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Las Palmas de Gran Canaria sube un 3% la tarifa del taxi para reducir el precio de los trayectos a la periferia

El Ayuntamiento crea una tarifa única para toda la ciudad y destinará 300.000 de euros para subvencionar la reconversión de vehículos normales en taxis adaptados

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José Eduardo Ramírez y Heriberto Dávila

José Eduardo Ramírez y Heriberto Dávila Canarias Ahora

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria actualizará las tarifas del   taxi  para unificar el coste de ese servicio en todo el territorio municipal y que no se aplique un precio más caro a quienes viven en la periferia, subiéndolas en torno a un 3%, según ha anunciado este viernes.

Atajar el "trato injusto" que se da a los residentes en barrios alejados del centro de la ciudad, a los que se les aplica una tarifa especial más cara de la habitual, es el objetivo de esa medida, que se espera poner en marcha entre febrero y marzo de 2018, ha explicado el concejal de Movilidad de la capital isleña, José Eduardo Ramírez.

El edil ha argumentado que esa modificación obedece a un compromiso recogido en el programa de gobierno pactado a comienzos de mandato entre los partidos que gestionan la corporación, PSOE, Las Palmas de Gran Canaria Puede y NC, que están decididos a cumplir, incluso a pesar de que "pueda generar algunos desacuerdos" entre los profesionales del sector.

Estos verán compensado el dinero que dejarán de embolsar al cobrar menos a los habitantes del extrarradio con el aumento del precio por kilómetro de todas las carreras que lleven a cabo.

Una subida que "casi no va a notar el usuario cotidiano del   taxi ", que se suele mover en trayectos cortos, pero que, sin embargo, "van a agradecer notablemente en los barrios", porque, merced a ella, sus habitantes verán rebajarse casi a la mitad lo que pagan por ir a casa en   taxi , de 16 o 17 euros a entre 9 y 10, ha especificado Ramírez.

La cuantía final de ese encarecimiento solo se establecerá, en todo caso, después de debatir la cuestión con los taxistas de la ciudad, ha matizado, aunque reiterando que se trata de una medida "irrenunciable" que los gobernantes municipales van a poner en marcha consigan o no alcanzar un consenso al respecto con los afectados.

Profesionales con los que se lleva dialogando durante más de un año en el que "se ha hecho todo lo posible para lograr consensos en un sector en el que es difícil lograrlos" a fin de promover una serie de actuaciones que redunden en la mejora del servicio que prestan y de sus condiciones laborales, ha destacado.

El concejal de Movilidad ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa convocada precisamente para dar a conocer las medidas que finalmente se prevé adoptar como resultado de ese diálogo, que ha llevado también a decidir emprender a lo largo de 2018 inspecciones de todos los taxis que hay en la ciudad, que son 1.634, y campañas para captar más clientes para ellos.

Ya que revisar el estado de los vehículos del sector es una actuación "que ellos mismos han pedido", a fin de uniformar la situación de unos y otros, y promover el uso de ese transporte es un objetivo que comparten tanto ellos como las autoridades locales, ha explicado.

Y ha detallado que el Ayuntamiento destinará unos 500.000 euros a esas y otras actuaciones en favor del sector, 300.000 de ellos para subvencionar la reconversión de vehículos normales en taxis adaptados para personas con movilidad reducida, pues en la ciudad solo hay 35 de ellos y debería haber unos 80 para cumplir las normas europeas, que dicen que deben ser el 5 % del total.

Ramírez ha informado de que también se ha tratado el polémico proyecto de establecer una libranza obligatoria de dos días por semana para todos los taxistas de la capital, que surgió en una época en que la crisis económica hizo bajar el número de usuarios de sus servicios, pero que ahora ya no se considera tan necesaria porque ha mejorado la situación y ha aumentado su clientela.

En consecuencia, se ha optado por llevar a cabo una consulta vinculante entre todos los afectados respecto a si creen conveniente o no fijar esa libranza durante unos meses a modo de prueba para ver si es beneficiosa para el sector y decidir luego qué hacer, subrayando que, en cualquier caso, si se rechazara la iniciativa, "no se hará y se acabó ese debate".

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