El CGPJ sugiere la despenalización de conductas leves para reducir el alto número de litigios
El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Manuel Almenar sugirió este miércoles, como medidas dirigidas a reducir el alto nivel de litigiosidad en España, la despenalización de conductas leves, la supresión de la posibilidad de recurso respecto de delitos de poca intensidad y el fomento del arbitraje.
Así se señaló en el curso de un encuentro informativo en el que los vocales de la Comisión de Modernización del Consejo dieron a conocer su hoja de ruta para la modernización de la Justicia, que resume en ocho puntos las reformas más acuciantes, para cuya puesta en marcha reclaman la colaboración del Ministerio de Justicia y de las administraciones autonómicas con competencias en este ámbito.
Respecto a la necesidad de reducir el número de asuntos que llegan a los juzgados españoles, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, también presente en el acto, se preguntó “hasta qué punto se ha judicializado en exceso” la vida de nuestro país.
La disminución de los litigios se enmarca en uno de los puntos de la mencionada 'hoja de ruta', el dirigido a reestructurar la actual planta judicial (número de jueces existentes y su organización en el territorio). Según datos aportados por el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, en los últimos diez años se ha pasado de 6 a 9 millones de asuntos manejados por los órganos judiciales españoles. “Algo habrá que hacer al respecto”, señaló.
El vocal Almenar, por su parte, señaló que debe determinarse cuántos jueces son necesarios en España, si bien antes se necesita precisar el nivel de litigiosidad actual. Desde que se aprobó la última Ley de Demarcación, el país ha pasado de los 38 a los 40 millones de habitantes, y en el mismo periodo el número de litigios se ha incrementado en un 30 por ciento.
“La planta judicial actual no puede atender al volumen de asuntos que se plantean, y por ello se está trabajando en alcanzar fórmulas que ayuden a disminuir la litigiosidad”, dijo Almenar. Desde el CGPJ se advierte que un pleito por la rotura de un retrovisor en un túnel de lavado, por ejemplo, puede alcanzar un coste de 4.500 euros, cuando el elemento roto vale unos cien, “y eso no es razonable”.
Igualmente, Almenar cuestionó si es necesario que haya un juez en los Registros Civiles (cuando actualmente las bodas pueden oficiarlas alcaldes y concejales). Los estudios iniciados permitirán que a finales de año se conozca “cuántos jueces necesita nuestro país”, dijo.
Plan conocido
Los periodistas convocados para la presentación de este documento hicieron notar, sin embargo, que los objetivos expresados son los mismos que el Consejo ya dio a conocer el pasado mes de noviembre bajo el título de Plan de Modernización de la Justicia.
Se les contestó que, aunque la materia sea la misma, ahora se trata de vincular estos objetivos a un “compromiso cronológico”. Así, Almenar aventuró que en año y medio todos los juzgados españoles podrían estar ya interconectados por las nuevas tecnologías (hoy se da la paradoja de que un Juzgado puede recibir información vía telemática de, por ejemplo, la Agencia Tributaria, pero no de otro Juzgado).
Está previsto que las comunidades del País Vasco, Navarra y Canarias tengan interconectados sus Juzgados el próximo 1 de julio, y que un mes más tarde también cuenten con este avance Cataluña y Andalucía. Se espera que en el año siguiente la interconexión ya pueda disfrutarse en todo el territorio nacional, según los planes del CGPJ.
Además, el Consejo tendrá terminado para el mes de junio su estudio sobre la carga de trabajo que cada juez puede asumir para prestar su servicio con calidad, y el mes de mayo se contará con un Reglamento de Homogeneización que permita a todos los juzgados españoles registrar los asuntos de la misma forma.
Respecto a la puesta en marcha de la nueva Oficina Judicial, sobre la que pivota toda la reforma, se señaló que, ésta se encuentra tramitándose en el Parlamento y que, aunque se diseñó en 2003, su aplicación práctica no se prevé hasta principios del próximo año.
El resto de puntos de la hoja de ruta son la aplicación del Plan de Transparencia Judicial , la eliminación de la interinidad, la mejora del estatuto de los miembros de la carrera judicial (conciliación, transparencia en los nombramientos judiciales), así como la adaptación de la Administración de Justica a la organización autonómica del Estado.
Cuestión económica
Los vocales que asistieron a la presentación reconocieron que el Consejo carece de presupuesto y de iniciativa legislativa para poner en marcha su plan de modernización, si bien se “congratulan” de lo dicho por el nuevo ministro de Justicia, Francisco Caamaño, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, donde prometió 600 millones de euros para la efectiva modernización de la Justicia.
Con su hoja de ruta, el Consejo espera “impulsar la acción del resto de los organismos públicos” implicados en este proceso, según Bravo, que insistió que, una vez diagnosticado el problema, el órgano del gobierno de los jueces es consciente de que “este camino no puede andarlo solo”, sino en coordinación con el Ministerio, las comunidades con competencias y la propia carrera judicial.
