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Miguel Guerra: ''No hemos decidido si vamos a recurrir a la vía ordinaria''

ACUSA A LARRY Y A BERMÚDEZ DE USAR A LA TVC COMO ''SU FINCA PARTICULAR''

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Miguel Guerra en El Correíllo (I)

Miguel Guerra en El Correíllo (II)

El consejero de Radiotelevisión Canaria, Miguel Guerra García de Celis, propuesto por Coalición Canaria, afirmó este lunes que "no hemos decidido si vamos a recurrir a la vía ordinaria" como les remitió la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos relacionados con la Corrupción tras la decisión de no tramitar la denuncia presentada por tres vocales del consejo de administración de la Radiotelevisión Canaria.

En declaraciones concedidas a El Correíllo en CANARIAS AHORA RADIO, Miguel Guerra aseguró que "respeta" la decisión de la Fiscalía pero añadió que "si en este momento se produjeran las mismas circunstancias volveríamos a denunciar". Guerra insistió en que las razones que les llevaron a denunciar "siguen ahí" y que por ello "estamos valorando recurrir a la vía ordinaria" aseguró.

Miguel Guerra aseguró estar "asombrado" de que la Televisión Canaria se le acercase el sábado antes del partido de la UD Las Palmas para pedirle declaraciones, "es la primera vez en los últimos dos años que han querido declaraciones mías" afirmó Guerra.

Con respecto a las declaraciones de José Bermúdez (CC) en las que pedía su dimisión, Guerra afirmó que "José Bermúdez (CC) y Larry Álvarez (PP) deberían pedir perdón por legitimar actuaciones que tienen visos de irregularidades" y añadió que "la Televisión Canaria la pagamos todos los canarios pero ellos creen que es su finca particular".

"Decencia en lo público"

"Los consejeros tenemos responsabilidad penal y patrimonial por cualquier decisión que adopte el Consejo y, por tanto, lo lógico es que ante la evidencia de que existían esas irregularidades había que ponerlo en conocimiento de la Fiscalía", reiteró.

Igualmente, reiteró "la necesidad de que en el ámbito de lo público se respete escrupulosamente la legalidad y el concepto de servicio público". De ahí que recalcó la tarea de los consejeros del ente "para fiscalizar y controlar la gestión de la Televisión Canaria", al tiempo que comentó que sobre su persona "prima el criterio de la decencia en lo público sobre cualquier otra cosa".

El Ministerio Público ha remitido a los denunciantes a los juzgados ordinarios, según informaron a Europa Press fuentes de la Fiscalía, que considera, por tanto, que de existir delito, la competencia para su investigación está en la jurisdicción ordinaria y no descarta que sea un asunto para la jurisdicción contenciosa-administrativa.

De hecho, el decreto del fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, ha sido notificado a las partes sin perjuicio de que éstos puedan reiterar su denuncia en los tribunales.

Por otro lado, al ser cuestionados por Europa Press, los consejeros propuestos por el PSC-PSOE, Domingo González Chaparro y Manuel González, eludieron hacer declaraciones sobre la decisión de la Fiscalía de no tramitar su denuncia.

Desde 2007

El concurso de contenidos y publicidad de la Televisión Canaria fue convocado en febrero de 2007, pero tras las elecciones de mayo, el Gobierno entrante, presidido por Paulino Rivero, lo anuló. Posteriormente se produjo una nueva convocatoria, a la que concurrió la finalmente ganadora Videoreport Canarias, según recordaron fuentes consultadas por Europa Press, que señalaron que el Gobierno regional se basó en un informe de una consultora y de sus propios técnicos para otorgar el contrato del suministro de informativos a la actual concesionaria, formada por las empresa V News, Videoreport, Canarias 7 y Diario de Avisos.

La denuncia se produjo el 22 de mayo del año pasado, cuando los tres citados vocales interpusieron una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas al considerar la existencia de presuntas irregularidades en el concurso de adjudicación del suministro de servicios informativos para la Televisión Canaria a Videoreport Canarias, y atribuían presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos a quienes anularon el concurso tras las elecciones autonómicas de mayo de 2007.

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