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La Fiscalía se querella contra la alcaldesa de Telde por desobediencia

La juez ha instado "hasta la saciedad" a María del Carmen Castellano, imputada por Faycán y aspirante a la reelección, a ejecutar la sentencia que anuló el convenio de la parcela donde se levanta el Decathlon

La Junta de Gobierno Local ha decidido incoar ahora el expediente para declarar lesivo el desarrollo urbanístico de este suelo, un trámite que los juzgados llevaban reclamando tres años

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María del Carmen Castellano, alcaldesa de Telde.

María del Carmen Castellano, alcaldesa de Telde.

La Fiscalía Provincial de Las Palmas se ha querellado contra la alcaldesa del municipio grancanario de Telde, María del Carmen Castellano (PP), por un presunto delito de desobediencia al no haber ejecutado en los términos estipulados una sentencia de octubre de 2009 de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Esta resolución judicial anuló el convenio urbanístico que permitió la construcción de un establecimiento de la multinacional Decathlon, dedicada a la venta y distribución de material deportivo, en una parcela del barrio de La Pardilla.

En un escrito fechado el pasado 27 de octubre y dirigido al Juzgado de Instrucción Decano de Telde, al que ha tenido acceso Canarias Ahora, la fiscal Blanca Iris Hernández solicita la apertura del procedimiento penal y que se llame a declarar como imputada a la alcaldesa, que ya fue multada en enero de 2013 con 1.000 euros por este motivo.

El caso tiene su origen en el Convenio Urbanístico de Gestión Concertada firmado el 15 de octubre de 2004 entre el Ayuntamiento de Telde, entonces gobernado por el pacto PP-Ciuca, y las empresas Promociones Horneras, propiedad de Ambrosio Jiménez, y Cicar. Este acuerdo consideró a la mercantil de Jiménez como única promotora e ignoró a los pequeños propietarios de los terrenos afectados, lo que condujo a estos a presentar una demanda.

El TSJC estimó en octubre de 2009 el recurso interpuesto por los propietarios de una parte del suelo contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria que había dado la razón a los demandados y anuló el convenio.

A partir de ese momento y durante cinco años se han sucedido los autos y las providencias que instaban al Ayuntamiento a ejecutar la sentencia en los términos dictados.

La primera de ellas exhortaba a la Administración a retrotraer las actuaciones hasta el momento anterior a la firma del convenio urbanístico y a restituir la titularidad de los terrenos a los recurrentes, además de conminarle a indicar quién era el funcionario responsable de la ejecución de la sentencia. El Ayuntamiento, en un escrito fechado en marzo de 2011, identificó al entonces concejal de Urbanismo, José Antonio Perera (PSOE), y a la jefa de servicio Eloisa Gil como responsables.

En junio de 2011, ya con el nuevo grupo de gobierno surgido del pacto entre PP, Ciuca y CC, una providencia de María Olimpia del Rosario, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, daba un plazo de 10 días al Ayuntamiento para cumplir el auto de febrero que reclamaba la apertura de un expediente para declarar la lesividad del desarrollo urbanístico de la parcela.

Esta diligencia era necesaria porque la Administración no podía anular sin más las licencias de obras y apertura ni el proyecto de urbanización, como había intentado hacer el anterior pacto -formada por NC, PSOE y CCN- en el año 2010. Tres meses más tarde, el requerimiento fue notificado de forma personal a María del Carmen Castellano, a quien se le impondría una multa de 1.000 euros (aproximadamente un tercio de su sueldo) en enero de 2013 por el reiterado incumplimiento.

El escrito de la Fiscalía recuerda que el juzgado ha indicado a la alcaldesa "hasta la saciedad" de qué modo se debía ejecutar la sentencia, con la reposición de los terrenos a los recurrentes que ostentan su titularidad o, si no fuera posible, con una indemnización por el valor de los mismos.

"No puede obligarse a los propietarios a integrarse en una Junta de Compensación, cuando la iniciativa para el desarrollo urbanístico ni siquiera les correspondió a ellos, sino a un tercero, que compareció inicialmente ante la Administración como propietario único", destaca la representante del Ministerio Público.

Declaración de lesividad

Lla Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Telde decidió incoar la psada semana el expediente para declarar lesivo el desarrollo urbanístico de esta parcela, la diligencia que el juzgado llevaba reclamando durante tres años y medio.

Ahora serán los informes técnicos y jurídicos que la corporación ya ha encargado los que determinen esta cuestión.

El concejal de Urbanismo, Pablo Rodríguez, considera que las actuaciones que ha acometido el grupo de gobierno en los últimos meses han reestablecido “el equilibrio” en esta parcela, a través de una reordenación de la misma y la cesión de una parte del suelo para su aprovechamiento a los propietarios que fueron ignorados en el convenio de 2004.

La corporación local entiende, no obstante, que este desarrollo no debe ser considerado lesivo, ya que, en opinión del concejal de Urbanismo, Pablo Rodríguez, se han subsanado las deficiencias con la reordenación de la parcela y la cesión de una parte del suelo para su aprovechamiento a los propietarios que presentaron la demanda en los juzgados. “A día de hoy la solución que se ha buscado cumple con la sentencia”, explica Rodríguez, que cree que no debe declararse lesivo el desarrollo urbanístico porque, a su juicio, sería “más perjudicial” para la corporación.

Imputada por el caso Faycán

María del Carmen Castellano, que aspira a repetir como candidata del PP a la Alcaldía de Telde, está imputada por el denominado caso Faycán, una trama de corrupción destapada en la anterior etapa del PP al frente de la corporación (2003-2007).

La Fiscalía atribuye a la actual alcaldesa el cobro de sobornos y la posible desviación de fondos del Ayuntamiento para pagos propios del partido (malversación de fondos públicos), por lo que pide cinco años de cárcel y catorce de inhabilitación.

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