Entre el derecho a la vida y la libertad de decidir

Embrión humano a las 5 semanas.

Fernando Del Rosal

Las Palmas de Gran Canaria —

La existencia o carencia de una prerrogativa legal que permite a la mujer la interrupción voluntaria del embarazo genera unas pasiones encontradas entre la ciudadanía que parten desde la ética y llegan hasta el análisis científico, al tiempo que transitan junto a la moral y las creencias religiosas. En base a los datos históricos que se pueden consultar en la página del instituto Nacional de Estadística (INE), el mapa geográfico de este derecho en Europa refleja disparidad. Mientras en Irlanda el aborto no está permitido, en Italia solo es legal para las mujeres residentes en el país, como en los Países Bajos. Estos últimos Estados aseguran un derecho a sus ciudadanas a la vez que se previenen contra el efecto llamada de mujeres extranjeras que se planteen pernoctar en una clínica foránea para culminar al fin la intervención ginecológica. En España el aborto no estuvo permitido hasta la ley socialista de 1985 y hasta entonces nunca se permitió, salvo en Cataluña durante la II República. Aquella Ley del Aborto, que contemplaba tres supuestos válidos dentro de una regla de plazos, solo fue sustituida por la Ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Si la del 85 contemplaba el aborto en caso de que hubiera un “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada” en cualquier momento de la gestación, en caso de violación en las 12 primeras semanas y en caso de que se presumiera que “el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas” en las primeras 22 semanas, la ley impulsada por la que fue ministra de Igualdad, Bibiana Aído, permitía el aborto libre hasta la semana 14 de gestación y, hasta la semana 22, en caso de que existiera grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada o riesgo de graves anomalías para el feto. En el caso de anomalías fetales incompatibles con la vida no existían restricciones de tiempo para abortar y a las menores de entre 16 y 17 años se les permitía abortar sin necesitar la autorización de sus padres. La aprobación del anteproyecto de Ley de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada elimina los supuestos anteriores y los reduce a dos: si el peligro para su salud supone un “menoscabo duradero” y en caso de violación dentro de las 12 primeras semanas y siempre que exista una denuncia previa de la agresión sexual. El primer supuesto, en el que se contemplan las “anomalías fetales incompatibles con la vida” siempre que afecten a la madre, está condicionado un informe de dos médicos distintos que corroboren ese riesgo como real.

En Canarias varios son los colectivos que se alinean a favor del aborto y entre ellos cobra una mayor dimensión el llamado Yo Decido, extendido a nivel estatal y que aglutina distintos sectores políticos y de lucha por las causas de las mujeres, aunque surgen nuevos como Poder Violeta con una dinámica de base e integrada por jóvenes. La militante de Izquierda Unida Canaria (IUC) Victoria Lara, también vinculada al movimiento Yo Decido, se muestra contundente ante los preceptos del anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno del Partido Popular: “Es una ley que nos hace retroceder muchos años, los efectos son más restrictivos que la ley del 85. Ya no es solo los supuestos sino las trabas burocráticas que debe pasar para abortar. Parece que las mujeres son seres que no pueden decidir por sí mismas, y por lo tanto tienen que estar totalmente tuteladas por la ley para decidir ser madre o no. Esto nos va a llevar a situaciones peligrosísimas, de personas que decidan abortar con algún método peligroso, o que vayan a clínicas clandestinas porque se encuentren en situaciones desesperadas”. Desde IU hacen una defensa pragmática del aborto en base a un criterio economicista, y así lo explica Lara: “Ya las mujeres sufrimos una mayor desigualdad en cuanto a salarios e imponer a las mujeres una maternidad no querida, que muchas veces acarrea unos cuidados (maternos), y esto nos va a dejar en una situación de precariedad mayor” y una situación laboral más inestable. La maternidad para con el neonato, “que impide a la mujer tener una situación laboral mejor y le impedirá tener una mejor pensión en el futuro, a la vez está en consonancia con los recortes en Sanidad, con copagos, recortes en Educación y a la Ley de Dependencia” es el momento frágil de la madre que pone de relieve Lara. “La mayoría de las personas que se intentaron acoger como cuidadores a la Ley de Dependencia para recibir una prestación eran mujeres”, dice la representante de IU en referencia al subsidio por maternidad que reciben los progenitores durante los periodos de baja o permisos. “Es imposible, con todos estos recortes, llegar a tener eso que se habla mucho de una conciliación de la vida familiar y laboral”, apunta Lara, “todo esto lo que hace es empujar a las mujeres a una situación de dependencia económica y volverla a empujarla al hogar”.

