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Gran Canaria sigue registrando quemas ilegales de rastrojos con el incendio aún sin extinguir 

El Cabildo insta a la población a tomar conciencia de los riesgos de estas actividades y recuerda que la mayor parte de los fuegos se origina como consecuencia de imprudencias

Las quemas ilegales están tipificadas como infracciones administrativas graves o muy graves, con sanciones que se mueven en una horquilla de entre 300 y 3.000 euros

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Quema ilegal de rastrojos en Gran Canaria (Canarias Ahora)

Quema ilegal de rastrojos en Gran Canaria (Canarias Ahora)

Ni las devastadoras imágenes de los últimos incendios en Gran Canaria ni las llamadas institucionales a procurar condiciones de máxima seguridad en el monte parecen haber calado en algunos propietarios de fincas agrícolas y forestales de la isla. A pesar de que el último de estos fuegos, el originado en el municipio de Valleseco, no se ha dado aún por extinguido, el Cabildo de Gran Canaria ha seguido interviniendo estos últimos días, “aunque en un porcentaje no muy elevado”, por avisos de quemas ilegales de rastrojos y uso de maquinaria en el campo. 

Las actividades de riesgo detectadas en la isla estos últimos días preocupan en el seno de la corporación. El inspector Juan Carlos Santana recuerda que el histórico y las estadísticas de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF), unidad que coordina, revelan que en la mayoría de los fuegos originados en Gran Canaria media la mano del hombre por imprudencia. 

Las pesquisas de la BIIF han acreditado que “todos estos incendios” tienen una causa antrópica, humana, y que, dentro de esta categorización, cabe una distinción en tres subgrupos: los fuegos por imprudencia, los intencionados y los accidentales. El primero de ellos “gana por goleada”, precisa Santana, que insta a la población a tomar conciencia de los riesgos de ese tipo de actividades. “Si conseguimos que se controlen, que se hagan con las medidas de seguridad necesarias, evitaremos el grupo mayoritario de incendios en Gran Canaria”, asevera. 

Aunque no hay constancia de que los conatos que han vuelto a atemorizar a la sociedad isleña esta última semana, entre ellos el registrado en Las Lagunetas (San Mateo), tengan su origen en esas quemas ilegales de rastrojos, Santana advierte de que se siguen produciendo situaciones indeseables de riesgo con la tierra aún caliente. “O no han captado el mensaje, o han estado desconectados de la alarma, de los medios de comunicación, o no ven el peligro, o están muy lejos o no me lo explico”, señala el inspector a propósito de estas actuaciones imprudentes.

En el caso de las quemas, el Cabildo lleva a cabo un procedimiento específico de intervención. “Se procede a localizarla, se personan allí agentes medioambientales, se inspecciona si se tiene permiso, si es en época prohibida o no, si hay medidas de seguridad o no y, si son ilegales o no reúnen las condiciones de seguridad aunque estén autorizadas, se les requiere por escrito para que las apaguen y se denuncia ante el órgano competente, el Cabildo si es de rastrojos y el Gobierno de Canarias si es de residuos (al ser agentes contaminantes)”, explica Santana. 

Según el departamento de Disciplina Medioambiental de la corporación insular, la quema ilegal de rastrojos o en condiciones no seguras tiene la consideración de infracción grave o muy grave y puede ser sancionada con multas que se mueven en una horquilla de entre 300 y 3.000 euros.

A pesar de estas intervenciones de la última semana, en el Cabildo de Gran Canaria no constan denuncias ni expedientes abiertos por quemas de rastrojos desde que se dieran por extinguidos los dos primeros fuegos, originados en Artenara (por una imprudencia al realizar trabajos de soldadura en una puerta metálica) y Cazadores (probablemente por la acción de un pirómano), y por controlado el tercero, el de Valleseco. Las causas de este último están aún por esclarecer, aunque los investigadores mantienen dos hipótesis abiertas: el fallo eléctrico o la actuación de un incendiario.  

El coordinador de la BIIF precisa que existe otro tipo de actividades que, aun estando prohibidas, no han sido tipificadas como infracción administrativa. Entre ellas, menciona los trabajos con maquinaria. “En este caso, hay un requerimiento para que se adopten medidas de seguridad y para que ello no derive en un incendio, pero no hay denuncias, porque no hay infracción. Solo si no se atienden los requerimientos, entraríamos en el terreno de la desobediencia”, aclara.   

A las causas inmediatas, de origen antrópico, se le suman las “inevitables”, las estructurales, y la “paradoja del fuego”. “Cuanto más eficaces somos en las labores de extinción, más biomasa se va acumulando y más potentes e incontrolables se vuelven los incendios”, describe. 

Los últimos fuegos quemaron más de 9.000 hectáreas en Gran Canaria y obligaron a desalojar a miles de vecinos. Ardió la reserva natural de Tamadaba, pulmón verde de Gran Canaria y joya de biodiversidad, y estuvo seriamente amenazado otro parque natural, el de Inagua, que ya fue pasto de las llamas en otro voraz siniestro, el de 2007. En su momento más crítico, las llamas se desataron hasta el punto de ser declaradas “fuera de la capacidad de extinción” del ser humano. 

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