Conflicto de las empresas instaladoras de gas en Lanzarote con Disa y el Gobierno

Las empresas instaladoras y de mantenimiento de gas tienen un conflicto con la empresa Disa y con el Gobierno de Canarias. Consideran que Disa se extralimita en sus funciones, que el Gobierno no está tomando cartas en el asunto y que el conflicto ayuda a entorpecer la apertura y el funcionamiento de nuevos negocios.

El problema surge de las interpretaciones de las diferentes normativas que afectan al sector y que son muchas, ya que interviene regulación del sector de la energía, del transporte o de riesgos laborales, entre otros.

Aceingas, la asociación canaria de empresas instaladoras de gas, lleva años peleando con la Administración, pero la gota que colmó el vaso fue la negativa de Disa a entregar veinte envases de gas para surtir a un establecimiento de hostelería de Arrecife para su apertura.

La postura de la empresa hizo que el establecimiento tardara casi un mes en recibir los envases. Disa exigía que se le entregase el certificado final de obra, cuando sólo hay que entregarlo a la Administración competente. “La empresa no tiene ninguna competencia ahí”, señala Carlos Murillo, instalador de gas y ex presidente de Aceingas, que se basa, entre otras normativas, en la nueva Ley de Hidrocarburos mientras que asegura que la empresa se quiere regir por un Real Decreto, que es inferior a la Ley.

Según la Ley de Hidrocarburos, la comercialización será realizada libremente y Disa, desde el año 2009, es operadora al por mayor y comercializadora a granel, pero no distribuidora y suministradora. Sí que tiene competencias en gas canalizado, pero en Lanzarote no hay.

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