Recta final para la aprobación del nuevo REF

Vencidos los siete años de vigencia con los que contaba la actual norma se ha concedido una prórroga de un año que permitirá culminar la negociación actual y presentar la propuesta de reforma ante la Comisión Europea. La singularidad de Canarias con respecto al resto del territorio continental se recogen en este especial régimen que tiene repercusión directa en todas las actividades económicas que se realizan en las Islas.

El especial Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) se recoge dentro de nuestro Estatuto de Autonomía en el Título IV, Capítulo 1 donde figura este diferenciado sistema propio del acervo histórico de las islas y reconocido por la Constitución Española. Este especial trato a Canarias no se retrotrae a la aprobación de nuestro estatuto de autonomía en 1982, hay que retroceder más en el tiempo si queremos conocer sus inicios, concretamente hasta la conquista de las Islas por la Corona de Castilla. Nuestro reconocimiento como territorio fragmentado y alejado geográficamente del continente se plasma por primera vez a través de la declaración de Puertos Francos mediante Real Decreto en julio de 1852, una normativa que supuso la liberalización en el intercambio de mercancías entre Canarias y el territorio peninsular.

Ya en 1972, y todavía bajo el régimen franquista, se aprueba la que hasta ahora ha sido nuestra ley en materia económica y fiscal más importante hasta el momento. La finalidad de esta ley del REF era ratificar, y también actualizar, el régimen de Puertos Francos de las Islas así como establecer un conjunto de medidas económicas y fiscales encaminadas a promover el desarrollo económico y social del Archipiélago. Con la entrada de España en la Comunidad Europea en 1986 esta ley tiene que buscar acomodo en la operativa de la Unión, con una tendencia a favorecer la libre competencia entre los estados miembros. Esto choca con algunos de los incentivos y ayudas que se recogen en el REF y que, tras la adhesión a Europa, podían interpretarse como favorecedoras de determinadas empresas radicadas en nuestro territorio. Desde 1991 hasta la actualidad diferentes modificaciones han sido aprobadas para adecuar el REF a las exigencias de la Comunidad Europea.

El REF no se trata, ni mucho menos, de un sistema inamovible sino que desde su primera aprobación ha ido mutando y adaptándose a las circunstancias de cada tiempo. Esa es precisamente una de las principales quejas del empresariado canario, la inseguridad jurídica que estos continuos cambios provocan en el sector empresarial del Archipiélago. El actual REF expiró su vigencia a finales del pasado año y ya en este 2014 debía de estar en funcionamiento la nueva versión actualizada. Lo cierto es que se ha permitido una prórroga de un año para que el próximo REF entre en vigor a uno de enero de 2015, coincidiendo así con el año fiscal. La nueva propuesta ha de ser consensuada entre el Gobierno canario y el central para luego contar con el visto bueno obligatorio de la Comisión Europea. Una vez aprobado por Europa volverá a España donde deberá tramitarse en las Cortes Generales al tratarse de modificaciones de leyes estatales.

El actual REF está divido en dos: por un lado la parte económica que contiene una serie de medidas destinadas a compensar nuestra condición de lejanía e insularidad en el desarrollo de actividades económicas en las Islas. Dentro de esta parte estarían la compensación al precio de la energía, el transporte, o las telecomunicaciones entre otros. Estos aspectos del REF también están sujetos a modificaciones según se recoge en la resolución aprobada por el Parlamento de Canarias el 12 de julio de 2013 sobre la renovación del REF para el periodo 2014-2020 pero no requieren de aprobación expresa de Europa por lo que su redacción final no es tan urgente. La otra cara del REF es la parte fiscal, y esta sí que necesita de aprobación por parte de la Comisión Europea. El viceconsejero de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea, Idelfonso Socorro, nos explica cómo el lado fiscal del REF sí requiere el visto bueno cada siete años por tratarse de excepciones a algunos Tratados de la Unión Europea.

Actualmente el ejecutivo de Paulino Rivero ha elevado una propuesta el ministerio de Hacienda con el consenso de todos los partidos con representación en el Parlamento de Canarias. El presidente, y también el consejero de Economía y Hacienda, Javier Sánchez Ortiz, se han jactado de la trasparencia y el consenso con el que ha contado el nuevo texto pero la versión es otra si acudimos a los distintos agentes sociales.

