El verdadero hecho diferencial

Salvador Lachica / Salvador Lachica

​El pasado mes de diciembre se cumplieron16 años del vigente Estatuto de Autonomía, el que modificó el sistema electoral que ha imperado en Canarias durante cuatro legislaturas. Una polémica fórmula de acceso al Parlamento considerada por no pocas formaciones políticas como profundamente antidemocrática porque, aseguran, ha consolidado el verdadero hecho diferencial canario: que gane quien gane en las elecciones siempre gobierna Coalición Canaria.

En el último medio año NC ha propuesto en dos ocasiones (noviembre y febrero) a los grupos del Parlamento canario debatir sobre la reforma del sistema electoral. Y ha obtenido la callada por respuesta.

Por ese motivo, Rodríguez hará pública en la tercera semana de junio su propuesta para acabar con, según sus propias palabras, “uno de los modelos electorales más restrictivos e injustos del mundo”.

Desde el Partido Socialista Canario-PSOE hasta la Agrupación Herreña de Independientes, no han sido pocos los intentos de conseguir en estos últimos años modificar esta especial seña de identidad ultraperiférica diseñada por la propia Coalición Canaria (CC) en sus convulsos inicios de finales del pasado siglo. Un sistema tendente a castigar sin escaño a los partidos insulares que preferían quedarse fuera del proyecto en vez de abrazar a la cuna del moderno nacionalismo canario, permitido por el PP de José Miguel Bravo de Laguna, que se contemplaba como el sempiterno socio de gobierno.

Un sistema que le funcionó, con más o menos fortuna, a los conservadores hasta 2011 para acceder al Gobierno, mientras que a CC todavía no se le ha estropeado el invento.

El Estatuto de Autonomía sancionado por el Rey en 1996 reforzaba que una minoría poblacional del 17% pueda elegir la mitad del Parlamento, que se deba superar el 30% de los votos válidos emitidos en una isla para tener derecho a que se asignen diputados a un partido y que una circunscripción con menos habitantes que otra, disponga, sin embargo, de un diputado más.

Eso perpetra la triple paridad (Tenerife y Gran Canaria tienen los mismos diputados, juntas suman lo mismo que el resto de las islas y ninguna provincia tiene más escaños que la otra), aliñada con las abusivas barreras electorales, tan altas que son únicas no solo en España, sino en toda Europa, pues en otras comunidades autónomas oscilan entre el 3 y el 5%. Barreras que, para acceder a ayuntamientos y cabildos es el 5% y que para poder optar a un escaño en el Congreso de los Diputados se fija en el 3% de los votos.

Durante lustros el PSOE ha luchado, sin éxito, para cambiar este adefesio democrático. Ahora quien quiere abrir la Caja de Pandora es NC, una de las formaciones perjudicadas por el sistema, aprovechando que todo el arco parlamentario lleva en sus respectivos programas electorales las reformas electoral y estatutaria.

La presidenta del PSC y del Grupo Parlamentario Socialista, Dolores Padrón, ya lo dijo en el primer Debate sobre el Estado de la Nacionalidad de esta legislatura: “Ésta debe ser la Legislatura en la que se apruebe una Ley electoral regional”.

Padrón recordaba que así lo recoge el documento del Pacto de Gobierno. Y, además, consideraba que era necesario porque en un momento de tendencias conservadoras recentralizadoras y antiautonomistas serviría para fortalecer las instituciones democráticas avanzando en pluralidad, y reflejando de manera más fiel la voluntad popular expresada en las urnas.

El intento herreño

En 2001, curiosamente con Román Rodríguez como presidente del Gobierno, fueron los diputados de AHI (paradójicamente, la única formación a la que no perjudica ir en solitario a los comicios electorales sin el paraguas de CC) quienes, con la ayuda de los palmeros de Antonio Castro, forzaron que el Parlamento debatiera una propuesta de reforma del sistema electoral. Incluso se consiguió que formaciones como Izquierda Unida Canaria (IUC) y Los Verdes pudieran dar su opinión en la Cámara regional.

