Instan a “garantizar derechos” desde el CGPJ
La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Inmaculada Montalbán ha defendido este miércoles que “la crisis económica no puede servir de excusa para desmantelar un estado social y democrático que ha costado mucho tiempo conseguir” y que es necesario “garantizar los derechos”.
Según la agencia Efe, Montalbán ha hecho estas declaraciones a los periodistas durante un seminario de jueces y fiscales sobre inmigración que se celebra en el sur de Gran Canaria, al ser preguntada por la decisión del Gobierno central que dejó sin cobertura sanitaria gratuita a los extranjeros que se encuentren en situación irregular en España. Esta vocal del órgano de gobierno de los jueces se ha mostrado convencida de que, al final, el país saldrá de la crisis y de que, por ello, es preciso infundir a los ciudadanos “la confianza de que tenemos unas instituciones potentes que podrán resistir esta etapa”.
En la misma línea, ha resaltado que, en tiempos de crisis como los actuales resulta clave salvaguardar la independencia de los jueces en la defensa de los derechos fundamentales para las personas de otros países que “vienen en busca de un mundo mejor”. La magistrada ha citado como ejemplo de independencia la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ha ordenado al Estado revisar los casos de una treintena de saharauis que llegaron en 2011 a las costas de Fuerteventura y solicitaron asilo político.
“Claramente discriminatoria”
Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola (PSOE), ha opinado que la retirada de la asistencia sanitaria a los inmigrantes “es claramente discriminatoria y atenta contra el respeto a los derechos esenciales de las personas y ni tan siquiera reportará un ahorro significativo”.
El consejero, en su intervención de apertura del seminario, ha hecho alusión a la resolución del Tribunal Constitucional que respalda que el derecho a la salud está por encima de los recortes y medidas de ajuste impuestas por el Gobierno central. Una sociedad como la española que “tanto ha sufrido los dramas” que a veces acompañan a la emigración fuera de su país, “no quiere convivir con esta medida que, de manera tan irresponsable, afecta y perjudica a seres humanos en base a su condición administrativa”, ha advertido Hernández Spínola.
Igualmente, ha criticado la reforma del Código Penal en la que está trabajando el Ministerio de Justicia y que si, prospera, sancionará como delito acoger en casa o ayudar económicamente a inmigrantes indocumentados. Al acto inauguración asistió además el presidente en funciones del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Humberto Guadalupe Hernández; el subdelegado del Gobierno en Las Palmas, Luis Molina; el fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido; y la magistrada y directora del curso, Carmen Simón Rodríguez.