Además, Lara apunta que este anteproyecto, igual que el anteproyecto de Seguridad Ciudadana o los recortes, “está totalmente imbuido por la ideología del PP, que propugna que seamos los trabajadores los que paguemos la crisis, y además se nos están restringiendo todo tipo de derechos, civiles, democráticos, laborales y en este caso derechos reproductivos y sexuales”.

Así pues, para IU la problemática se asienta en una dimensión social: “La maternidad en España es muy baja y eso no está relacionado con la Ley del Aborto, sino con que las mujeres, si están embarazadas o tienen hijos, se van a encontrar con situaciones en las que no las van a contratar, o incluso yo conozco casos de mujeres que cuando vuelven de su baja por maternidad son despedidas”. La joven militante cree que “se está dificultando muchísimo que una mujer que aspire a una independencia económica pueda formar una familia y solo las que tienen un puesto de trabajo muy seguro suelen ser las que se atreven a tener dos o más hijos, o si no hablamos de maternidades muy tardías, precisamente por una situación de precariedad que se prolonga en algunos casos hasta más allá de los 30 años”. La segunda vertiente negativa de la propuesta del ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón en la que inciden desde IU es la sanitaria, puesto que con el anteproyecto se prevé que la pena jurídica (criminal) recaiga sobre el personal sanitario, tanto el que practica el aborto como las dos partes que obligatoriamente deben aprobar la intervención quirúrgica, lo que inoculará el “temor” entre los facultativos en lo que respecta a los abortos sobrevenidos. Desde IU inciden en este tema en tanto en cuanto ese temor puede derivar en la indecisión del médico a la hora de practicar ciertas intervenciones ginecológicas, cuya no aplicación pudiera provocar “graves problemas” para la mujer. “Creemos que debe estar fuera del ámbito penal el aborto voluntario”, sentencia Lara.

Así, resume Lara, en su partido abogan por que “cualquier reforma” que se plantee se haga en base a la ley de marzo de 2010, por extraer el aborto voluntario del ámbito penal y por “regular en los hospitales públicos la objeción de conciencia que puedan plantear los médicos y que no sean instrumentos de la presión de las capas más reaccionarias que hay en el sistema sanitario”. Entre aquellas posibles reformas defienden “el aborto libre y gratuito”, para evitar las brechas económicas por las que solo algunas mujeres encintas se permiten la inversión económica que supone trasladarse a un país donde pueden interrumpir el embarazo legalmente, y que el peso de la ley caiga sobre los “sectores más desfavorecidos”. Además ponen el acento en que en las clínicas privadas, los trámites “previo pago” para certificar la viabilidad del aborto serán más “sencillos” y que, al contrario, las que quieran practicar un aborto con “pagos más pequeños” en clínicas clandestinas se someterán a “tratamientos o métodos que podrían ser peligrosos y que no son seguros”.

“Son solo creencias”

