Las Palmas de Gran Canaria impulsa una ayuda social para personas migrantes sin contar con ONG especializadas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha permitido que las personas migrantes en situación irregular administrativa puedan solicitar la ayuda de emergencia social que el Consistorio destina anualmente a la ciudadanía que se encuentra en situación de vulnerabilidad social. Sin embargo, lo ha hecho sin contar con ONG especializadas como son CEAR o Médicos del Mundo, que trabajan muy estrechamente con este tipo de perfiles y les ayudan a conocer estos servicios.

“Nos sorprendió que el Ayuntamiento hiciera deprisa y corriendo esta medida sin haber consultado nada al respecto”, aseguran desde CEAR Canarias; “Médicos del Mundo no ha participado en ninguna reunión al respecto”, afirma un representante de esta organización a Canarias Ahora.

La nueva concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento capitalino, Carmen Luz Vargas (PSOE), reconoce desconocer si se han producido esas reuniones, pero, en cualquier caso, asegura que “desde que pueda”, se sentará con los colectivos del tercer sector, porque su intención es “trabajar de la mano” con ellos. Y es que la medida fue impulsada y anunciada en un comunicado por el anterior concejal del área, Jacinto Ortega (Podemos), el 14 de junio, como una iniciativa “pionera” en el Archipiélago; sin embargo, cuando este periódico contactó con Ortega, este remitió a la nueva concejala.

El acuerdo anunciado se fraguó entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Agencia Tributaria, instituciones que permitirán otorgar a las personas migrantes un Número de Identificación Fiscal para poder acceder a las ayudas económicas. Sin embargo, la asignación de un NIF, no supondrá “alteración alguna en el régimen previsto en la Ley Orgánica en materia de estancia y residencia de las personas extranjeras en España”, es decir, que no regulariza su situación administrativa.

“Hasta ahora, las personas migrantes no podían solicitar la ayuda de emergencia social porque era preciso que fueran ciudadanos empadronados en Las Palmas de Gran Canaria con un tiempo determinado”, informa Luz Vargas. Al dotarles de un NIF, la normativa tributaria permite que puedan acceder a los fondos que el Ayuntamiento destina anualmente a atender a los ciudadanos “que se acerquen con problemas sociales” y que en 2019 ascendió a 4,5 millones de euros.

Luz Vargas asegura que “normalmente”, cuando una persona migrante llega a un municipio y se establece, acude a los servicios sociales del Ayuntamiento o a diferentes ONG, “que les ayudan a regularizar su situación o encontrar alquileres sociales”. De hecho, considera que “vienen con la idea madura de que los servicios sociales en los consistorios son la puerta de entrada a la administración pública”.

Además, explica que cuando “ese tipo de perfil” acude a la institución “la persona de trabajo social que lo atiende lo deriva a ONG”, pero matiza que “estamos hablando de personas irregulares, sin documentación, y tampoco podemos ponerles el punto sobre la cabeza y que sea un efecto llamada para la policía y se produzcan expulsiones”. Como consecuencia de que, aunque obtenga esa ayuda, la persona migrante puede ser deportada o encerrada en un Centro de Internamiento de Extranjeros.