Afectados de las oposiciones de infantil exigen una solución urgente
El Sindicato Enseñantes Asamblearios de Canarias (EA-Canarias) exigió este martes que la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ofrezca una salida inmediata para solucionar la situación creada a raíz de la adjudicación de plaza a los 275 opositores que la obtuvieron en las pruebas de acceso para Educación Infantil y la posterior suspensión del proceso de selección. Además, demandó la urgente convocatoria de la Mesa Sectorial para pactar con los representantes de los trabajadores las medidas a tomar, la primera de las cuales debe ser, en su opinión, el inicio del proceso de revisión de las pruebas escritas “a la menor brevedad posible” y la repetición de las orales, “en condiciones de legalidad, limpieza y transparencia”.
Éstas quedarían garantizadas con el nombramiento de un nuevo tribunal elegido de forma aleatoria, “ya que el anterior ha demostrado su parcialidad, al imponer sus presidentes ?seleccionados entre voluntarios- normas que rompen las bases de la convocatoria”, y la presencia sindical en el nuevo proceso evaluador. Una vez evaluados de nuevo los aspirantes, todos los aprobados deberían acceder a la fase de baremación de méritos para determinar quiénes obtienen la plaza, algo que no se hizo por decisión de los tribunales y la comisión de selección. “Esta es parte de la trampa de estas oposiciones, que los presidentes impusieron un número de aprobados por cada tribunal, subiendo la nota, en lugar de garantizar el acceso a la baremación a todos los aprobados”, explicó el portavoz del sindicato, Domingo Méndez.
Méndez sospechó de que la Consejería tiene pruebas de que estas irregularidades pueden constituir un delito de prevaricación y que “la constancia de que estas pruebas están en manos de más gente que podría denunciarles, es lo que les ha movido a suspender la oposición”.
Los afectados, por grupos
La aplicación de un procedimiento irregular en la adjudicación de plazas ha generado la existencia de varios grupos de afectados entre los opositores. Por una parte, los 275 docentes que ocupan desde principio de curso las plazas que se les asignaron en julio en una situación de “limbo jurídico, desconociendo qué tipo de vínculo contractual les une con la Consejería, ya que se les ha dicho que ni son interinos ni funcionarios en prácticas, y desconocen si mantendrán sus puestos de trabajo después de diciembre”, fecha que se ha fijado el departamento autonómico para tomar una decisión.
Méndez considera que esta “dilación de los tiempos” no hace sino complicar más aún la situación, incrementando las posibilidades de que alguna de las partes recurra a los tribunales con consecuencias inciertas, pero en todo caso negativas, para los opositores y para el sistema educativo público canario.
Así, EA-Canarias adelantó que, además de los aprobados con destino cuyas plazas están en entredicho, un grupo de aprobados que no lo obtuvieron están barajando la posibilidad de exigir una comparativa de sus exámenes con los que fueron mejor valorados, además de la valoración de sus méritos, que puede situarles por encima de quienes obtuvieron plaza.
A su vez, el proceso ha ocasionado la reorganización de las listas de interinos y sustitutos, con lo que el volumen de afectados es mucho mayor, por tener acceso a las mejores plazas los que ocupan los primeros puestos, entre ellos, docentes aprobados sin destino adjudicado.
Ceses por incompetencia
Ante este “desaguisado, del que culpan directamente a la Consejería por no controlar y fiscalizar debidamente el procedimiento, por no actuar con la necesaria celeridad ante la evidencia de irregularidades y por su incompetencia demostrada para resolver el conflicto”, EA-Canarias exige el “inmediato cese o dimisión del actual director general de Personal, José Manuel Hernández Borge, y de quienes, por encima de él, tengan responsabilidad sobre los graves acontecimientos descritos”.
Entre los que lograron plaza, hay un grupo de 161 profesores que ya ejercían en el sistema público como interinos o sustitutos y ahora han salido de las listas. Otro colectivo de 114 integran por primera vez la plantilla de la Consejería, para lo que dejaron sus anteriores puestos de trabajo al obtener una plaza en las oposiciones. Estas personas, que están siendo asesoradas legalmente, “tienen derecho a ese puesto de trabajo desde su punto de vista”, por lo que el sindicato exige a Educación que les busque una solución, que puede pasar por “una indemnización, el mantenimiento de esas plazas, una posición privilegiada en las listas de interinos” u otras, que reclaman se pongan sobre la mesa de inmediato. “Lo menos gravoso para todos es que la Consejería asuma su responsabilidad de buscar una solución para los aprobados que se quedaron sin plaza y la negocie con los sindicatos y los afectados”.
En cualquier caso, la primera medida necesaria, según EA-Canarias es la revisión o repetición de las pruebas para garantizar la concurrencia de los presentados en igualdad de condiciones, bajo los criterios legalmente establecidos y con garantía de imparcialidad. Los nuevos resultados determinarán el número de afectados y permitirán aportar soluciones, que sería el siguiente paso a dar, según los representantes de los trabajadores.
Méndez insistió en que la actuación debe ser inmediata para evitar la intervención de la justicia que complicaría más la situación, así como mayores perjuicios para los docentes y los alumnos, que podrían sufrir cambios de profesorado a mitad de curso, mermando su calidad educativa.
