El PSOE denuncia que el dinero de la Ley Dependencia se ha gastado en servicios ya creados
El Gobierno canario ha gastado los 7,5 millones de euros transferido por el Ejecutivo estatal para la aplicación de la Ley de la Dependencia en servicios sociales ya creados y no para atender nuevas necesidades, afirmó este jueves la diputada socialista Francisca Luengo.
La socialista agregó que el simple hecho de que el Ejecutivo autonómico ofrezca cifras del grado de cumplimiento de la norma es la prueba de que no se cumple, pues al igual que la educación y la sanidad, tras esta ley, la dependencia es un derecho universal, que tiene que cubrir el cien por cien de las necesidades.
Su aplicación es escalonada y cada fase se debe cubrir en su totalidad, la primera de ellas era atender a los 6.403 “grandes dependientes” existentes en Canarias durante 2007, mientras en 2008 el objetivo eran las necesidades de los 12.000 dependientes severos, pero aún no se ha cumplido la meta del pasado año.
El dinero transferido “se lo ha quedado el Gobierno canario” para cubrir gastos de plazas ya financiadas, con lo que la transferencia le ha supuesto un “ahorro”, pero ese no era el destino de la partida económica, aunque de momento el Estado no puede intervenir porque el convenio firmado recoge que la evaluación de la aplicación de la norma se hará a los tres años.
Además, la puesta en marcha se ha estancado porque el Gobierno canario ha centralizado las acciones, ya que la “puerta de entrada” deben ser los ayuntamientos, que deben ofrecer información y orientación, mientras la evaluación debe depender de los cabildos, pero de momento todo está en manos de la Comunidad Autónoma.
Por este mismo motivo, considera que el decreto aprobado en marzo deberá ser derogado, toda vez que no tiene en cuenta organizaciones no gubernamentales ni ayuntamientos, entre otros agentes esenciales.
Francisca Luengo subrayó que la nueva norma atiende a personas y no a territorios, y con acaba con los clientelismos y las “cuñas” para conseguir plazas en centros o atención, aunque el Ejecutivo canario mantiene las prácticas de anteriores sistemas, aseguró.
Como ejemplo citó que en Tenerife se han sufragado 1.363 plazas y en Gran Canaria 937 a pesar de que apenas hay diferencia en los índices de dependencia o de envejecimiento entre ambas islas.
De esta manera, Tenerife ha recibido 16,9 millones de euros, 3,7 de ellos financiados por el Estado, y Gran Canaria 9,1 millones, 2,6 de ellos provenientes de fondos estatales.
“A poco” que se estudie el destino de estas cuantías se verá que la mayoría de los ayuntamientos están gobernados por Coalición Canaria, aseguró.
Luengo criticó que ni siquiera se hayan facilitado ayudas a los cuidadores informales, que son los familiares que se hacen cargo de la persona dependiente, las previstas para contratar asistentes personales, ni las previstas para sufragar el costo de las personas que atienen a un dependiente y que se suele repartir entre los miembros de una familia.
La diputada aseguró que la confusión y la novedad hacen que los ciudadanos no interioricen que la atención a la dependencia es un derecho que pueden exigir y que cuando comiencen las reclamaciones seguramente se “enderezará” el sistema.
