Aplazado el juicio contra un jefe de Vivienda por revelación de secretos
El juicio por revelación de secretos que tenía previsto celebrarse este martes en el Juzgado de lo Penal 3 de Las Palmas de Gran Canaria contra el jefe de servicio de Promoción Pública da Vivienda, Juan Francisco Troya, ha sido aplazado hasta el próximo 16 de julio debido a la saturación de trabajo del mencionado juzgado.
La Fiscalía pide dos años de cárcel y cuatro de inhabilitación especial para empleo o cargo público para Troya, a quien acusa de informar de datos “confidenciales y relevantes” a un matrimonio que estaba siendo investigado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en relación a un conflicto familiar sobre las escrituras de un inmueble.
El Ministerio Público también acusa de un delito de prevaricación a Dolores López, jefa de servicio de Vivienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en la época de los hechos denunciados, y a Yolanda Ventura, entonces directora del área de Vivienda y Servicios Sociales. Para ellas pide ocho años de inhabilitación.
Como informó Canarias Ahora en abril de 2013, el procedimiento se inició en 2009 con la querella interpuesta por J.R.P., un vecino de la capital que aseguraba que Troya había intercedido a favor de su cuñada y del marido de ésta durante la tramitación del expediente abierto por el consistorio capitalino para la resolución del contrato de arrendamiento de una vivienda de titularidad municipal.
El querellante reside desde principios de los años 80 en la planta alta de una vivienda de la calle Agustina de Aragón que fue adjudicada por el Ayuntamiento al padre de su esposa. Su suegro vivió en la planta inferior junto a su otra hija, I.M.P, la supuesta beneficiaria de la intermediación de Troya, hasta su fallecimiento en 1987.
En un informe fechado el 13 de noviembre de 2006, dos trabajadoras sociales del Ayuntamiento reconocieron haber recibido una llamada telefónica de Juan Troya interesándose por la fecha de la visita que iban a cursar a la casa para elaborar un informe que debía incorporarse al expediente.
El Ministerio Público relata en su escrito que, tras conocer este dato, Troya contactó con el matrimonio, con quien se había entrevistado días antes, para facilitarle la información que le suministraron las trabajadoras sociales. Sin embargo, ante las presiones recibidas, las empleadas municipales decidieron cursar la visita un día antes de lo previsto, “sorprendiendo al matrimonio en plena simulación de ocupación de la vivienda”.
Para el fiscal, “resulta evidente que Juan Troya conocía que dicho dato, la fecha de la visita de los denunciados en el expediente, era un dato confidencial y relevante para su resolución, habiendo perjudicado, al menos potencialmente, tanto al querellante, promotor del expediente administrativo, como a la causa pública, esto es, la debida y correcta resolución del mismo”.
Por su parte, a Dolores López se le acusa de un delito de prevaricación por redactar una propuesta de resolución en la que desestimaba la denuncia que había presentado el vecino de Schamann. López consideró entonces que no había quedado acreditado que la vivienda estuviese desocupada, en contra de los datos facilitados por las trabajadoras sociales en su informe. Yolanda Ventura firmó esta resolución, a pesar de que, según el fiscal, “tenía pleno conocimiento de la arbitrariedad en la que se fundaba”.