La defensa al respecto de un marco legal como el anterior de 2010 se fundamenta para la activista feminista Isabel Suárez, en que abortar es “una cuestión de plazos”, que “no se puede imponer” y que “no hay una cuestión científica” sobre el aborto que lo trate como un asesinato, amén de que el argumento de los llamados “pro vida” no refuta el posicionamiento feminista a favor de la vida. “Lo que no puede ser es que se impongan unas creencias cuando los científicos aplican el derecho de vida al recién nacido” que puede vivir con autonomía y sin ayuda médica, porque “eso son solo creencias e ideologías, nada más”, asevera Suárez. Militante en la Red Feminista de Gran Canaria y el Colectivo de Mujeres Canarias, Isabel Suárez reconoce que el anuncio de Gallardón “ha sentado como una losa encima para todas las mujeres que llevamos luchando desde los años 80 por la capacidad de decidir la maternidad”, e incide en el hecho de que esta legislación proyecta una idea de mujer que “es incapaz de tomar decisiones y que necesita ser protegida”. Por otro lado, lamentan el que el borrador omita “las medidas de prevención de la actual Ley del aborto” con la que “ni se obliga a ser madre ni a abortar, y eso es lo que con esta pretendida ley se coarta” y enfatiza que “nadie es abortista ni defiende el aborto como un bien para la mujer, y lo que está diciendo la derecha es evidente: El aborto no es un derecho, porque es un recurso de la mujer a decidir”. Radica en esta problemática una cosificación de la mujer por la que, según Manrique, “hay un sector de la población representado en este momento por Gallardón con una serie de personas de derechas que no creen en la libertad de las personas y un sector de la Iglesia Católica que considera que todavía tiene que ejercerse poder contra las mujeres, que tienen que estar al servicio de los hombres, ya que al final son los que deciden según este proyecto de ley”.

Suárez Manrique de Lara integra la coalición política Canarias por la Izquierda-Sí se Puede y ha jugado un papel protagonista en las luchas feministas grancanarias. Reconocida en marzo de 2012 con el Premio Simone de Beauvoir, que otorga la Plataforma de Acción Feminista Canaria, en reconocimiento a su compromiso con el Feminismo y a su aportación a la Historia de las Mujeres en Canarias. La isleña destaca por su terquedad en la lucha contra los agravios y estereotipos de género. No pierde, además, la oportunidad de señalar a aquellas mujeres que dan por bueno el borrador de los populares y que “aceptan ese dominio y control, pero después si tienen oportunidad abortan en clínicas privadas, cosa que ya conocemos de hace muchos años, eso es lo que se hacía antes”.

La causa de “el derecho a la vida”

“La valoración que hago (del borrador) es positiva por tres razones: la primera es que lo peor que puede pasar con el aborto es lo que ha pasado en España desde hace casi 30 años, que apenas se ha hablado de ello, conociendo una cifra de 100.000 abortos al año, si hubiera 100.000 accidentes de tráfico, 100.000 violencias domésticas o 100.000 robos de celulares, seguramente alguien haría algo, pero en este país hemos estado anestesiados y por lo tanto valoro positivamente que tras esta ley se vuelva a hablar del aborto”. El presidente de la Asociación Provida de Madrid, Jesús Poveda, autor de estas palabras, es acreedor del premio HO 2013, que concede anualmente el medio de comunicación digital HazteOir.org, un galardón que, según se especifica en la propia web, reconoce “a personalidades del mundo político, asociativo y cultural nacional e internacional que se han destacado por su contribución a la defensa del derecho humano a la vida de todos los seres humanos, de la libertad religiosa, de la libertad educativa y de la familia natural, así como a aquellas otras libertades y derechos fundamentales, base del bien común y de una sociedad en progreso”. Poveda ejerce como profesor de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y es una figura de relevancia dentro del movimiento antiabortista, que compagina la docencia con la promoción de lo que se ha dado en llamar el “rescate”, acción que ejercen determinados activistas en las clínicas por la que tratan de convencer a la mujer para no interrumpir el embarazo. El profesor universitario fue detenido por la Policía Nacional en diciembre de 2011mientras participaba en una concentración ante la clínica madrileña Dator, en protesta por los abortos que se realizan en este centro médico”, tal y como se pudo leer en varios medios (entre ellos 20 Minutos.es) el día 28 de aquel mes, y en donde se mencionaba la acusación por parte de fuentes policiales a una persona, sin especificar cuál (habida cuenta de que hablaban de otros cuatro detenidos) por “desobediencia y resistencia a la autoridad”.

