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La plataforma por el 5% para Educación denuncia ante la Fiscalía los incumplimientos del Gobierno de Canarias

La ley regional fija el objetivo de alcanzar el 5% del PIB para educación en 2022

Cada presupuesto inicial de esta legislatura (y el último de la anterior) ha incumplido la Ley canaria, ya que el presupuesto ha bajado desde el 3,65% con respecto al PIB en 2015, al 3,63% de 2019

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Representantes de la plataforma Por el 5% denuncian ante la Fiscalía.

Representantes de la plataforma Por el 5% denuncian ante la Fiscalía.

La plataforma Por el 5% para Educación ha denunciado este miércoles al Gobierno de Canarias ante la Fiscalía por la posible vulneración del derecho a la educación que supone el incumplimiento de la senda de financiación prevista en la Ley Canaria de Educación no Universitaria.

El colectivo toma esta decisión ante "los reiterados incumplimientos del Ejecutivo" y su falta de respuesta frente a las reclamaciones para que no se salte lo estipulado en la Ley, que obliga a alcanzar el 5% del PIB en materia educativa en 2022, incrementando progresivamente los recursos económicos destinados al sistema educativo, lo que no ha sucedido.

La plataforma ciudadana destaca en un comunicado que recientemente ha mantenido un encuentro con el titular de la Diputación del Común, Rafael Yanes Mesa, donde tuvo conocimiento "de las respuestas evasivas de la Consejería de Educación y de sus incumplimientos de los plazos de respuesta obligados por ley". 

En su respuesta al Diputado del Común, en relación con la queja de la Plataforma Ciudadana 5% para Educación, el Gobierno de Canarias afirma que “en cumplimiento de la Ley se ha producido un incremento continuado del presupuesto de Educación en toda la legislatura.”

Sin embargo, el colectivo señala que el presupuesto consolidado de Educación de la Comunidad Autónoma de Canarias, desde la aprobación de la Ley Canaria de Educación en 2014 hasta esta legislatura de 2019, ha crecido en términos absolutos, pero ha decrecido en relación al PIB.

A su juicio, es meridianamente claro que el legislador compromete en la ley un incremento progresivo del presupuesto desde el 3,79% del PIB al 5% del PIB, como mínimo, en 2022 (fin del plazo de ocho años previstos), lo que implica que el presupuesto de Educación debería crecer cada año de ese periodo más que el PIB y hacerlo en una dimensión alrededor de 0,15 puntos porcentuales. 

Por ello, señala que cada presupuesto inicial de esta legislatura (y el último de la anterior) ha incumplido la Ley canaria,  ya que ha bajado desde el 3,65% de 2015 al 3,63% de 2019, hasta el punto de que los últimos cuatro presupuestos han sido los peores desde las transferencias de Educación a Canarias.

En opinión de la Plataforma, retrasar la financiación prevista significa retrasar también las medidas necesarias para que el alumnado canario disfrute de la educación digna a la que tiene derecho; y, quienes a sabiendas de sus obligaciones las incumplen, atentan contra este derecho.

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