Avericum pierde la hemodiálisis de Cádiz por incumplir prescripciones técnicas
Otra derrota para la empresa madre del caso Lifeblood. La mercantil Avericum, de la que es titular el abogado canario Javier Artiles, ha sido rechazada como aspirante al concurso de hemodiálisis de los centros públicos de la provincia de Cádiz por incumplir varias prescripciones técnicas y por vulnerar el secreto de la oferta al incluir un criterio extemporáneamente. Una resolución del Servicio Andaluz de Salud del pasado enero declara desierto ese concurso tras dejar fuera a Avericum, la única empresa que se presentó, antes incluso de abrir el sobre correspondiente a los criterios automáticos, donde se incluye la oferta económica.
En su intento por acaparar concursos por toda la geografía española, Avericum lo ha intentado en Andalucía y en Aragón con resultados de momento negativos para sus intereses. Sin embargo, su oferta para hacerse cargo de la hemodiálisis de los hospitales Doctor Juan Negrín, en Las Palmas de Gran Canaria, y José Molina Orosa, en Arrecife de Lanzarote, se presenta actualmente como la mejor situada gracias a su propuesta económica que fuentes de Sanidad han calificado de “arriesgada”.
En Cádiz, la empresa de Javier Artiles fue la única que se presentó al concurso para la “gestión del servicio público de hemodiálisis en el Club de Diálisis dependiente de los centros hospitalarios del SAS” en esa provincia. Pero varias de sus propuestas técnicas condujeron a que la administración sanitaria andaluza rechazara en conjunto su oferta y declarara desierto el concurso, convocado en agosto de 2013 y resuelto en enero pasado.
Entre otras razones, el SAS considera que la oferta de Avericum incumplía en materia de accesibilidad de los pacientes a los locales donde habría de prestarse el servicio. Lo mismo resalta la resolución de los aspectos de “confortabilidad y seguridad”, al no estar diferenciados por sexos los vestuarios y aseos de los pacientes (se proponía solo uno en cada uno de los dos centros afectados).
También recibe suspenso Avericum en materia de almacenaje de material sucio, tanto en el centro de Cádiz como en el de Chiclana, los que componen el club de diálisis de la provincia de Cádiz. Así, en la resolución de declaración de desierto del concurso se destaca que la empresa preveía ubicar esas zonas dentro de las salas de tratamiento.
En materia de gestión de los residuos, la oferta de Avericum “no realiza descripción de tales procedimientos, (…) ni descripción ni detalle de los circuitos limpio/sucio, los protocolos de gestión y traslado de los residuos muy peligrosos y los contenedores”, lo que unido “al hecho de que los oficios de sucio se ubiquen dentro de las salas de tratamiento, determina que se plantee que las instalaciones tal como están configuradas se consideren inadecuadas ” al “incumplir las exigencias del pliego y la normativa aplicable”.
También sale mal parada la oferta de la empresa de Javier Artiles por no contemplar la separación visual de los puestos de diálisis entre sí, además de no prever espacio adicional para zona de pesaje y almacenamiento de carros de curas, carro de parada y material auxiliar.
Igualmente constituye motivo de rechazo para la mesa de contratación que Avericum incluyera en la primera parte de su oferta un elemento a evaluar en la segunda: el criterio técnico automático sobre suministro y montaje de los sistemas para la obtención de agua pura, valorado con 10 puntos. Esa infracción vulnera el secreto de la oferta, “y por tanto las normas de procedimiento”, dice la resolución del Servicio Andaluz de Salud.
Con todas esas deficiencias, la mesa de contratación del Hospital Universitario Puerta de Mar de Cádiz decidió el 22 de enero pasado descartar a Avericum del concurso y declararlo desierto al no haberse presentado ninguna otra oferta.
La empresa Avericum está dirigida por el abogado Francisco Javier Artiles Camacho, principal encartado en el caso Lifeblood por el que se investigó su participación como juez y parte en el concurso de hemodiálisis de dos hospitales canarios al tiempo que asesoraba al Servicio Canario de Salud. Para ocultar su identidad y su incompatibilidad, Artiles presentó a la mercantil Lifeblood, S.L., una tapadera sin historial técnico ni solvencia empresarial o financiera a la que el Partido Popular adjudicó el concurso en octubre de 2010, días antes de abandonar el Gobierno, que compartía con Coalición Canaria.
El caso Lifeblood fue archivado por la justicia tras decaer la acusación de la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, que envió a un fiscal ajeno a Canarias al estar imputada la esposa del fiscal jefe de Las Palmas, Lourdes Quesada, a la sazón secretaria general del Servicio Canario de la Salud.
