Desalojado un edificio ilegal en Gran Canaria con 3.000 litros de combustible en la azotea

La alcaldesa de Santa Lucía, Dunia González, ha anunciado este viernes la orden de desalojo del edificio ilegal Las Brisas, en Sardina, en cuya azotea hay 3.000 litros de combustible abastecen el suministro eléctrico.

En una rueda de prensa, ofrecida junto a los concejales del PSC y Canarias Decide Julio Ojeda y Antonio Ordóñez la alcaldesa ha instado al promotor de la obra “a que legalice y termine los trabajos”.

El Ayuntamiento ha notificado a los inquilinos el expediente de desalojo inmediato, que seguirá su trámite en los juzgados de San Bartolomé de Tirajana.

“La gran mayoría de los que vivían allí han sido conscientes de la situación en la que estaban, se han ido y han buscado otra vivienda de alquiler donde vivir”, ha dicho la regidora.

González ha recordado que el edificio se encuentra en obras y que el Ayuntamiento tiene la competencia de velar por la seguridad de los ciudadanos.

Ha lamentado “el mal uso, o el uso político de esta situación” que, a su juicio, hace un flaco favor a todas las personas que continúan en el inmueble “alentándoles y haciéndoles coger ilusiones de que se pueden quedar allí”.

El edificio carece de certificado de primera ocupación, necesario para establecer los suministros de agua y electricidad.

Por ello, en la azotea del mismo se almacenan 3.000 litros de combustible y un generador eléctrico para suministrar corriente a las viviendas, mientras, por otro lado, un camión cisterna repone los depósitos de agua que también están situados sobre el edificio.

El expediente se inició tras la denuncia de una inquilina que manifestó la existencia de unas instalaciones que ponen en riesgo su seguridad, además de las molestias generadas por las vibraciones y el ruido de un motor en marcha durante todo el día.

A raíz de ello, el personal técnico municipal realizó una visita y comprobó la situación denunciada.

Parte de las familias han manifestado sentirse engañadas al ser “víctimas de un empresario que juega con su derecho a una vivienda digna, ofreciendo un techo por debajo del precio de mercado sin explicar la situación del edificio ni las condiciones de inseguridad e insalubridad”.

Adargoma Ojeda, uno de los afectados que habla en nombre de algunos de sus vecinos, ha dicho a Efe que es cierta la responsabilidad del promotor, si bien no entiende por qué el Ayuntamiento no ha actuado antes con este problema, que padecen desde 2009 las 132 viviendas que, asegura, se han construido.

En su opinión, la máquina y el combustible de la azotea no revisten peligro alguno, a tenor del análisis realizado por un arquitecto.

Ojeda ha afirmado que en el edificio convivían un centenar de familias, de las que quedan 80, ya que el resto ha abandonado el inmueble “por miedo o presión”.