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El juez mantiene a cuatro imputados en la operación contra mandos de la Policía Canaria

Finalizan las diligencias previas de la denominada operación Ladrillo por el que permanece imputado el subinspector C.S. entre otros.

Seis agentes han quedado sin cargos al considerar el magistrado que los hechos por los que se les acusaba no han quedado acreditados.

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Imagen de archivo de un dispositivo del Cuerpo General de la Policía Canaria.

Imagen de archivo de un dispositivo del Cuerpo General de la Policía Canaria.

El juez del Juzgado de Instrucción número tres de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Martín, ha mantenido la imputación a cuatro de los agentes implicados en la denominada operación Ladrillo, que afecta a una decena de efectivos del Cuerpo General de la Policía Canaria.

Según ha podido saber Canarias Ahora, Martín envió el pasado 27 de febrero el auto, con el que finalizan las diligencias previas instruidas, al Ministerio Fiscal y a los abogados de la acusación particular, para que formularan sus escritos en un plazo de 10 días.

El origen de la operación data de febrero de 2013, cuando el policía H.L. acusó a su superior de haberle hecho una serie de heridas en el cuello para atribuirle posteriormente la agresión a un detenido y justificar así, supuestamente, una actuación errónea. Este hecho originó que la Guardia Civil iniciara una investigación en la que llegaron a desaparecer pruebas.

Fuentes relacionadas con el procedimiento explican que tanto el subinspector de la base de Gran Canaria C. S., como los agentes L.J.R., H.L. y F.A. siguen imputados por diferentes delitos, entre los que se encuentran falsedad documental, detención ilegal y, en el caso del primero, lesiones y atentado contra la integridad moral en el ámbito laboral.

Las mismas fuentes indican que el magistrado ha dejado sin cargos a los seis efectivos restantes, entre los que se encontraba el exinspector tinerfeño R.M., al considerar que no han quedado acreditados los hechos punibles que, en la mayoría de los casos, se centraban en la omisión del deber de perseguir delitos.

A pesar de la teoría de la conspiración sindical esbozada por la Defensa de los mandos policiales, consistente en tratar de expulsar del Cuerpo a C.S., el juez tiene en cuenta el hecho de que dos de los agentes imputados se hayan autoinculpado, poniendo en riesgo su honor y en peligro su puesto de trabajo. Ante el auto emitido por el magistrado cabe recurso de reforma y de apelación.

Conflicto en la Policía Canaria

La detención de un hombre durante la última jornada de la competición oficial de murgas de la capital grancanaria, tras recibir el aviso de que podría estar traficando con drogas fue el detonante del caso. Al parecer, los agentes encontraron que el detenido portaba una pequeña bolsa con un contenido sin identificar (posteriormente se comprobó que no era cocaína), no llevaba su documentación y ofreció presuntamente resistencia al ser trasladado a las dependencias policiales.

Una vez allí pidió el habeas corpus al considerar que había sido detenido injustamente. Sin embargo, le fue denegado y terminó pasando más de un día en el calabozo, debido a que supuestamente el escrito de la detención no se correspondía con la realidad y recogía una agresión que nunca cometió y que pudo ser inducida por el superior en Las Palmas a posteriori, para justificar una actuación errónea.

Poco tiempo después, H.L. y una serie de compañeros denunciaron ante el Juzgado que el responsable de las marcas de su cuello había sido C.S. tras lo que se inició la investigación por parte de la Guadia Civil. Durante el tiempo en que han durado las diligencias previas, varios sindicatos de la Policía Canaria han denunciado en diversas ocasiones un empeoramiento en sus condiciones laborales, lo que ha derivado en que las bajas registradas sean considerables. Además, el  inspector R.M. comunicó su decisión de abandonar el Cuerpo.

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