La Guardia Civil investiga a un hombre como presunto autor de la venta de objetos electrónicos robados
La Guardia Civil del Puesto Principal de Morro Jable, en Fuerteventura, investiga desde el 29 de enero a una persona que responde a las iniciales de M.R., de nacionalidad extranjera, como presunto autor de un delito de receptación al poner a la venta en un comercio diferentes objetos electrónicos que habían sido previamente robados a sus propietarios.
Asimismo, se ha desmantelado un taller donde supuestamente se realizaban modificaciones de dispositivos móviles robados con el objeto de que “no fuera posible, tras ponerlos a la venta, de vincularlos con los hechos delictivos”, según informó la Guardia Civil en nota de prensa.
La investigación se inició después de que los agentes detectaran indicios sobre algunos objetos robados y hurtados en varios establecimientos turísticos de la zona sur de Fuerteventura, que se modificaban posteriormente en un comercio de compraventa para ponerlos a la venta e impedir así que se vincularan con los robos.
Así, fruto de la inspección que la Guardia Civil realiza en los comercios de compra-venta, donde se debe tener la documentación pertinente de lo que se vende, los agentes hallaron en el comercio un ordenador portátil y dos teléfonos móviles que habían sido previamente denunciados como robados.
Además, intervinieron otros 33 teléfonos presuntamente sustraídos y sobre los que se están haciendo las pertinentes comprobaciones. Al respecto, los agentes matizaron que este comercio también carecía de cualquier registro de compraventa, obligatorio en base a la mencionada Ley Orgánica.
Por otro lado, la Guardia Civil trabaja en la localización de los propietarios de los objetos intervenidos para devolvérselos e investiga a M.R.como supuesto autor de un delito de receptación al adquirir objetos o bienes procedentes de un delito contra el patrimonio (robos, hurtos).
Asimismo, recuerda que los delitos de receptación pueden suponer penas de prisión de seis meses a dos años, además se impondrán en su mitad superior si se trafica con los objetos robados; si además ese tráfico se realiza utilizando un establecimiento comercial o industrial se añadirá una multa de 12 a 24 meses.
El investigado, junto con las diligencias originadas por la investigación, ha quedado a disposición del correspondiente Jugado, en funciones de guardia, de Puerto del Rosario.
Finalmente, indican que la Guardia Civil ha denunciado a M.R. por una infracción administrativa al artículo 36.20 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana al carecer del preceptivo registro documental. La infracción está considerada de “carácter grave”, por lo que podría conllevar una multa económica de entre 601 y 30.000 euros, además una posible suspensión temporal o clausura de la actividad comercial del local en cuestión.
