutivo recordó que los estudiantes en ese nivel educativo se han incrementado en Canarias un 30% en el actual curso en relación con el 2011/2012. Por primera vez, es mayor el número de alumnado en FP (más de 34.000) que en Bachillerato (unos 32.000)
En este curso escolar, la Consejería de Educación ha ofertado 40.380 plazas en los ciclos formativos medios y superiores de la Formación Profesional, con un incremento tanto de la oferta presencial como en la semipresencial.
Canarias es pionera en la FP semipresencial o a distancia. Dirigida a personas adultas, permite formarse en diversos campos profesionales sin permanencia diaria en las aulas: desde casa y con atención tutorial permanente, así como prácticas obligatorias en centros de trabajo. Actualmente están inscritos en los 24 ciclos formativos semipresenciales un total de 9.639 alumnos y alumnas, duplicando los datos del curso 2011/2012.
El departamento educativo también destaca que respecto al número de especialidades se ha experimentado “un considerable incremento, impartiéndose en este año académico los primeros cursos de 39 ciclos de grado medio y 59 de grado superior, lo que supone una oferta con 98 especialidades”.
Oferta insuficiente
El STEC, por su parte, considera aún insuficiente la oferta en enseñanzas profesionales y recuerda que en el pasado mes de junio más de 8.000 estudiantes no pudieron acceder a las plazas solicitadas, indicando que se han suprimido 152 grupos en los dos últimos; denunciando, asimismo, que se hayan incluido los PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial) en la FP, “cuando es una medida de atención a la diversidad dentro de la ESO”.
Para el sindicato nacionalista, resulta imprescindible que se amplíe la actual oferta “con el fin de garantizar que ningún estudiante se quede sin poder cursar un ciclo formativo”. En su opinión, la falta de plazas deriva el alumnado hacia los centros concertados, aunque los centros públicos siguen impartiendo una formación profesional de calidad, pese a todos los recortes sufrido en los últimos años“.
Aquellas medidas de calidad
En la pasada legislatura, la Consejería de Educación, dirigida por Milagros Luis Brito, y el propio presidente del Gobierno, Paulino Rivero, impulsaron las llamadas medidas de calidad educativa. Se trataba de la acogida temprana antes de la apertura de los centros escolares (elemento claramente de conciliación entre la vida familiar y la laboral y no específicamente educativo); y el refuerzo educativo en horario de tarde.
Más de 15.000 alumnos y alumnas se beneficiaban de la primera, subvencionada por el Gobierno canario. Ahora, cuando se hace, queda en manos de las AMPAs y con un coste entre 15 y 30 euros mensuales para las familias. Respecto al refuerzo educativo en horario de tarde, que muchos consideraban de dudoso impacto formativo, desde el curso 2012/2013 desapareció. Lo que hace pensar si eran tan prioritarias las medidas o tenían un carácter fundamentalmente propagandístico.
¿Qué docentes necesitamos?
“Se necesitan docentes conscientes de que su comienzo en la profesión es también su inicio formativo, que debe orientarse necesariamente hacia el compromiso con la excelencia en la cualificación profesional y que se adquiere, entre otras vías, a través del aprendizaje permanente, la movilidad profesional y el trabajo colaborativo.
Se necesitan docentes capaces de elaborar y evaluar su itinerario profesional en el desarrollo de su carrera a través de la formación propia, en equipo y contextualizada, con la colaboración de las Administraciones Educativas y con la finalidad de lograr su acreditación de calidad como experto en Educación.
Ahora más que nunca debemos seguir trabajando en la línea de la formación para lograr el cambio de perfil profesional del profesorado hacia el trabajo colaborativo entre los distintos miembros de la comunidad, creando una red social del centro, promocionando el espacio virtual de la Red de Centros del Profesorado, para así poder beneficiar al alumnado dotándolo de las competencias básicas necesarias para el futuro próximo que debe enfrentar.
Elevar la consideración social del profesorado, procurar que tenga el máximo de respaldo por parte de toda la Comunidad Educativa, mejorar sus condiciones profesionales y reforzar su formación inicial y permanente son tareas fundamentales que deben acometerse con prioridad. Esta demanda constituye una propuesta ampliamente consensuada y divulgada por expertos y distintas instituciones y administraciones, entre ellas el propio Consejo Escolar de Canarias“.
(Extraído del informe 'La realidad Educativa de Canarias 2013', elaborado por el Consejo Escolar de Canarias)
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