Desahucian a una vecina de Telde por un conflicto vecinal

Una vecina del barrio de El Caracol, en el municipio grancanario de Telde, está a punto de ser desahuciada por Visocan, empresa pública del Gobierno de Canarias, pese a haber abonado la deuda que había contraído por el alquiler de su vivienda. Así lo atestigua Mabela Fernández, que se ha erigido en portavoz de la familia.

El origen del conflicto se sitúa en 2008, cuando la ciudadana, con dos hijos a su cargo (uno de ellos con discapacidad) y un joven en situación de acogida, dejó de abonar el alquiler de su vivienda -de renta alta- debido a problemas económicos, siendo requerida al juzgado. Mabela asegura que la vecina alcanzó un acuerdo extraprocesal con VIsocan para que la empresa percibiera lo adeudado y el mes en curso. Sin embargo, el juez no tuvo conocimiento de este acuerdo verbal y dictó una sentencia condenatoria contra la ciudadana teldense, sin plantear el desalojo de la vivienda.

La empresa pública solicitó al juez la ejecución del desahucio por impago y éste la ordena en mayo de 2009. La ciudadana teldense reunió el dinero y contrató a una abogada, consiguiendo paralizar el desalojo mediante la anulación de la orden. Actualmente, a pesar de que la deuda está completamente saldada, Visocan insiste en que se ejecute el desahucio.

La abogada de la vecina afectada denuncia que la insistencia de Visocan no obedece a la deuda, sino a un conflicto vecinal que mantienen con el marido de la adjudicataria. Mabela lamenta que la empresa haya utilizado la justicia “de mala fe”, con una cláusula que le permite resolver el contrato en el caso de incumplimiento por una de las partes.

Para la portavoz autorizada de esta ciudadana, Visocan quiere resolver el problema por la vía rápida, sin escuchar a la otra parte implicada. Asegura que buena muestra del apoyo a la familia es la recogida de firmas que han organizado vecinos de la afectada para evitar su desahucio. . Mabela exige ecuanimidad a la empresa.

Problemas de convivencia

Por su parte, fuentes de la Consejería de Vivienda consultadas por este medio, han alegado que la decisión de la empresa Visocan de solicitar la ejecución del desahucio se debe a “los problemas de convivencia” que, según las citadas fuentes, están acreditadas mediante informes de los trabajadores sociales. Anuncian que están buscando la fórmula para solucionar el conflicto vecinal.

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