Pedro Quevedo exige al Gobierno del PP una solución al problema de los certificados
El diputado de Nueva Canarias (NC) en el Congreso, Pedro Quevedo, ha reclamado este martes al Gobierno que resuelva el problema de los certificados de residencia para viajar, ya que aún lo exigen algunas aerolíneas, pese a que la ministra de Fomento, Ana Pastor, dijo que desde noviembre no sería necesario.
Quevedo ha denunciado el perjuicio que esta situación ha creado, ante las “múltiples” quejas presentadas por ciudadanos “confiados” en la palabra de la ministra, que han tenido que pagar un nuevo billete al no llevar consigo el certificado que acredita su condición de residentes en las islas.
El diputado de NC ha pedido el apoyo de todos los parlamentarios canarios a esta causa, incluidos los del PP, para “resolver este problema de una vez por todas”, ante el perjuicio causado a los ciudadanos.
Según Quevedo, la ministra Pastor dio una información “falsa” cuando anunció que, a partir del pasado mes de noviembre, “no haría falta” el citado certificado para viajar.
El parlamentario de NC denunció que la titular ministerial demostró dos cosas, “o que no se entera o que mintió y, en cualquier caso, los dos son muy graves”.
Para NC-Coalición Canaria, Pastor es “directamente responsable del perjuicio” provocado a numerosos ciudadanos canarios por “confiar” en la ministra.
Los representantes de las agencias de viajes, según Quevedo, recomiendan el uso del citado documento al constarles que “no todas las compañías han puesto en marcha” el sistema informático para comprobar la residencia de los canarios a través del DNI.
Quevedo ha indicado que su partido ha reclamado, en multitud de ocasiones, que se informe sobre el estado de las investigaciones del supuesto fraude cometido con el descuento para residentes, que provocó convertir en “supuestos culpables de fraude a todos los canarios al obligarles a demostrar su inocencia,” a través de un certificado de residencia.
Añade que esta decisión sólo ha provocado “molestias y humillaciones” a los ciudadanos de las islas y que aún se desconoce “quiénes, cuántos y en qué cantidad se ha defraudado, cuestiones fundamentales” para evaluar esta “incómoda y vejatoria” decisión.
