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En Canarias faltan 7.364 plazas para mayores

la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales denunciar que ll número de plazas residenciales para personas mayores en España "no se ha incrementado al ritmo que exige el crecimiento de la población mayor de 65 años"

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Imagen de archivo de una persona mayor en una residencia.

En España faltan más de 70.000 plazas residenciales para los nueve millones de personas mayores de 65 años que residen en el país, 7.364 de ellas en Canarias, según ha denunciado este viernes la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

A juicio del colectivo profesional, este déficit se debe a que solo cinco comunidades autónomas cumplen con la ratio de tener cinco plazas de estas características por cada cien personas mayores. Además, el precio de una plaza en una residencia pública oscila entre los menos de 7.000 euros anuales en comunidades como Valencia, La Rioja, Andalucía, Madrid o Cataluña hasta los 11.000 euros que cuesta en el País Vasco.

Lo ha denunciado este viernes la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales que, con los últimos datos aportados por el Imserso, ha analizado la situación por comunidades autónomas.

El número de plazas residenciales para personas mayores en España, lamentan, "no se ha incrementado al ritmo que exige el crecimiento de la población mayor de 65 años", que ha pasado de 8 millones de personas en 2010 a 9 millones en 2019. Y es que en ese periodo las plazas residenciales solo se han incrementado en 12.353, según el informe recientemente publicado por el Imserso.

En consecuencia, la ratio de plazas residenciales por cada cien personas mayores se ha reducido de 4,56 a 4,21, lo que la aleja del objetivo del 5% aconsejado por los organismos internacionales.

Denuncian los gerentes de servicios sociales que, además, las plazas públicas, "que son las que garantizan el acceso a este servicio de todas las personas que lo necesiten", sólo constituyen 2,5 por cada cien mayores de 65 años, es decir, la mitad de lo aconsejable. Y recuerdan que unas 100.000 personas con el grado II y III de dependencia reconocido están a la espera de recibir alguna de las atenciones a las que tienen derecho.

La situación, explican los gerentes, muestra diferencias muy significativas entre comunidades autónomas y solo cinco de ellas: Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Aragón y Castilla y León, alcanzan la ratio de 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, está última alcanza también esta ratio con las plazas públicas.


Los mayores déficits de plazas para mayores de 65 años los registran Andalucía (27.981), Valencia (20.844), Galicia (14.858), Murcia (8.364), Cataluña (8.038), Madrid (7.479), Canarias (7.364) y País Vasco (6.063).

Las diferencias también alcanzan a la proporción entre plazas de financiación pública y privada, destacando comunidades como Aragón, Madrid o Asturias, donde hay más plazas privadas que públicas.

Lo mismo ocurre con el precio de las de financiación pública, tanto en centros propios como en los concertados, donde la diferencia oscila entre los menos de 7.000 euros anuales en comunidades como Valencia, La Rioja, Andalucía, Madrid o Cataluña, hasta los más de 8.000 euros en Aragón, Murcia, Navarra o País Vasco. En estas dos últimas los precios superan los 10.000 y 11.000 euros, respectivamente.

Los gerentes sociales aprovechan este estudio para recordar que la pensión media en España no alcanza los 1.000 euros mensuales (1.140 euros la de jubilación y 713 la de viudedad).

Y puntualizan que la carencia de las plazas residenciales se centra en las grandes urbes, mientras que el problema de las de las zonas rurales es que no están adaptadas a las necesidades de los mayores.

Por último, insisten en la necesidad de aumentar la ratio de las plantillas con las que cuentan los centros residenciales de mayores. 

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