El Colegio de Abogados buscará una solución al trato inadecuado de las letradas
El Colegio de Abogados de Las Palmas buscará una solución que evite el trato “inadecuado” a las letradas en Las Palmas II, una vez que concluya el expediente informativo que ha abierto tras las informaciones aparecidas sobre la obligación de quitarse los sujetadores con aros por seguridad.
El vicedecano del Colegio, Javier Monzón ha afirmado que la institución no ha recibido “nunca ninguna denuncia al respecto”, y que, a raíz de las informaciones aparecidas en prensa sobre este proceder para pasar el arco de seguridad de Las Palmas II, que califica de “discriminatorio”, ha abierto un expediente informativo para averiguar lo sucedido.
Monzón ha indicado que el Colegio, además, se ha puesto en contacto con Instituciones Penitenciarias para mantener una reunión, una vez que tenga el citado expediente cerrado, para, si esto ocurre, conocer el motivo e intentar buscar la solución más adecuada.
El vicedecano ha considerado que la normativa de seguridad de 2010 de Instituciones Penitenciarias establece medidas “muy severas” y ha dicho que le consta que en otras prisiones españolas “se lleva a rajatabla” su aplicación.
Monzón ha señalado que intentarán buscar una solución, porque no les parece “ni adecuado ni correcto”, y que, por ello, solicitarán que la aplicación de la normativa “no se observe de forma tan severa respecto de las mujeres letradas”.
La abogada Isabel Saavedra ha criticado el trato vejatorio que sufren las letradas al tener que quitarse los sujetadores de aros por razones de seguridad en la prisión Las Palmas II para pasar el detector de metales, y ha censurado que se las equipare con delincuentes.
Saavedra, miembro de la plataforma Abogados por el cambio, que este martes ha registrado de forma oficial su candidatura a las elecciones a la Junta de Gobierno del Colegio de Las Palmas, señala que esta medida carece de sentido porque no tienen contacto directo con los presos y además existe un control visual en las entrevistas que mantienen con los reclusos, y es discriminatoria porque no se aplica a otras profesionales judiciales.
La letrada ha manifestado que no entiende esta medida impuesta en la prisión de Las Palmas II, situada en San Bartolomé de Tirajana, cuando en la del Salto del Negro, de Las Palmas de Gran Canaria, nunca se estableció.
Ha señalado que ella se vio en esa situación una vez, hace un año, pero que, al no disponer la prisión de una bolsa para guardar su prenda interior, se negó a desprenderse de ella y pudo pasar sin necesidad de quitárselo.
La plataforma electoral Abogados por el cambio, en un comunicado, ha criticado la actitud pasiva del Colegio de Las Palmas, en relación a múltiples denuncias verbales realizadas por las letradas hace ya un año, porque la institución no ha tomado medidas.
En la nota se explica que el protocolo de seguridad que se aplica en Las Palmas II, disponible en la web de Instituciones Penitenciarias, establece en su punto 3.1.1 que “todas las personas que tengan autorizado el acceso al interior del establecimiento serán invitadas, con la mayor corrección, a pasar el control del arco detector de metales”.
Añade que los magistrados, jueces y funcionarios del Ministerio Fiscal que visiten el centro en el ejercicio de sus funciones, así como los funcionarios y el personal laboral adscritos a él y aquellas autoridades que vayan acompañadas por algún mando del establecimiento, están exentos de esa obligación.
