El sellado de un vertedero sin evaluación medioambiental del Gobierno canario amenaza a un criadero de pardelas protegidas en Gran Canaria

Cartel del proyecto de clausura y sellado de los vertederos de Cueva Lapa y Llanos de Costa Botija.

Iván Alejandro Hernández

Las Palmas de Gran Canaria —

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Las obras de sellado de los vertederos de Cueva Lapa y Llanos Costa Botija (ubicados en el municipio grancanario de Gáldar) amenazan a las pardelas cenicientas atlánticas que tienen sus madrigueras en la zona. La asociación ecologista Amigos de la Pardela Cenicienta-Besay ha demandado a la Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias que adopte las medidas cautelares oportunas para evitar que los trabajos, que comenzaron en mayo de este año sin evaluación de impacto medioambiental del Ejecutivo regional, sigan dañando a las colonias de cría de un ave en declive y protegido por la legislación.

La asociación estima que los trabajos “han podido dañar entre diez y veinte huras (madrigueras)” al quedar sepultadas debido a los movimientos de tierras “sin que pueda precisarse el número de especímenes que han sido afectados, ya que en algunas de ellas puede anidar solo un pollo, mientras que en otras puede haber varios”. La pardela cenicienta atlántica tiene sus principales colonias de reproducción en Azores, Madeira y Canarias, donde entre 1970 y 1990 ha experimentado una regresión de entre un 20 y un 49%.

Cabe añadir que son aves marinas que solo pisan tierra firme durante su reproducción y lo hacen en barrancos de interior o en acantilados costeros, como este caso, donde forman sus colonias de crías. Esa zona del municipio grancanario ha acogido colonias de crías de pardelas ininterrumpidamente desde 2004, según la asociación. A pesar de ello, la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias eximió del procedimiento de evaluación de impacto ambiental al proyecto, que consiste en la retirada de todos los residuos de Llanos de Costa de Botija y el traslado de compuestos con alto contenido de vidrio no recuperable hacia Cueva Lapa; la Viceconsejería especifica en su resolución que para el sellado se utilizará terreno natural propio y, posteriormente, se fomentará su revegetación con ejemplares de la zona, según ha explicado la asociación.

Sin embargo, el acantilado marino colindante, donde también se ubican parte de las colonias de pardelas, es una Zona Especial de Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000 en Canarias denominado Costa Sardina del Norte de Gran Canaria, que cubre una superficie de casi 1.500 hectáreas y baña el litoral del municipio de Gáldar. Para justificar la actuación, la Viceconsejería de Medio Ambiente del Ejecutivo regional recogió en su resolución que “se tendrá especial cuidado en evitar caídas de material por el acantilado” y, en caso de que fuese inevitable, “el presupuesto contempla también la posibilidad de actuación de un buzo, con barco y herramientas, para la limpieza del fondo marino”.

La asociación considera que si la Viceconsejería de Medio Ambiente disponía “de información fidedigna que indicaba con toda claridad” que las obras podrían afectar a la ZEC Costa de Sardina del Norte, “con más razón debieron haberse adoptado medidas preventivas para garantizar la conservación del hábitat de la pardela cenicienta y, en particular, la no afección a sus colonias de cría”.

La Viceconsejería de Medio Ambiente del Ejecutivo regional se fundamenta en una conclusión del Ayuntamiento de Gáldar, que en un informe afirmó que el proyecto resultaba compatible con el planeamiento el municipio grancanario, y también se apoya en la Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno canario, que aseguró que no era previsible que las obras pudieran provocar afección sobre la flora y fauna protegida, añadiendo además que la repoblación con especies autóctonas mejoraría la calidad del hábitat. Por último, esgrimió Medio Ambiente del Ejecutivo regional, ni el Cabildo de Gran Canaria ni la Federación Ecologista Ben Magec respondieron a su solicitud de informe.

Para la asociación es “irrelevante” que la Corporación insular o la asociación ecologista omitieran pronunciarse cuando fueron consultado porque “bastaba con la información existente en el Banco de Datos de Biodiversidad para adoptar una solución adecuada y congruente con los valores naturales en presencia”. Además, las obras han sido cofinanciadas por fondos FEDER 2014-2020 de Canarias, concretamente en la Protección y reestablecimiento de la biodiversidad y del suelo y fomento de los servicios de los ecosistemas, inclusive a través de Natura 2000 de infraestructuras ecológicas, lo que a juicio de la asociación “debe obligar a extremar las cautelas ambientales que deben adoptarse para no afectar a los valores naturales y patrimoniales”.

Javier Díaz Reixa, abogado de la asociación, ha explicado que es entendible “que no se haga la evaluación de impacto mediambiental porque el Gobierno de Canarias tiene mucha prisa para poder ejecutar obras financiadas por la Unión Europea antes de que se venza el plazo previsto”, pero lo que no es tan comprensible es que “no adopten las medidas cautelares apropiadas”, aún teniendo la información y que “ni siquiera se pronuncie el Cabildo de Gran Canaria”.

En cualquier caso, si la Dirección General de Protección de la Naturaleza del Ejecutivo regional no realiza las acciones oportunas en un plazo de 10 días a partir del pasado martes (cuando se presentó la demanda), Reixa confirma que la asociación acudirá a la Unión Europea, “donde ya hay una sentencia en la que condena al Reino de España por la mala gestión de los residuos en el pasado en el que incluyen a estas dos”. Se refiere al escrito de marzo de 2017 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que estimaba que el Reino de España no había adoptado las medidas necesarias para realizar la gestión de los residuos en la franja costera de Botija y en Cueva Lapa sin dañar el medio ambiente o sin crear riesgos para la fauna y la flora.

La asociación Amigos de la Pardela Cenicienta-Besay concluye que los daños generados no se han producido de manera intencionada, pero sí critica que se han dado de forma negligente, lo que a su juicio supone una infracción administrativa de la ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Y además, ha constatado en la zona de las obras “la presencia de yacimiento arqueológicos”, o “de hábitats naturales de interés comunitario”, concretamente de matorrales termomediterráneos y preestépicos y acantilados con vegetación endémica de las costas macaronésicas.

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