Fernando Clavijo llega a la mitad de la legislatura con un gobierno en la cuerda floja

El 7 de julio de 2015 Fernando Clavijo fue investido octavo presidente del Gobierno de Canarias con tres apoyos más de los previstos. Sumó 36 votos favorables gracias a la “confianza temporal” otorgada por los tres diputados de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) que constituyen el Grupo Mixto, amén de los 15 de sus entonces socios del PSOE. Dos años después, en el paso del ecuador de la Legislatura, el presidente solo es apoyado tácitamente por los 18 escaños de su Grupo Nacionalista.

El presidente Fernando Clavijo pidió durante su investidura que le dieran “una oportunidad” y recordó tanto a los grupos parlamentarios como a la sociedad que quedaban por delante 1.461 días para demostrar que el suyo al frente de la Presidencia sería el tiempo de la mano tendida, el diálogo y el entendimiento.

Un año y medio bastó para que Clavijo demostrara todo lo contrario y pasara de una mayoría parlamentaria a tener que gobernar en la cuerda floja (pues no hubo ni diálogo, ni mano tendida ni entendimiento con sus socios) pendiente de mantener el crédito transitorio del Mixto liderado por Casimiro Curbelo y los apoyos puntuales de la docena de diputados conservadores que comanda Asier Antona.

Por ello, la segunda mitad de su segundo año al frente del Ejecutivo y, sobre todo, el último mes, ha estado protagonizado por el intento de conseguir que el Partido Popular (PP) firme un pacto de media legislatura sin necesidad de que los conservadores tengan que sentarse en los sillones azules. Una opción que sí está en la estrategia de Antona, pues quiere vigilar desde dentro el reparto del dinero público destinado a las distintas políticas que tendrá que sacar adelante el Ejecutivo en los próximos dos años.

De esta manera, Clavijo quiere evitar sustos como el rechazo del Parlamento a tramitar la Ley sobre los barrancos de Güímar (que solo fue apoyada por su gabinete y los diputados nacionalistas al estar apadrinada por el Cabildo de Tenerife) o que la Cámara enmiende la plana al consejero de Economía e Industria, Pedro Ortega, por sus actuaciones con el tendido eléctrico en Fuerteventura y Lanzarote.

Una situación que podría repetirse, pues como amenazó el líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, la oposición podría fijar no solo la cuantía sino un criterio de reparto del crédito extraordinario distinto al diseñado por el gabinete en minoría de Clavijo.

Amén de la necesidad de que no se le vaya de las manos a CC la reforma electoral y controlar la renovación de instituciones como el Diputado del Común, la Audiencia de Cuentas o el Consejo Consultivo o mantener al actual presidente del Consejo Rector de la Radio Televisión Canaria (RTVC), Santiago Negrín.

Tres diputados menos

Con todo, y aunque al final Clavijo llegue a suscribir un pacto del PP para seguir gobernando en solitario o en compañía de los conservadores (más el prácticamente perenne respaldo de ASG), el presidente soplará las dos velas de su tarta presidencial respaldado, en el mejor de los casos, por tres diputados menos de los que lo eligieron en 2015.

Un presidente que se sustenta en el apoyo del 18% de los votantes y que está al frente del Ejecutivo gracias a un acuerdo que ya no existe y que necesita a un PP que durante el medio año ha reiterado que la inestabilidad del gabinete no es buena para una Comunidad Autónoma con tantos retos sociales y económicos que afrontar en los escenarios insular, nacional y europeo.

Una inestabilidad que, de salir adelante las pretensiones del PP, implicará en los próximos días una tercera reestructuración de un gabinete en solo dos años, pues todo parece indicar que se irán o se reubicarán los consejeros Pedro Ortega, José Miguel Barragán (a la sazón, también máximo dirigente de CC), Pablo Rodríguez (el nuevo líder en Gran Canaria) y Teresa Lorenzo, muy cuestionada por los conservadores.

Así que, numéricamente, Clavijo es más débil para sacar adelante sus promesas de un total de 17 reformas legislativas, 24 estrategias y 45 nuevos planes a los que se comprometió durante su discurso de investidura. Una hoja de ruta que deberá variar necesariamente en función de los acuerdos que alcance con el PP y en base a sus promesas realizadas durante el Debate sobre la Nacionalidad Canaria del pasado mes de marzo.

De momento, el Gobierno de Clavijo ha remitido al Parlamento ocho proyectos de ley (lejos de los 28 que en la VIII Legislatura presentó el gabinete que presidió Paulino Rivero) y dos comunicaciones, lo que a todas luces es un pobre balance.

Leyes de 'cemento'

Y es que aunque Clavijo quiso en 2015 que la IX Legislatura pasara a la historia autonómica como la del buen rollito, lo cierto es que las tiranteces con sus socios del PSOE (propiciadas en gran medida porque el presidente nunca quiso ese pacto, al que se vio forzado por la aritmética parlamentaria) propiciaron que el primer año del Gobierno se caracterizara más por hacer multitud de diagnósticos de las diversas dolencias que afectan a la economía y a la sociedad canaria que por aplicar un tratamiento adecuado para combatir la enfermedad enraizada en las Islas.

En materia legislativa, y como asegura el líder de NC, “Clavijo solo ha movido las leyes que tienen que ver con el cemento”, como la del Suelo, la Turística, el reparto del antiguo IGTE a través del Fondo de Desarrollo de Canarias o la Ley de las Islas Verdes (esta con el apoyo a regañadientes del PSOE, que en esos momentos aún creía que el pacto de gobernabilidad podía reconducirse) y no las que deben solucionar “los problemas de las personas”.

Unidad, diálogo y consenso. Esas fueron las palabras mantra de Clavijo en su investidura. Tal como han ido las cosas hasta el momento, ha existido más desunión, monólogo y disenso tanto con sus ex socios como con el resto del arco parlamentario.

Por delante quedan todavía 730 días para saber si el tándem Clavijo-Antona consigue reactivar la economía de una región hundida en tasas de pobreza, desigualdad social y desempleo que siguen liderando el negro ranking de la Unión Europea (UE).