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El Gobierno de Canarias no aporta un euro para financiar el bono residente pero se gasta más de 100.000 euros en promocionarlo

El Estado financia el título de transporte con 20 millones de euros pero faltan otros 10 millones del Ejecutivo regional

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El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, han presentado este lunes el nuevo 'Bono de Residente Canario'.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, en la presentación del 'Bono de Residente Canario'.

El Gobierno de Canarias no ha puesto un euro de los 10 millones que tenía comprometidos para financiar una de sus medidas ‘estrella’, el Bono Residente Canario, pero ya se ha gastado más de 100.000 euros en publicidad y propaganda desde que en septiembre presentara en Tenerife esta iniciativa para abaratar a los canarios y residentes el transporte público por medio de un solo título de transporte en cada isla.

La iniciativa promocionada por el presidente del Ejecutivo, Fernando Clavijo, y su vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, se ha puesto en marcha con 20 millones de euros aportados por el Gobierno central a través de los Presupuestos Generales del Estado, pero sin que la Comunidad Autónoma haya dispuesto los 10 millones de euros que le correspondían para abaratar los títulos de transporte. Lo que sí ha hecho es destinar esos 100.000 euros a promocionar su Bono Residente Canario.

La campaña de promoción del producto que ha generado conflictos entre el Gobierno canario y cabildos alcanza a más de 30 empresas de comunicación, según datos oficiales de la Dirección General de Transportes, desde grandes cadenas de radio y televisión de alcance estatal hasta medios locales, sin que esos datos de Transportes especifiquen de dónde provienen esos 100.000 euros, de los 20 millones aportados del Estado o de otras partidas regionales.

La Televisión Pública de Canarias, S.A con 8.811,45 euros; la Sociedad Española de Radiodifusión (Cadena Ser) con 11.999,99 euros; PubliEspaña, S.A (Mediaset) 14. 016 euros; Atres Advertising, S.L.U (AtresMedia) 11.573,33 euros y Radio Popular, S.A con 11.000 euros son algunas de las entidades que han recibido fondos del Gobierno de Canarias para dar publicidad a un bono que ha tenido muchas contradicciones desde su nacimiento.

El Ejecutivo regional también ha hecho una inversión en medios digitales como Canarias Ahora, Diario de Avisos, La Opinión, El Día y La Provincia, a través de redes sociales como Facebook e Instagram  con un importe global de 16.028,89 euros. Además, hay que añadirle el gasto de producción del spot y cuñas de la campaña para publicitar el bono residente por un importe de 15.996,50 euros a la entidad canaria Italents Unión Inteligente de Talentos. A todo esto se le suman las pequeñas cantidades que han recibido otras empresas hasta llegar a la suma de 103.004,43 euros.

La idea de crear un bono residente, que ha enfrentado a diferentes administraciones públicas, surgió en marzo 2018. En aquel entonces el Ejecutivo regional anunció que iba a crear un nuevo título de guaguas que permitiera viajar a los residentes en cualquier empresa de transporte público regular de sus respectivas islas por un precio que oscilaría entre 40 y 50 euros al mes.

Unos meses más tarde, el 3 de septiembre, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, presentaron el Bono Residente Canario con el anuncio de que se pondría en marcha en octubre. El día 19 del mismo mes ellos, junto a la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, y al presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, lanzaron el título en esa isla. En ese momento saltaron todas las alarmas. El resto del Archipiélago no tenía conocimiento ni de la financiación ni las instrucciones para usar este carnet mientras que la Corporación insular tinerfeña ya estaba acreditando a sus usuarios.

Según indicaba el Ejecutivo en esos meses, la financiación sería de 30 millones: 20 procedentes del Estado y los otros 10 del Gobierno autonómico. Ese dinero se repartiría entre las siete islas. Tenerife y Gran Canaria iban a recibir 12 millones cada una. Lanzarote, La Palma y Fuerteventura percibirían 1,5 millones de euros cada una y el Hierro y La Gomera 750.000 euros. Finalmente, la islas capitalinas solamente obtuvieron ocho cada una.

Solo un mes después el consejero de Obras Públicas y Transportes, también vicepresidente del Gobierno, y el mismo presidente comenzaban a cambiar su discurso. El 23 de octubre se emitió la esperada orden que daba el sí al resto de islas, pero en ella solo se especificaban 20 millones de euros. Además, se aclaraba que los 10 millones de euros restantes irían reflejados en otra orden.

Aquella “prioridad absoluta” que divulgaba Clavijo para poner en marcha “mecanismos tangibles que permitan a los canarios y canarias acceder a una guagua, a un taxi o al tranvía de una forma más económica, convirtiendo el transporte público en una alternativa real frente al transporte privado”, no era tan apreciada como querían dan a entender.

Así, en el mes de noviembre la consejera de Hacienda salió a la palestra y lo confesó: los 10 millones que tanto habían prometido no iban a hacerse realidad en 2018 porque “no están en el presupuesto de 2018, sino en el del año que viene” (refiriéndose a 2019). Las declaraciones de Dávila fueron tachadas como “una nueva contradicción, una nueva descoordinación y un ejemplo más sobre como se ha gestionado el Bono Residente Canario” por parte de la oposición.

El hecho de que los Cabildos no dispongan aún del reparto de esos 10 millones de euros se traduce, en el caso de Gran Canaria, en que los residentes tienen que pagar por el carnet 40 euros, cinco euros más de la idea inicial de la Corporación insular para fijar el precio. En estos días desde la Consejería de Obras Públicas y Transportes alardeaban que el título ya había sido solicitado por más de 25.000 canarios y canarias y, según fuentes de la administración insular, más de la mitad pertenecen a la isla redonda.

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