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Ecologistas en Acción recurre el indulto a Miguel Ángel Ramírez

Los ambientalistas justifican su acción ante el Tribunal Supremo al entender que la medida adoptada por el Consejo de Ministros es "totalmente injustificada".

La organización ecologista denuncia que la decisión ministerial se produce en un momento de "permisividad ante delitos medioambientales y urbanísticos".

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La organización Ecologistas en Acción ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo contra el indulto concedido al empresario Miguel Ángel Ramírez, condenado por construir en un paraje natural protegido, por entender que esta medida está "totalmente injustificada".

En un comunicado, la organización ecologista denuncia que el indulto de Ramírez, acordado por el Consejo de Ministros el pasado 31 de octubre, se produce en un momento de "permisividad ante delitos medioambientales y urbanísticos".

Además, critica que el Gobierno condicionara la efectividad del indulto a que el empresario grancanario, presidente de la UD Las Palmas, derribe las obras que realizó ilegalmente, cuando eso es algo a lo que ya estaba obligado por la misma sentencia que lo declaró culpable de un delito contra la ordenación del territorio.

Fuentes de la organización ecologista han señalado que el Gobierno, con este indulto, ha incurrido en una "perversión procesal" y han rechazado que, en asuntos de ordenación del territorio, se "indulte con esta soltura".

Así mismo, han reprochado la actitud del Gobierno por conceder el indulto a un empresario al que atribuyen una "actitud arrogante y despreciativa" al medio natural, que había sido condenado primero por un juzgado de lo Penal y después por una Audiencia Provincial.

Para Ecologistas en Acción, el indulto concedido a Ramírez no está justificado, por lo que espera que sea anulado tras la interposición del recurso contencioso administrativo el pasado 20 de enero.

El empresario y presidente del la Unión Deportiva de Las Palmas fue condenado por la Audiencia de Las Palmas a una pena de tres años de prisión e inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio, así como a demoler la obras ilegalmente ejecutadas en un suelo de especial protección, situado en la zona de Pino Santo, en la capital grancanaria.

La Fiscalía de Las Palmas informó en contra de la concesión del indulto, porque, entre otras cuestiones, el empresario no había hecho nada por derribar lo que había construido ilegalmente.

No obstante, durante su tramitación fue favorable a la petición de Ramírez de que su condena quedara en suspenso hasta que el Consejo de Ministros resolviera sobre su situación.

Este informe fue favorable porque el criterio de la Fiscalía General del Estado es posicionarse de este modo cuando se trata de una pena corta, como era el caso, según han señalado fuentes del Ministerio Fiscal.

Así mismo, las fuentes de la Fiscalía han informado de que el pasado mes de noviembre se opuso a la suspensión de la condena que ha solicitado Ramírez al juzgado de lo Penal que lo condenó, porque para ello debe proceder a demoler las obras construidas ilegalmente, pues solo de esa manera, se le reduciría su pena de cárcel a dos años.

La suspensión de condena no se puede aplicar en condenas de tres años, han señalado las fuentes, que han recordado que Ramírez inició esta acción tras una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que dictaminó, en otro procedimiento distinto, que las normas de protección del espacio donde llevó a cabo las obras se aprobaron después de que el empresario solicitara los permisos necesarios para poder acometerlas.

Ante esta sentencia, Ramírez presentó además un recurso de revisión de su condena ante el Tribunal Supremo, que a juicio de la Fiscalía no puede tener un efecto suspensivo, porque se trata de una sentencia firme y se tiene que ejecutar, sobre todo la demolición porque es de responsabilidad civil.

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