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Canarias denuncia que la reforma de la ley del aborto interpreta de forma "parcial e interesada" la Constitución

El consejero de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, pide la retirada del anteproyecto y afirma que no hay razones sociales o normativas que justifiquen el cambio.

El viceconsejero de Justicia, Pedro Herrera, aboga por conjugar la ley con los derechos fundamentales de la mujer, entre los que cita el de decidir libremente y de manera responsable en torno a su sexualidad.

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El consejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, durante la presentación del informe que el Ejecutivo canario ha elaborado por el anteproyecto de Ley Orgánica sobre la reforma legal del aborto, hoy en Tenerife. EFE/Cristóbal García

El consejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, durante la presentación del informe que el Ejecutivo canario ha elaborado por el anteproyecto de Ley Orgánica sobre la reforma legal del aborto, hoy en Tenerife. EFE/Cristóbal García

El Gobierno de Canarias ha remitido al Ministerio de Justicia un informe en el que pide que sea retirado el anteproyecto de la llamada ley del aborto porque plantea una reforma "restrictiva, retrógrada e innecesaria" y además interpreta de forma "muy parcial e interesada" la doctrina del Tribunal Constitucional.

En rueda de prensa para hablar del informe que el Gobierno canario ha remitido sobre el anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, el consejero de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, dijo que no hay razones sociales o normativas que justifiquen el cambio.

Francisco Hernández Spínola manifestó que la actual ley se ajusta plenamente a la realidad, al sentir mayoritario de los ciudadanos y al contexto europeo, y no niega a las mujeres el derecho a decidir.

En cuanto a la interpretación que en la exposición de motivos del anteproyecto se da de la Constitución, el viceconsejero de Justicia del Gobierno canario, Pedro Herrera, opinó que es "muy parcial e interesada", y recordó que en el texto se habla sobre todo de la sentencia 53/85, con lo que hace casi treinta años que se produjo.

Pedro Herrera insistió en que es preciso proteger a las personas no nacidas y recordó que en el artículo 15 de la Constitución no se incluye lo no concebido y no nacido.

Por supuesto que hay que proteger la vida prenatal, reiteró Pedro Herrera, quien añadió que la comunidad científica prácticamente ha consensuado que no hay vida humana independiente hasta la semana veintidós de embarazo, y en la legislación con sistema de plazos se establece que el aborto se puede realizar por causas médicas hasta la semana catorce.

El viceconsejero de Justicia abogó por conjugar la ley con los derechos fundamentales de la mujer, entre los que citó el de decidir libremente y de manera responsable en torno a su sexualidad, tanto desde el punto de vista de la salud como de la reproducción.

El consejero de Presidencia del Gobierno canario también declaró que con el anteproyecto de ley se pretende derogar el sistema de plazos para instaurar uno de supuestos que es "mucho más restrictivo" y supondrá un retroceso de más de treinta años en los derechos de la mujer.

Francisco Hernández Spínola indicó que se trata con ese anteproyecto de establecer una normativa restrictiva que dividirá a las mujeres entre ricas y pobres, pues, agregó, quienes tengan recursos económicos podrán abortar en otro país.

Aseguró que el texto del anteproyecto tiene una visión "absolutamente paternalista de la mujer, a la que ve como un ser necesitado de protección y tutela, no como un ser humano responsable y con los mismos derechos que el hombre".

Francisco Hernández Spínola opinó que es una reforma puramente ideológica que ataca los avances logrados en materia de igualdad, y recordó que el Parlamento canario aprobó la semana pasada una proposición no de ley, con el voto en contra del PP, para reclamar la retirada del anteproyecto de ley.

La directora del Instituto Canario de Igualdad, Elena Mañez, dijo que del derecho a interrumpir el embarazo se pasará a penalizarlo, y afirmó que las cifras demuestran que la ley funciona bien pues baja el número de abortos.

Elena Mañez señaló que el anteproyecto de ley responde a los sectores más ultraconservadores de la sociedad, y dijo que cuando se habla de derechos en ningún caso puede estar cuestionados por razones morales o religiosas.

Con la actual ley no se obliga a abortar pero con la que quiere imponer el PP se impondrá la maternidad a las mujeres, afirmó la directora del Instituto Canario de Igualdad.

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