Los herreños propusieron eliminar el tope regional, pues la circunscripción electoral en el Archipiélago es la Isla, y rebajar la barrera insular al 15%. Su propuesta incluía también incrementar el número de diputados autonómicos a sesenta y seis, otorgando tanto a Tenerife como a Gran Canaria tres parlamentarios más, manteniendo el actual número de escaños para el resto de las islas.

La propuesta herreña tuvo el apoyo de las fuerzas políticas que no cuentan con representación parlamentaria como, por ejemplo, la Federación Nacionalista Canaria (entonces presidida por Ildefonso Chacón, uno de los fundadores de las AIC y de CC, que luego renegó del proyecto político) y la Unión Centrista-Centro Democrático Social.

Sin embargo, tanto CC como el PP impusieron sus votos para impedir que la propuesta saliera adelante.

Las dificultades que esta reforma genera en CC, por los intereses contrapuestos que tienen las distintas fuerzas que componen la formación nacionalista, han dificultado hasta ahora la modificación, aunque es cierto que este asunto genera luchas internas en todos y cada uno de los partidos políticos con representación en el arco parlamentario.

¿Prioridad o capricho?

Tradicionalmente, los socialistas han defendido la rebaja de los topes hasta el 20% en el caso insular y el 3% en el regional, tal y como estaban en el primigenio Estatuto de Autonomía, pero en la pasada legislatura su entonces portavoz, Santiago Pérez, llevó al Parlamento una propuesta que eliminaba el tope regional y dejaba en el 5% la barrera insular. El rodillo de CC y PP, una vez más, tumbó la iniciativa, aunque hay que decir que no parece que en estos momentos la actual dirección regional socialista que encabeza José Miguel Pérez esté por mantenerla.

El pasado mes de marzo, el secretario de Organización, Julio Cruz, afirmó en una rueda de prensa que “a los ciudadanos lo que les preocupa es el paro y la pobreza” por lo que la reforma electoral “no es una prioridad”. En todo caso, consideró que debía abordarse conjuntamente con la modificación del Estatuto, ambas cuestiones incluidas en el pacto de gobierno que invistió a Paulino Rivero como presidente del Ejecutivo, y que siguen defendiendo una “considerable” rebaja en las barreras electorales implantadas para acceder al Parlamento.

Apenas unos días más tarde, el vicesecretario de Política Institucional y Economía del PSC-PSOE, Francisco Hernández Spínola, precisó que la posición sobre la reforma electoral “no ha cambiado” con respecto a la pasada legislatura, y, por tanto, seguía siendo “una prioridad” para la formación.

“Para el PSOE siempre ha sido importante, y lo es, la reforma electoral”, porque refuerza la “calidad democrática”, dijo quien también es consejero regional de Presidencia, Justicia e Igualdad.

Con todo, los socialistas han asegurado que, si se aborda la reforma electoral, el documento que se usará como base es el texto incluido en la fallida modificación estatutaria de 2006. Un texto pactado en su momento con CC, votado por los ahora socios en el Parlamento y en las Cortes.

En concreto, el punto segundo de la Disposición Transitoria decía textualmente: “A efectos de la elección en las circunscripciones insulares, sólo serán tenidas en cuenta aquellas listas de partido o coalición que hubieran obtenido, al menos, el 15% de los votos válidos de su respectiva circunscripción insular, o, sumando los de todas las circunscripciones insulares hubieran obtenido, al menos, el 3% de los votos válidos emitidos en la totalidad de la Comunidad Autónoma”

Una fórmula mixta entre la que defendía AHI en 2001 y la que los socialistas han mantenido siempre.

NC va a relanzar la modificación de un sistema que deja fuera de la Cámara el voto de muchos miles de canarios en un momento en el que la desafección ciudadana hacia los políticos tiene sus cotas más altas y en el que se reivindica más participación y representatividad de la 'voz de la calle' en las instituciones.

Puede que, gracias a esa presión, ahora tenga más éxito. Pues un nuevo fracaso acentuaría hasta límites peligrosos la crisis institucional y democrática que la crisis está alimentando entre quienes otorgan su cuota de soberanía a diputados y diputadas.

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