Gran Canaria reactiva la protección del oasis para evitar su caducidad
El Cabildo de Gran Canaria ha devuelto este martes al Gobierno de Canarias el expediente para la declaración del oasis de Maspalomas como Bien de Interés Cultural (BIC) para que lo concluya en los dos meses previstos por la ley y evite que caduque, ante la denuncia de mora presentada por Riu.
El coordinador de Patrimonio Histórico del Cabildo, Larry Álvarez (PP), ha defendido que el Gobierno canario “no encontrará argumentos para que no salga adelante” esta propuesta para proteger el oasis de Maspalomas con la categoría de sitio histórico, por lo que ha confiado en que el Ejecutivo “no lo deje caducar”, porque eso obligaría a esperar tres años antes de poderlo retomar.
Según Álvarez, el Gobierno regional no tiene argumentos para decir que “no” al expediente del Cabilo para la declaración de este BIC, porque se trata de un acto reglado y que se fundamenta en once informes de cuyo “rigor y pulcritud” están convencidos.
“No hay ni una sola duda de que estamos ante un sitio de interés histórico como la copa de un pino”, ha señalado Álvarez, quien ha concluido que, por ello, “el Gobierno no tiene otra salida”.
Así mismo, el coordinador de Cultura del Cabildo ha dicho que el Gobierno canario está “obsesionado” con la posibilidad de que ese BIC de lugar a indemnizaciones a favor de las empresas afectadas, mientras que el Cabildo entiende que “no hay lugar a ellas”.
El Cabildo de Gran Canaria sostiene que las compensaciones que se puedan originar son de tipo urbanístico y quedarán fijadas en el plan especial de protección que se elaborará cuando se apruebe el BIC, ha explicado Álvarez.
En “ningún caso da lugar a indemnización”
El coordinador ha indicado que la corporación ha pedido a la Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural que “se dé por contestada en todos sus extremos”, porque el Cabildo ha respondido a sus peticiones para subsanar el expediente de “forma detallada y exhaustiva”, así como que tenga por enviado el original y dé por finalizada la fase que corresponde al Cabildo.
La corporación, así mismo, pide al Gobierno que tramite ahora el expediente “con prioridad y diligencia”, dada la caducidad que tiene, ha indicado Álvarez, quien ha dicho que estarán “vigilantes” en el proceso que ahora se inicia.
Álvarez ha argumentado que la declaración de BIC que se pide desde el Cabildo resulta del deber “constitucional y legal” de conservar el patrimonio histórico, por lo que “ahora le toca” al Gobierno de Canarias declararlo formalmente, ya que tiene el mismo deber.
Ha explicado que se trata de un hecho preexistente desde el 25 de mayo de 1502, que fue cuando Cristóbal Colón pasó por el oasis de Maspalomas que ahora se pretende “consolidar, defender y preservar” con su declaración como BIC, por lo que ha hecho hincapié en que “esta realidad preexiste a otro tipo de derechos muy posteriores”.
Ha abundado también en que en el informe que se devuelve se señala que esta declaración “nunca constituiría un daño antijurídico” que atente contra el Estado de Derecho, por lo que en “ningún caso da lugar a indemnización”, ya que se trata de constatar un bien de interés cultural, y, por lo tanto, no está afectada por la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Además, El Tribunal Supremo en una sentencia señala que “por encima de los derechos que se puedan tener y del urbanismo está la preservación del patrimonio histórico”, resolución que se adjunta al expediente, así como otras de este tribunal que “dejan claros los pasos dados” por el Cabildo, ha apuntado Álvarez.
En cuanto a los tres contenciosos administrativos contrarios a incoar la declaración de BIC sobre los que el Gobierno canario también pidió al Cabildo que explicara si había seguridad jurídica, Álvarez ha dicho que el presentado por la Federación de Hostelería y Turismo no se ha formalizado, y los otros dos, el de Riu y Parking de Maspalomas, sí, pero que ninguno reclama daños y perjuicios ni medidas cautelares.
Ha indicado que además existen otros dos contenciosos sobre este asunto presentados contra el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana por la concesión a la cadena Riu de las licencias de derribo del hotel Oasis y de construcción de un nuevo complejo hotelero, que quedaron suspendidas hasta la resolución del BIC y que volverían a tener efecto en caso de que caduque el expediente, según ha señalado.