Antonio González Viéitez es un reconocido economista ligado a la Izquierda Canaria. En su opinión no ha existido consenso alguno en la redacción de esta nueva norma tan trascendental para nuestro futuro. Añade Viéitez que la propuesta consensuada de la que habla Paulino Rivero está llena de oscurantismo y secretismo y que el único consenso que tiene es la de los empresarios.

Precisamente a los empresarios también hemos querido preguntar acerca de esta propuesta y de cómo se han llevado las negociaciones y lo cierto es que, a la luz de lo que nos cuentan, no están del todo satisfechos de cómo se ha desarrollado el proceso. José Cristóbal García es el Secretario General de la Confederación Canaria de Empresarios. Él no ve que haya existido una gran participación como sí la hubo en otros procesos similares y resume la participación de los empresarios en las reuniones que han tenido con técnicos del Gobierno donde estos les han explicado por donde van las directrices presentadas por el Gobierno de Canarias y en las veces que 'motu proprio' se han dirigido al ejecutivo, regional y estatal, para hacerles llegar las propuestas del empresariado canario.

Lo cierto es que un asunto tan crucial para las Islas como lo es la reforma de nuestro particular Régimen Económico y Fiscal, que nos influye a todos los canarios por igual en la mayoría de las tareas cotidianas, no ha contado con un debate que se haya extrapolado a la sociedad canaria como sí ha sucedido por ejemplo con otros asuntos que se antojaron vitales en su tiempo como pudo ser el debate por la nueva Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, o también la propia aprobación del primer REF en el año 72. Paulino Rivero asegura contar con un amplio respaldo de la sociedad canaria y su consejero del ramo declaró recientemente en la Cámara que la reforma se está haciendo “con luz y taquígrafo”.

No es difícil adivinar que el conocimiento y dominio del REF es algo que escapa a un gran porcentaje de los habitantes del Archipiélago. Ni ahora que debe ser reformado, ni antes cuando se encontraba en plena vigencia ha sido un tema de debate o tertulia como sí lo han sido otras cuestiones de menor calado. Sobre la actual reforma que está en curso el Gobierno de Canarias ha elaborado una campaña informativa con unos anuncios en televisión y una exigua página web en la que con unos vídeos y unos pocos párrafos se intenta explicar de forma esquemática y sencilla tan compleja cuestión. Desde la consejería son conscientes de ellos y su viceconsejero reconoce que a nivel de la ciudadanía es complicado que se genere un debate social siendo un tema de tan difícil manejo. Afirma Socorro que incluso se hizo una encuesta sobre la reforma del REF que se lanzó en la web a principios de 2012 y que contó con una escasa participación de los internautas.

Para el Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, José Ángel Rodríguez, no cabe duda de que esta reforma ha contado con una operativa diferente a las anteriores. Según sus palabras ha seguido una logística más ligada a los despachos y a técnicos de la administración pero con un debate que no ha calado en la opinión pública. Su explicación para esto parte de la coyuntura económica actual que hace que todos los temas económicos, incluso aquellos con una trascendencia estratégica como este, queden en un segundo plano tapados por la crisis en la que estamos inmersos.

Tampoco los sindicatos celebran la forma en la que se está llevando a cabo el proceso. Tanto Gustavo Santana, Secretario general de UGT en Canarias, como Juan Jesús Arteaga, de CCOO, coinciden en señalar que ni ha existido consenso ni ha interesado generar un debate público en torno a esta crucial reforma. Santana afirma que si bien es verdad que la propuesta de reforma salida de la resolución del Parlamento canario es fruto de un consenso político, no ha existido tal consenso con el resto de actores. Arteaga cree que el Gobierno canario ha utilizado esa famosa resolución para atrincherarse en ella y alegar consenso cuando no es lo mismo un debate abierto y público a que te pidan opinión sobre un tema.

Una resolución consensuada entre la clase política

No estamos acostumbrados a que las distintas fuerzas políticas converjan muy a menudo en el quehacer legislativo de las distintas cámaras. Esta vez sí ha sido así y fruto de ello es la resolución del 12 de julio de 2013 sobre la reforma del REF que contó con el apoyo del grupo de gobierno formado por CC y PSOE pero también con los votos de NC y PP desde la oposición.

