Justicia y Sociedad pide investigar los datos contradictorios sobre violaciones
La Asociación Justicia y Sociedad ha pedido que la Fiscalía investigue la diferencia de datos sobre mujeres supuestamente violadas entre el Hospital Materno de Gran Canaria y el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, pues el primero registra una al mes y el segundo un mínimo de veinte.
El portavoz de la Asociación, José Manuel Rivero, que puso en conocimiento de la Fiscalía General del Estado la existencia en Las Palmas de 402 muestras de ADN de supuestas violaciones sin procesar, aseveró a Efe que los médicos son equiparados a autoridades y cuando firman un parte de lesiones es suficiente para abrir una investigación.
De hecho, prosiguió, a la mujer “hay que llamarla a declarar sobre la marcha para ofrecerle acciones judiciales y ampararla”, y tras tomarle declaración, hacer lo mismo con el facultativo que la atendió, pues son diligencias “esenciales”.
“Y no me diga usted que hace falta denuncia”, exclamó en referencia a las primeras declaraciones del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Vicente Garrido, y del provincial de Las Palmas, Guillermo García Panasco, pues no sólo no es necesario, sino que el parte médico ya supone denunciar un hecho y es “inexcusable llamar a la víctima y arroparla” ante un delito tan grave.
Por ello, a la investigación abierta por la Fiscalía canaria para esclarecer por qué 402 muestras permanecen en el Instituto de Medicina Legal sin utilizar, se debe sumar a juicio de Rivero una indagación para aclarar por qué los datos de dos órganos públicos no coinciden en una materia tan importante.
“¿Qué disfunción hay?” cuando el jefe de Genética y la jefa de Laboratorio del Instituto de Medicina Legal, José Pestano y María José Meilán, afirman que cada mes analizan y recogen muestras de más de una veintena de personas que alegan haber sido agredidas sexualmente, a veces hasta treinta, mientras el Materno afirma que sólo ha registrado cinco casos desde enero.
Considera que la Fiscalía debe pedir “explicaciones a uno y otro” porque son los centros “obligados a poner en conocimiento de los órganos judiciales estos actos delictivos”.
Pestano explicó a Efe que desde que el caso salió a la luz pública la dirección del centro le ha ordenado procesar todas las muestras que llegan a sus manos.
Además, en los próximos días entregará a la Fiscalía canaria un inventario detallado de las muestras que guarda en su laboratorio y que hasta ahora no ha podido procesar para ofrecer datos de posibles violadores a la policía.
Rivero mostró su satisfacción por la implicación mostrada por la Fiscalía canaria y la estatal, por el Instituto Nacional de la Mujer, así como por el Defensor del Pueblo.
