Canarias amenaza con sancionar a los laboratorios y clínicas privadas que dejen a medias el diagnóstico de la COVID-19

Los laboratorios y clínicas privadas que han recibido la autorización del Gobierno de Canarias para realizar test de detección de la COVID-19 se exponen a sanciones económicas si incumplen su obligación de completar el proceso de diagnóstico. Una resolución firmada el pasado 13 de mayo por el director general de Salud Pública, José Juan Alemán, recoge la obligación de estos centros de hacer, por sí mismos o a través de terceros, todas las pruebas complementarias que sean necesarias para saber si un paciente ha sido infectado con el virus SARS CoV-2. Es decir, no basta con los test rápidos de anticuerpos que se están ofertando con precios que oscilan entre los 35 y los 70 euros. Si el resultado de esas pruebas es positivo, las empresas deberán realizar también la denominada PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) para confirmar el caso.

Las autoridades sanitarias ya han recibido alguna alerta sobre laboratorios que han pretendido desvincularse de esas pruebas complementarias y derivarlas al Servicio Canario de Salud (SCS) después de que los pacientes dieran positivo en un test rápido de anticuerpos. La Consejería de Sanidad ha advertido de que esta práctica contraviene lo dispuesto en la orden publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el pasado 30 de abril y también en la resolución del 13 de mayo de Salud Pública y puede dar lugar a sanciones que se estudiarán “caso a caso”. El objetivo es evitar que los centros privados se aprovechen de estas autorizaciones para lucrarse con test más rentables y que al final sea la sanidad pública quien acabe resolviendo el proceso de diagnóstico.

Los resultados de los denominados test rápidos son cualitativos, no cuantitativos. Es decir, indican la presencia de anticuerpos generados en el organismo como respuesta a la COVID-19, pero no su cantidad, a diferencia de las pruebas serológicas. Los dos tipos principales son los IgM, que señalan que la infección está activa, y los IgG, que quedan como “recuerdo” e indican que la enfermedad ya ha pasado. La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica ya alertó de la baja sensibilidad de este tipo de test, que puede dar lugar a falsos negativos, por lo que, en caso de que se detecten anticuerpos IgM en el paciente, será necesario realizar las pruebas PCR, que son más fiables (por encima del 90%), pero también más caras y complejas para los laboratorios, que pueden obtener mayor beneficio con las rápidas.

Esa resolución de Salud Pública también contempla la posibilidad de fijar los precios de las pruebas de COVID-19 para evitar que se produzcan abusos en el mercado. De hecho, las tarifas desorbitadas que se llegaron a ofertar en el sector privado en las fases más duras de la crisis sanitaria fueron la razón que llevó al Ministerio de Sanidad a regular la realización de estos test a través de una orden estatal que sería desarrollada por la comunidad autónoma en la norma publicada el pasado 30 de abril. Un texto que ponía a disposición de la sanidad pública a todos aquellos centros privados con capacidad diagnóstica, ante la eventualidad de que fuera necesario acudir a ellos en caso de una situación de desbordamiento de los medios propios, pero que también establecía el sistema de autorización previa para que pudieran desarrollar estas actuaciones, bajo unos criterios determinados, al margen del ámbito de actuación del SCS.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha autorizado a 33 laboratorios y clínicas privadas a realizar los test para la detección de la COVID-19. Para ello, estos centros han tenido que acreditar que tienen personal cualificado, que disponen de técnicas y materiales validados por el organismo nacional competente, así como los medios necesarios para completar el proceso diagnóstico. Además, deben notificar a diario los resultados de las pruebas.

La resolución de Salud Pública precisa, además, que las pruebas en centros de titularidad privada deberán ser prescritas por un médico en activo bajo los criterios de indicación y que los pacientes tienen que estar encuadrados en uno de los 18 colectivos que figuran en el documento. Están incluidos los trabajadores sanitarios; de las oficinas de farmacia; el personal y los usuarios de los centros de mayores; las personas vulnerables (con diabetes, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazadas y mayores de 60 años); aquellas que ejerzan en las actividades que participan en la cadena de abastecimiento del mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad, o los integrantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Policías Locales y Cuerpo General de la Policía Canaria.  

En los criterios de priorización contenidos en esta resolución también se encuentran los trabajadores de Instituciones Penitenciarias y los internos; los que ejercen en Centros de Acogida a Refugiados y en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes o en entidades públicas de gestión privada subvencionadas que operan en el marco de la Protección Internacional y de la Atención Humanitaria; las personas que prestan servicio en protección civil, salvamento marítimo, prevención y extinción de incendios y de tráfico y seguridad vial; las que operan en las empresas de seguridad privada; el personal público en servicios de atención a la ciudadanía, o los profesionales de los centros docentes que tengan contacto con estudiantes.  

La resolución incorpora a los trabajadores de hostelería y restauración, construcción, servicio de hogar familiar, reparto (gas, correos, alimentación…) y transporte de personas y mercancías, así como el personal que ejerce en establecimientos abiertos al público y de contacto directo.

Los laboratorios y clínicas privadas autorizadas a realizar las pruebas para la detección de la COVID-19 están solicitando hasta 200 euros por paciente a las empresas y particulares que lo requieran. En algunos casos, como en el sector hotelero o en el del metal, algunos de estos centros han firmado convenios de colaboración para hacer estos test a sus trabajadores. 

Fuentes de la Consejería de Sanidad han asegurado a este periódico que el departamento de Salud Pública, a quien corresponde la labor fiscalizadora, estará vigilante por si se produce algún abuso en los precios, si los facultativos y laboratorios no corroboran que las personas a quienes se realizan los test se encuentran en uno de los grupos recogidos en la resolución o si  los centros autorizados no culminan el proceso diagnóstico con las pruebas complementarias necesarias.