En sus antecedentes queda patente la necesidad de actualización de nuestro sistema fiscal pero también la falta de claridad de algunas herramientas recogidas en él y que necesitan de una subsanación como por ejemplo la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC). Siendo un régimen que no puede ser permanente debido a las exigencias y procedimientos que emanan de la legislación europea también se hace hincapié en estos antecedentes en la necesidad de dotar de una mayor seguridad jurídica a los inversores que decidan apostar por Canarias. En el documento se enumeran una serie de aspectos clave calificados como ejes de la reforma y a partir de ellos se citan un total de seis propuestas de reforma en la parte fiscal y otras cuatro en la económica. Este texto marco es la base principal de las negociaciones que se están desarrollando con la cartera que dirige el ministro Cristóbal Montoro. Sobre los entresijos de las negociaciones poco se sabe ya que el ejecutivo canario ha decidido que los puntos y detalles finales no se conozcan hasta la culminación de la propuesta definitiva que se envíe a Bruselas.

Dentro de las propuestas recogidas en la resolución una de las que más polémica y debate ha generado tiene que ver con la RIC y no precisamente por algo que haya quedado recogido dentro de esa propuesta si no por unas declaraciones posteriores. La RIC es un instrumento recogido dentro de nuestro REF que permite a las empresas de determinados sectores asentadas en Canarias una reducción de hasta el 90% de los beneficios no distribuidos en el Impuesto de Sociedades. Esta herramienta fue creada para lograr una autofinanciación de las inversiones de aquellas empresas que apuesten por Canarias. Desde diferentes sectores siempre se ha tachado a esta de opaca. Aunque las acciones que se llevan a cabo a través de ella están controladas por la Agencia Tributaria, lo cierto es que resulta complicado conocer de qué forma se ha reinvertido ese capital y lo más importante, si ha servido para los fines por los que la RIC fue creada.

El debate que actualmente está en los foros de opinión tiene que ver con unas declaraciones realizadas por el Secretario General del PP en Canarias, Asier Antona, quien aseguró que existiría la posibilidad tras la reforma del REF de que parte de los recursos de la RIC pudieran reinvertirse en África. Con estas declaraciones se abrió la caja de truenos y comenzaron unos cruces de declaraciones y acusaciones que llegan hasta hoy. El propio viceconsejero ha querido ser contundente al respecto asegurando que tal posibilidad ni está presente ahora ni lo va a estar en un futuro. Los sindicatos tampoco ven viable esta propuesta y desde La Universidad de La Laguna, el catedrático José Ángel Rodríguez asegura que los sistemas de control de muchos de los países africanos no garantizarían que estos incentivos ayuden de verdad a ganar posicionamiento a la empresa canaria.

En las propuestas consensuadas por la Cámara canaria figura la posibilidad de que la RIC continúe con sus posibilidades actuales pero buscando el fomento de la financiación pública y privada con unas inversiones destinadas a la deuda pública canaria, a la constitución de reservas que se dediquen a la I+D+i o a proyectos de renovación y remodelación turística entre otras posibilidades.

Otro de los aspectos clave de esta reforma vendría de la mano de la reforma de la Zona Especial Canaria (ZEC). Una herramienta que nace en el año 2000 bajo la autorización de la Comisión Europea buscando promover el desarrollo económico y social de Canarias para así diversificar su tejido productivo. La zona ZEC permite a empresas del sector servicios instalarse en cualquier punto de Canarias y a aquellas que se dediquen a la producción, transformación y comercialización de mercancías a hacerlo en determinados enclaves situados en puntos estratégicos cerca de puertos y aeropuertos canarios. Estas empresas quedan sometidas a una tributación especial que se traduce en la reducción al 4% en el Impuesto de Sociedades. La propuesta que baraja el Gobierno de Canarias se traduce en una actualización del sistema para atraer la llegada de nuevos inversores y se permitirán que nuevas actividades puedan operar en la nueva zona ZEC, que tendría vigencia hasta 2026 y ninguna limitación territorial como sí la tiene ahora.