“También valoro positivamente que se resitúe la cuestión del aborto donde yo creo que debe estar, que no es en los derechos, ya que si una mujer está embarazada y sigue adelante y se habla de que se la excluye de utilizar un derecho es como muy patético, o sea que con la Ley Aído, si estando embarazada no abortabas no usabas los derechos como mujer, lo cual a mí me parece que era injusto, creo que es mejor la situación en la que va a estar ahora”, desarrolla el propio Poveda. Otro aspecto que este antiabortista considera positivo de la futura ley es el hecho de que “afirma, igual que yo afirmo como médico, que llevo más de 25 años, que la mujer es una víctima del aborto”. De otro lado, el profesor universitario afirma echar “en falta en esta ley una cosa que considero fundamental, que es el tema de la ayuda, creo que promulgar leyes en un sentido o en otro, si no van acompañadas de ayudas concretas, puede ser bastante ineficaz”.

Poveda, que ejerce también como médico en una consulta de psicopatología de la adolescencia, reivindica unas carencias de las que adolecerá la Ley Gallardón que “podrían materializarse no necesariamente en ayudas económicas”, y que “se podría facilitar ayudas en cuanto a escolarización de hijos, a guarderías infantiles y alimentación de los primeros meses de vida”. De modo que, entiende Poveda, “la excusa que ha puesto el ministro de Justicia de que Montoro le ha dicho que no hay dinero” no quita que “el dinero no lo es todo, son las ayudas, que a veces no son estrictamente económicas, sino en servicios, que pueden ser muy útiles”. El psiquiatra valora positivamente la opción de tarjetas para las madres, a imagen de las tarjetas para ancianos, dotadas de chips y que permiten acceder a ayudas y prestaciones sociales directamente y sin mediación burocrática directa; “pienso que falta un poco de imaginación”, arguye.

El criterio científico

El profesor Poveda hace memoria: “Llevo más de 25 años trabajando en el movimiento pro vida, he trabajado en el Hospital de La Paz (En Madrid), y nunca he tenido que hacer objeción de conciencia u objeción ética para aconsejar que un embarazo siga adelante o desaconsejar un aborto, me ha bastado con usar la objeción de ciencia, científicamente se sabe que el aborto es un fracaso”. Su argumentario plantea que “la naturaleza tiene sus métodos para producir abortos”, que “más de un 15% de los embarazos acaban en abortos naturales o espontáneos”, y que, en cualquier caso, “no hace falta un argumento religioso”, sino que este serviría para reafirmar o confirmar “una verdad que uno tiene”. Pero “lo que comienza en el momento de la fecundación no es religioso sino científico, igual que pasas de estar vivo a estar muerto y eso se llama fallecimiento, pasas de no estar a estar, y eso se llama momento de la concepción”, desgrana Poveda. El anteproyecto prevé el aborto si una “anomalía fetal incompatible con la vida” causa riesgo psicológico en la mujer, lo que se deberá acreditar con un informe sobre el feto y otro informe sobre la salud de la madre. En este punto y como psiquiatra, Poveda afirma que “esto ayuda a proteger a la mujer”, ya que pese a que “en muchos casos se han practicado abortos acogiéndose a una supuesta enfermedad mental que se ha indicado desde la propia clínica”, esto viene a ser “como si yo mismo hiciera la declaración de hacienda que creyera que tengo que hacer, y siempre me saliera a devolver”. Dice además que en estos centros “ven abortos donde no los hay, se han prescrito abortos por depresión cuando no la había, es más, si algo lesiona la psicología de una mujer es un aborto, que es un fracaso en la intimidad y en la relación sexual”. De este modo, el militante pro vida ve “un acierto” que la ley contemple la vigilancia facultativa por parte de segundas y terceras opiniones externas a la clínica en cuestión.

Por su parte, Manuel Sosa, ginecólogo del grancanario Hospital Materno Infantil, esgrime desde la postura contraria. Rechaza la intencionalidad restrictiva del proyecto legal de Gallardón, ya que cree que “va en contra de la libertad de la mujer que no le va a solucionar ningún problema, sino que se le ha creado” y que “criminalizar no solo a la mujer sino también a los médicos es ir en contra de las libertades de la gente”. Asegura que “reprimir el aborto no impide que haya menos, sino simplemente que la que se lo pueda pagar se lo pague y la que no lo va a seguir haciendo”.

