Un jurado popular declara culpable a un hombre por asesinato
Un tribunal del jurado ha declarado este jueves culpable de asesinato, sin atenuantes, al ciudadano colombiano que el año pasado acuchilló a otro hombre en un bar de Las Palmas de Gran Canaria, unos hechos por los que ahora se enfrenta a una solicitud de condena de 20 años de prisión.
Durante el transcurso del juicio, Humberto Antonio G. reconoció ante la Audiencia de Las Palmas la autoría de los hechos, pero siempre alegó que los cometió en estado de embriaguez.
El veredicto del jurado dictamina que ha quedado probado que el procesado mató de manera intencionada a José Espino, en un ataque por sorpresa que no dio a este oportunidad alguna de defenderse, lo que convierte el homicidio en asesinato, por concurrir alevosía.
En relación a su supuesta embriaguez, los jurados recuerdan que durante la vista han declarado testigos que vieron beber al acusado en varios bares, pero que en no han sido capaces de precisar el grado de alcoholismo que tenía en esos momentos.
De hecho, el tribunal establece que el procesado no tenía mermadas sus facultades por el alcohol que había bebido.
La víctima falleció por una hemorragia masiva como consecuencia de la puñalada que recibió en el pecho y que le afectó a un pulmón y a la vena subclavia.
También ha quedado probado el procesado quebrantó una condena anterior que le prohibía la tenencia y porte de armas durante ocho meses, y que en el momento del asesinato aún estaba en vigor, por lo que no podía llevar el cuchillo con el que había asesinado a la víctima en un bar de la calle Churruca, en la capital grancanaria.
Al no aceptarse atenuante alguna de embriaguez, el Ministerio Fiscal ha incrementado su petición de condena tras la lectura del objeto de veredicto.
Así, ha pasado a solicitar 19 años y nueve meses de cárcel para el acusado: 19 años por el asesinato y nueve meses por el quebrantamiento de la condena de tenencia de armas.
La acusación particular también ha elevado la petición de pena a 20 años y 120.000 euros de indemnización a la familia de la víctima.
En cambio la defensa ha solicitado la pena mínima, cuatro años de cárcel.
El jurado popular también se ha opuesto a que se suspenda la ejecución de pena de prisión impuesta al imputado y a que se solicite un indulto.
