La Cámara pide al Estado medios para luchar contra la violencia de género
El Pleno del Parlamento de Canarias acordó este jueves, con el voto en contra del grupo Socialista, instar al Gobierno regional a que solicite al Estado que dedique los recursos económicos necesarios para el desarrollo y ejecución de la Ley Integral de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como un incremento del número de policías dedicados exclusivamente a la protección de la mujer víctima de la violencia de género.
La Cámara aprobó una proposición no de ley presentada por el grupo Popular a través de la que se pide, asimismo, un incremento del número de juzgados especializados en violencia de género, que estén dotados de los medios materiales y humanos necesarios para garantizar su efectivo funcionamiento. Por otra parte, en la propuesta se plantea que se realice un despliegue en todo el territorio nacional de las oficinas de atención a víctimas y que se haga efectiva la asistencia letrada inmediata.
La PNL contempla que se revise el procedimiento informático de valoración de riesgo para víctimas de violencia de género, con el fin de que sea más efectivo, homogéneo y ayude a disminuir el número de víctimas mortales. Además, se propone que se incluyan, en el marco de la Ley Integral de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, los planes de protección personalizados para víctimas de violencia de género.
Lucha conjunta
La propuesta fue defendida por el diputado popular Carlos Ester, quien hizo hincapié en el “firme compromiso” del PP en la lucha contra “una de las peores lacras que sufre nuestra sociedad y que desgraciadamente cuesta la vida anualmente a decenas de mujeres”. Los poderes públicos, las instituciones, las asociaciones y los ciudadanos, indicó, “deben involucrarse de manera conjunta en la lucha contra el maltrato que sufren muchas mujeres, porque no se puede consentir que la violencia de género cada vez vaya a más en España”.
Ester precisó que durante 2008 ya se han producido 60 asesinatos de mujeres, mientras que la legislatura anterior “se saldó con la escalofriante cifra de 280 mujeres muertas, casi 50 más que en la última legislatura del gobierno Popular”. El diputado dijo que a pesar de que en la legislatura pasada se tomaron medidas para combatir este problema, como la aprobación de la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, “el resultado ha sido desolador, porque faltan medios y recursos y su funcionamiento es manifiestamente mejorable, recayendo todo el peso en las comunidades autónomas y ayuntamientos”.
En esta línea, destacó que sucesivos informes como el del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 2006, el informe anual del Defensor del Pueblo del mismo año o el de Amnistía Internacional “reflejan la frustración de las expectativas generadas por la Ley, sus debilidades y cómo, tras cuatro años desde su entrada en vigor, las mujeres no están más protegidas ni se sienten mejor atendidas por las administraciones públicas”.
Carlos Ester denunció los déficits de policías, de juzgados exclusivos de violencia de género y señaló que los juzgados compartidos “se muestran desbordados” con el número de casos de violencia de género. Asimismo, resaltó que los informes para determinar el nivel de riesgo al que está sometida la víctima de violencia de género están resultando “poco efectivos” para determinar el grado de riesgos y las medidas a adoptar.
''Pedir con cabeza''
Por el PSC, Eulalia Guerra de Paz consideró “irresponsable” esta petición pues recordó que en la reciente votación de una enmienda socialista, CC y PP rechazaron solicitar más fondos al Gobierno canario para las víctimas canarias por violencia de género, por lo que preguntó por qué sí pedirlos al Estado. “Hay que pedir con cabeza y con responsabilidad”, expresó la diputada, quien denunció que se desvíe la responsabilidad en este asunto al Ejecutivo central y anunció el voto contrario de su partido a la PNL del PP.
Guerra de Paz valoró la Ley Integral que, aseguró, se está aplicando, aunque admitió la necesidad de mejoras sin que ello suponga que no haya respondido a las expectativas. Además recordó que el Gobierno de Canarias tiene entre sus competencias el protocolo integral y las unidades de valoración, por lo que abogó por “empezar pidiendo responsabilidades a quien las tiene”.
