''El Gobierno del PP intenta criminalizar a los activistas''
José Morales, activista uruguayo afincado en Lanzarote, reconoció estar viviendo “momentos muy duros, con una situación de indignación tremenda” tras conocer la orden de expulsión del país dictada por la Delegación del Gobierno, que lo acusa de alterar el orden público en una concentración frente a la sede del PP de Lanzarote para protestar por las prospecciones de Repsol en la visita del Ministro de Industria, José Manuel Soria.
En declaraciones a Radio San Borondón, Morales enmarcó la decisión del Gobierno del PP dentro de las medidas ·“de corte fascista y dictatorial que empezó a aplicar el nuevo régimen español para tratar de criminalizar a los movimientos sociales y a los activistas que se atreven a plantarles cara”.
La Delegación del Gobierno desestimó las alegaciones del activista uruguayo contra su expediente de expulsión del país y le ha comunicado que tiene 48 horas para abandonar el país, bajo la amenaza de que el viernes podría ser detenido y repatriado a Uruguay.
Morales critica que el Gobierno de Rajoy haya aprobado una medida “tan extrema sencillamente porque se manifestó contra el decreto que otorgaba los permisos a Repsol para llevar a cabo las prospecciones”, aprovechando una visita a Lanzarote del ministro de Industria, José Manuel Soria.
El activista ha explicado que sus motivaciones personales para llevar a cabo dicha protesta radicaban en “el pleno convencimiento de la importancia de preservar el medio ambiente y la biodiversidad de las aguas canarias ante un peligro tan latente como la explotación de hidrocarburos”, por lo que entiende que “una decisión tan radical del Gobierno que puede perjudicar tan drásticamente a las islas no puede ser tomada sin tener en cuenta los efectos que pueden conllevar las catas, como no se puede tolerar que se desprecie a las instituciones públicas ni a las poblaciones de las islas que rechazan contundentemente las extracciones frente a sus costas”.
Morales recuerda que fue en ese marco de “indignación colectiva” en donde se llevó a cabo la manifestación “espontánea y totalmente pacífica” que ha traído como efecto directo el que se expedientara a siete personas con una propuesta de sanción económica y, en su caso, con la propuesta de sanción con expediente de expulsión, el segundo en poco más de seis meses.
Para el activista, el proceso ha estado plagado de irregularidades. Así, recuerda que “a ninguno de los manifestantes se le pidió documentación, no hubo arrestos, nadie se identificó como agente de policía”. Morales asegura que el día de los hechos mantuvo “en todo momento un comportamiento cívico, pacífico y normal dentro de lo que es una concentración protesta como repulsa contra los permisos a Repsol”.
“Sin duda alguna, se trató de una concentración totalmente pacífica como así ha sido reconocido públicamente por destacados integrantes del PP lanzaroteño que ese día me vieron en la protesta, constatando el comportamiento ejemplar dentro de una reivindicación ciudadana para mostrar el rechazo a las medidas gubernamentales”, añade.
Morales explica además que hay imágenes que demuestran que su comportamiento fue ejemplar: “De hecho, cuando llega el ministro Soria al lugar, opté por retirarme de la zona, por lo que estamos ante una medida ejemplarizante que trata de amedrentar a los ciudadanos para que no se atrevan a tomar las calles a protestar por las medidas injustas y antisociales del Gobierno”.
El activista anunció que ante la decisión del Gobierno de expulsión en 48 horas, presentará con la mayor urgencia posible recursos para tratar de paralizar esta injusta situación, y considera que este hecho podría constituir un “grave precedente” porque “se permite a la administración abrir una puerta a la expulsión del país a muchísimas otras personas que por el simple hecho de estar denunciadas ya sea elemento constitutivo de una expulsión”.
Morales destaca que es una medida “muy dura” porque está “muy arraigado” a la sociedad canaria: lleva diez años residiendo en Lanzarote, tiene su situación administrativa regularizada y es padre de una niña canaria, por tanto de nacionalidad española. “Lo más indignante de todo es que no existe ningún hecho constitutivo penal que avale esta desproporcionada medida de expulsión, no hay sentencia condenatoria, ni ninguna resolución judicial, sino que se aplica estrictamente la reforma de la Ley de extranjería basándose en una mera denuncia administrativa”, concluyó.