El factor económico y la adopción

En otro orden de cosas, Jesús Poveda apunta a una solución alternativa a la perspectiva de abortar mediante la promoción de la adopción: “Parece que no tiene mucho sentido que en España haya sólo 500 adopciones nacionales y en cambio haya varios miles de adopciones internacionales y una lista de espera de más de 10.000 familias españolas que optan por la adopción” y además, apunta el especialista en psiquiatría, “haya 100.000 abortos por personas que no pueden hacerse cargo de los niños y 10.000 familias que quieren adoptar, creo que ahí hay una conexión que no se ha hecho en estos 30 años”.

Por su parte, Manuel Sosa pone de relieve los casos que pueden “hundir la vida de las personas”, como los de bebés mal formados, un paso más de “un gobierno que recorta en Ley de Dependencia y en asistencias, que quiere condenar a familias enteras a la más absoluta de las desgracias”. E incide en la línea educativa: “A ningún médico le gusta practicar abortos, hay que potenciar la educación sexual y reproductiva, los métodos anticonceptivos, que ya los han quitado de la financiación públicas casi todos otra vez” y que el aborto libre y gratuito ha de contemplarse como “último recurso”. A este particular de vital importancia, añade Sosa que en el texto de 14 páginas de la Ley de 2010 se explica la legalidad del aborto en una, y en el resto se vinculaba la legalidad a la necesidad de la educación en las escuelas, potenciar la preservación de embarazos no deseados y de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), vínculos que desaparecen del borrador.

El ginecólogo isleño adelanta, por otro lado, que “desde las sociedades científicas, a las cuales yo pertenezco, nadie conoce a nadie que se haya reunido con el Gobierno”, pese a que el Ejecutivo “dice” lo contrario, para “confeccionar esta ley”, y denuncia: “Desde que esto pasó de Igualdad a Justicia ya se sabía que se iba a hacer una penalización criminal”.

Empobrecimiento de la Sanidad Pública

Parece advertirse de fondo en el anteproyecto de ley del aborto una consecución económica y política lógica de la deriva adoptada por el Gobierno en su particular “transición paulatina con recortes” hacia una mayor preponderancia de los centros sanitarios privados respecto de la Sanidad Pública, a la que se va despojando de unos recursos que garantizaban sus capacidades para cubrir las demandas y necesidades sociales, entre ellas la del aborto libre. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública llevó a cabo una contabilidad en base a los presupuestos oficiales de cada Comunidad Autónoma, con la que concluyó que en conjunto la rebaja de inversión por habitante y año alcanzó los 152 euros desde 2010. Por otro lado, la Estadística de Gasto Sanitario (EGSP), elaborada por el Ministerio de Sanidad, ha puesto de relieve que en el 2013, el sistema de salud disponía de 3.000 millones de euros menos que hace tres años. En este contexto, Sosa cree que “esto es mandar a la gente a la clandestinidad o pagarse fuera o dentro de España lo que antes realizaba la Sanidad Pública sin ningún problema ni conflicto”, y que “las mujeres, y eso lo he vivido en primera persona y día a día, lo vivían (el aborto) con la pena de interrumpir un embarazo, porque su hijo tenía una enfermedad, pero con el agradecimiento y la alegría de saber que lo podían hacer en condiciones dignas, sin dolor, con apoyo psicológico y gente preparada”.

Ante esta tesitura, el ginecólogo desvela el planteamiento de una reunión con los dueños de las dos clínicas que practican el aborto en la Isla, Nuestra Señora del Carmen y Gara, así como con trabajadores sociales y abogados para llevar a cabo grupos de trabajo con mujeres que les proporcione asesoramiento jurídico e información sobre medidas médicas a las que se puedan acoger. Esta iniciativa arranca para mitigar su vulnerabilidad ante la futura aplicación legal en cuestión, y así, puntualiza Sosa, “que no se vean abandonadas” en última instancia. Este apoyo, según el facultativo, se prolongará en el tiempo como contramedida a los posibles efectos negativos de la ley.

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