El Defensor del Paciente acusa a los geriátricos públicos de Canarias de “tratar vejatoriamente” a ancianos

El Defensor del Paciente acusa de trato vejatorio a geriátricos canarios

Efe

Las Palmas de Gran Canaria —

La asociación El Defensor del Paciente ha acusado este martes a los geriátricos públicos de Canarias de “trato vejatorio” a más de dos centenares de ancianos que asegura son inmovilizados con cinturones, chalecos y otros medios, sin contar con consentimiento informado en el 82,5% de los casos.

Ese consentimiento, un requisito “que exige la ley antes de aplicar una medida de este tipo”, se llevó a cabo además de forma incompleta en lo que respecta a otro 13,9% de los afectados, cifrados en un total de 274 personas repartidas por nueve centros sociosanitarios de titularidad y gestión pública de las islas en un estudio que ha motivado las denuncias de la entidad.

Estudio que ha sido publicado en el último número de Gaceta Sanitaria, la revista de la Sociedad Española de la Salud Pública y Administración Sanitaria, a partir de datos recabados en 2014 por investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de la Autónoma de Barcelona, según expone en un comunicado El Defensor del Paciente.

Cinturones y chalecos de contención eran las herramientas usadas para retener a esos ancianos con más frecuencia, hasta en un 79% de los casos, aunque en otros también se empleaban muñequeras, tobilleras o sillones limitadores de la movilidad, detalla, añadiendo que la prevención de caídas de la cama o de la silla fue la razón aducida en la mayoría de las ocasiones, un 80,6%.

Y denuncia que esa situación “supone una importante irregularidad”, porque “afecta a la limitación de un derecho fundamental” que solo puede llevarse a cabo cuando se haya justificado debidamente, de acuerdo a lo que prevé la Ley de Autonomía del Paciente y lo que aconseja el Comité de Bioética de España.

La causa más habitual de que se incumpla ese requisito es “el desconocimiento de la ley por parte de los profesionales” que aplican la medida, afirma El Defensor del Paciente, que reclama la intervención de las autoridades para atajar hechos así, que suponen una “evidente falta de observación de la norma”, según destaca.

Sus demandas las dirige al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, puesto que -sostiene-, “aunque este estudio se relaciona con la comunidad Canaria, esta extendido por toda España” el uso incorrecto de medios para inmovilizar a los ancianos, “así como la costumbre de sedarlos para que no molesten”.

Prácticas que tacha de “trato vejatorio” a los mayores que pide no permitir, “máxime cuando se esta pagando, y bien, porque reciban un magnifico trato”.

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