Discapacidad, la gran olvidada
En Canarias se habla constantemente de las personas dependientes y sus carencias debido a la mala gestión que durante años se ha hecho de la Ley de Dependencia. Sin embargo, poco o nada se sabe de las personas discapacitadas, hasta el punto de que no existe un censo oficial que pueda llevar a las autoridades a acometer líneas de acción y concretas destinadas a este colectivo.
La falta de datos sobre la discapacidad en Canarias ha llevado a que en esta legislatura en el Parlamento se haya creado un comisión especial para conocer la realidad de este colectivo. Asimismo, el Grupo Parlamentario de Podemos ha presentado una iniciativa para que el Gobierno regional elabore un Plan Estratégico de inclusión, atención y apoyo a las personas con discapacidad.
Según los datos de la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD) de 2008, que son los últimos de los que se dispone, el 6,8% de la población canaria (138.344 personas) declaraba tener alguna discapacidad o limitación para actividades de la vida diaria; de ellos, 80.864 eran dependientes (58,4%), es decir, que precisaban la ayuda de una tercera persona pues no pueden valerse por sí mismos.
Además, 7.343 personas vivían en centros residenciales, hospitales psiquiátricos, gerontológicos y otros centros para personas con discapacidad. De ellos, 6.293 declararon tener alguna discapacidad y 5.524 eran dependientes.
Asimismo, y según la referida encuesta, el origen de las discapacidades es también diferente según la edad: suele ser mental en la población infantil y osteomuscular y sensorial en la población de más edad. En los niños, las deficiencias congénitas, de nacimiento o desarrollo, son importantes mientras que entre los mayores destacan los problemas degenerativos.
Hace un año, los trabajadores del Centro Base (órgano encargado del procedimiento necesario para fijar y reconocer el grado de discapacidad) denunciaban que el mismo estaba colapsado, hasta el punto de que existía una media de un año y medio de retraso a la hora de atender las solicitudes para ser valoradas y obtener un reconocimiento de minusvalía por primera vez. Una lista de espera que aumentaba a los dos años y medio en el caso de las personas sometidas a revisión.
Un nuevo déficit crónico que sumar a los muchos de la Administración canaria, agravado por el hecho de que la plantilla del Centro Base es la misma que cuando se creó, hace 21 años, mientras que la demanda se ha duplicado y sigue en aumento.
Y es que aunque es cierto que el número de ayudas o beneficios que tienen las personas con discapacidad ha aumentado de forma notable, para obtener una Pensión No Contributiva de Invalidez, servicios de la ley de dependencia e incluso bonificaciones o exenciones fiscales necesitan contar con el grado de minusvalía. Un retraso de hasta una año y medio repercute en la consecución de la ayuda.
Incluso los trabajadores del Centro Base llegaron a asegurar que la situación era más grave para las personas que solicitan el reconocimiento de discapacidad para poder tramitar una Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez, puesto que la espera de año y medio para ser atendido en el centro base, tendrá que añadir al menos otros seis meses en la Dirección General de Servicios Sociales.
Todo un caos que, al revés de lo que sucede en Sanidad o en todo lo que rodea la Ley de Dependencia, ha pasado desapercibido mediáticamente.
Ese vacío puede deberse a que, como recuerda Podemos en su iniciativa, Canarias sólo ha dispuesto de un único Plan de Discapacidad aprobado en 2005 y que estuvo vigente hasta 2010. Es decir, que en los últimos 6 años ha existido la nada para este colectivo de cerca de 150.000 personas por parte del Ejecutivo regional.
“Siendo un colectivo numeroso, vulnerable y creciente debido al envejecimiento de la población, es imprescindible dar una respuesta coordinada y de gran alcance a una necesidad que viene siendo histórica”, se argumenta en la exposición de motivos de la propuesta que impulsa la formación morada.
Un plan que debe basarse en un diagnóstico adecuado y en unos datos ahora inexistentes para facilitar las condiciones de vida de las personas con discapacidad y que, como argumenta Podemos, gocen “de más oportunidades para vivir una vida digna”.
El Plan Estratégico de la Discapacidad debería contar con la colaboración de las asociaciones y colectivos que están compareciendo en el Parlamento con el fin de visibilizar la realidad y las necesidades de las personas con diversidad funcional. Un Plan que, además, debería ser transversal para que implique a todas las consejerías del Ejecutivo y que condicione las políticas y programas que ponga en marcha cada uno de los departamentos.
Una actuación imprescindible si se tiene en cuenta que Canarias ha registrado por primera vez más personas senior que jóvenes, con un índice de envejecimiento del 101%, lo que significa que cuenta con 101 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16 años, lo que convierte al Archipiélago en una sociedad cada vez más susceptible de incrementar su número de discapacitados.