Desde los sindicatos se interpreta esta posibilidad como una búsqueda para convertir a Canarias en un nuevo paraíso fiscal. Asegura Gustavo Santana que una zona ZEC sin límites atraerá a muchas empresas que quieran localizarse en las Islas gracias a la presión fiscal tan baja que existe y los costes laborales menores que los que hay en el resto de Europa. No lo ven así desde la Confederación de Empresarios donde opinan que la propia Unión Europea no permitiría que Canarias se convirtiese en un paraíso fiscal a través de la deslocalización de empresas. Según su visión lo que permitirá esta reforma es que vengan empresas de otras actividades que de otra forma, sin esos beneficios fiscales, no se instalarían en las Islas de ninguna de las maneras.

Espaldarazo a la desigualdad social

Así han calificado desde algunos sectores lo que consideran la “insolidaria” propuesta que los empresarios canarios han presentado para la reforma del REF. Piden una reducción en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades de un 50% además de una reducción en las cuotas que pagan a la Seguridad Social que se traduciría, según su postura, en el incremento del empleo y del consumo. Sin embargo, los sindicatos abogan más por una progresividad fiscal que no pongan en peligro el actual sistema de protección social: “Esto no tiene cabida porque ya hay distintas tipologías de contrato con diferentes bonificaciones”, añade Gustavo Santana. Antonio González Viéitez se muestra más contundente al respecto y tacha de bochornoso que se pida que las rentas altas canarias también paguen la mitad por el mero hecho de ser Canarias.

Según él, esto significaría un auténtico espaldarazo a la desigualdad social ya existente en las Islas. Tampoco le suena bien esta propuesta al Catedrático de Economía Aplicada, Rodríguez asegura que el Impuesto de Sociedades está muy marcado por lo que hacen los competidores internacionales y dependerá de ello lo que se haga con el tipo impositivo actual para que la UE pueda competir con el mercado asiático y Estados Unidos. Sobre el IRPF cree que es un impuesto que ha ido perdiendo chance debido a todas las bonificaciones y reducciones que se le aplican y que primar con estas reducciones a los que más tienen no es procedente con los altos niveles de pobreza y desigualdad que sufre el archipiélago.

La singularidad y lejanía de las islas Canarias reconocidas en Europa

La realidad diferenciada de Canarias queda recogida en los cuerpos legislativos europeos y canarios. En el Tratado de Lisboa aprobado por los 27 en 2009 para modificar los tratados constitutivos de la Unión; el de Roma de 1975; y de Maastrich de 1992 hacen referencia expresa a las islas, junto a otros territorios, como merecedores de medidas específicas. En nuestro Estatuto de Autonomía esta singularidad queda igualmente recogida.

Artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:

Teniendo en cuenta la situación estructural social y económica de las islas Canarias (...), caracterizada por su gran lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima adversos y dependencia económica de un reducido número de productos, factores cuya persistencia y combinación perjudican gravemente a su desarrollo, el Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará medidas específicas orientadas, en particular, a fijar las condiciones para la aplicación de los Tratados en dichas regiones, incluidas las políticas comunes.lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima adversos y dependencia económica de un reducido número de productos

(...) Las medidas contempladas en el párrafo primero se referirán, en particular, a las políticas aduanera y comercial, la política fiscal, las zonas francas, las políticas agrícola y pesquera, las condiciones de abastecimiento de materias primas y de bienes de consumo esenciales, las ayudas públicas y las condiciones de acceso a los fondos estructurales y a los programas horizontales de la Unión.

Capítulo I, Artículo 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias:

Canarias goza de un régimen económico-fiscal especial, propio de su acervo histórico y constitucionalmente reconocido, basado en la libertad comercial de importación y exportación, no aplicación de mono- polios y en franquicias aduaneras y fiscales sobre el consumo.régimen económico-fiscal especial, propio de su acervo histórico y constitucionalmente reconocido

Dicho régimen económico y fiscal incorpora a su contenido los principios y normas aplicables como consecuencia del reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea, con las modulaciones y derogaciones que permitan paliar las características estructurales permanentes que dificultan su desarrollo.reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea

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