Archivado el quinto expediente a la sargento de la Guardia Civil que denunció el asadero de pardelas en Alegranza

El director general de la Guardia Civil ha declarado la caducidad y el archivo del expediente que se había abierto a la sargento del Seprona en Lanzarote, Gloria Moreno, por una falta muy grave. El Consejo Superior de la Guardia Civil proponía una sanción de seis meses y un día de suspensión de empleo por una falta “de abuso de atribuciones que cause grave daño a los ciudadanos, a entidades con personalidad jurídica, a los subordinados o a la Administración” que conllevaba la pérdida del destino y la imposibilidad de obtener otro durante un período de dos años en la misma unidad o especialidad. Ante el archivo de este expediente no cabe recurso pero sí la posibilidad de que se vuelva a abrir otro expediente por los mismos hechos por parte de un instructor diferente, ya que los hechos no habrían prescrito.

La actuación por la que se le abrió el expediente es de septiembre de 2017 y el plazo para que prescriban los hechos es de tres años, así que la sargento podría ser sancionada siempre que otro expediente, en caso de que se volviera a abrir, terminara antes de septiembre del año que viene. Así pues, en ejecución de ese archivo, se remite la información al Director General de la Guardia Civil. La orden por la que se inició éste es de abril de 2018 y se tenía que haber concluido antes de seis meses. Sumando los plazos en que el expediente estuvo suspendido, el Instituto Armado tenía que haber resuelto antes de enero de este año.

El que acaba de caducar era el quinto expediente sancionador que se le abrió a la sargento en un plazo de un año. Ninguno de ellos ha terminado, de momento, de manera desfavorable a la sargento. Se le abrieron dos expedientes por dos faltas leves, uno por una supuesta falta de desconsideración al director del Centro Isla de la Graciosa, que fue recurrido ante el Tribunal Militar y le dio la razón a la sargento, y otro por no evitar la queja de una vecina de Arrecife que había denunciado en varias ocasiones el estado en que se encontraba un solar vecino sin que se actuara para resolver dicha situación.

Ese expediente finalizó con una sanción de un día sin sueldo y fue anulado en un recurso de alzada. Del tercero, que se abrió porque, supuestamente, Moreno no tramitó unas denuncias de las protectoras de animales, se declaró su caducidad pero fue reabierto y aún no ha finalizado. El cuarto se abrió por solicitar las declaraciones de los testigos que intervinieron precisamente en los expedientes anteriores. En este caso, también está pendiente de que se pronuncie el Tribunal Militar.

Este último expediente se abrió tras una queja del veterinario de la perrera municipal de Arrecife, donde Moreno había llevado a cabo varias inspecciones y había detectado irregularidades. El veterinario se quejó ante el coronel de la Guardia Civil en Canarias de que estaba siendo objeto “de una persecución injustificada y arbitraria en el desarrollo de su actividad profesional (…) basada en una serie de denuncias por irregularidades en los libros de registro de la perrera municipal de Arrecife y, posteriormente, en la imputación de un delito de falsedad documental que fue archivado por la autoridad judicial competente con fecha 1 de febrero de 2018”.

Dos casos judiciales

Este mes de mayo se celebra en un Juzgado de lo Penal de Arrecife el juicio contra 18 personas acusadas de un delito contra el medio ambiente en su modalidad de protección de la fauna por llevar a cabo un asadero de pardelas en el islote de Alegranza. El asadero fue denunciado precisamente por la sargento del Seprona, y tras esa actuación se le acabaron abriendo todos los expedientes.

De esa operación se deriva una investigación contra un agente del Seprona, Miguel Ángel Padial, al que Moreno apuntó, tras hablar con un testigo, que podía haber avisado a los furtivos de que se iba a producir la operación. La investigación contra Padial se archivó y entonces el agente denunció a la sargento por un delito de falsedad en documento público, en una instrucción que ya ha finalizado y por la que la Fiscalía le solicita cuatro años de cárcel e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo de tres años.

Por otra parte, la sargento ha recibido en estos últimos años cientos de apoyos, tanto de partidos políticos como de las principales asociaciones ecologistas y animalistas y de 140.000 firmas en change.org. Su caso ha llegado a los medios de comunicación nacionales y al Parlamento de Canarias. También fue galardonada por la Red de protección animal.